El caso Marset expone una realidad incómoda: la capacidad del narcotráfico de impactar en los altos niveles del gobierno.
En el imaginario colectivo se instaló la imagen que el narco delito tiene como base a los países productores y expande sus tentáculos en la búsqueda de rutas alternativas para exportar cargamentos hacia los grandes mercados de consumidores: Estados Unidos y Canadá y los países de Europa.
Pero esa creencia ha sido reemplazada por una realidad diferente.
La ruta de la droga diversifica sus circuitos. Al desarrollar organizaciones locales para darle soporte a esa logística, parte de los pagos se realizan con mercadería. De ese modo se promueve la conformación de mercados de consumo en los países de tránsito y surge el narcomenudeo que se convierte en una actividad lucrativa. El narco menudeo promueve la expansión de las adicciones en los mercados de los países de tránsito, incrementa la violencia por la disputa de los territorios y da lugar a organizaciones delictivas que comienzan a ejercer poder de corrupción y soborno sobre las autoridades locales.
La presencia de estas organizaciones provoca cambios en los mapas del delito local. Incremento de robos y arrebatos en cuanto mecanismo de financiamiento de las adicciones, ausentismo y fracaso escolar, crecientes situaciones de crisis en los núcleos familiares y la progresiva vinculación de población de escasos recursos a los procesos de comercialización de la droga, en cuanto actividad alternativa para mejorar ingresos.
En la medida que la violencia gana las calles, la respuesta habitual es concentrar los esfuerzos en la persecución y represión del delito. La consecuencia es que las cárceles comienzan a saturarse de población que comete infracciones, ya sea por vínculos directos con el tráfico o como mecanismo de financiamiento de las adicciones mediante robos y arrebatos que provocan pánico en la población.
La policía es convocada a actuar y las cárceles se llenan de presos jóvenes, con bajos niveles de escolaridad, con alta tasa de reincidencia y con problemas de adicciones.
Pero el negocio de la droga no se agota en el submundo de los desheredados, sino que tiene otros eslabones no tan visibles.
El narcotráfico necesita ser perseguido. Las confiscaciones y decomisos forman parte del proceso de construcción del precio. Estar prohibido le confiere a la logística de la producción, distribución y comercialización valores que multiplican el costo original.
La realización de las ganancias supone el lavado del dinero producto de estas actividades ilícitas.
Los agentes que intervienen en estas instancias son distintos a los que operan los quioscos o bunkers de venta callejera.
En el lavado intervienen profesionales del mundo financiero, del mercado inmobiliario, del ámbito jurídico y contable. Es un negocio poli rubro.
Regresemos al pasaporte de Marset y las repercusiones que ha tenido en los sectores políticos.
Los delitos pueden cometerse por acción u omisión.
Si es por omisión quiere decir que existe indolencia o mal desempeño en los deberes que le han sido encomendados a los funcionarios involucrados.
Si es por acción, se actúa por decisión propia o siguiendo órdenes o participando de una estructura que busca objetivos concretos, esencialmente el lucro.
El narcotráfico puede incidir en quienes ejercen responsabilidades en la administración de los poderes públicos.
Lo hace de múltiples maneras. Desde el soborno directo a un policía, pasando por el pago de una cuota regular a un comisario para liberar una zona, el pago a funcionarios volubles en la justicia para minimizar las penas o el pago a funcionarios para conseguir pasaportes estando en una situación de apremio extremo.
Obviamente es la justicia la que debe pronunciarse en esta materia.
Pero hay algo que trasciende al mundo de la justicia y golpea a la sociedad en su conjunto. Si no se reacciona de manera ordenada y a tiempo, los riesgos que se corren son muy altos.
Es una ironía o una paradoja que quienes pregonaban la mano dura como alternativa fundamental para combatir el narco delito hoy tengan que desfilar ante la justicia.
Lo cierto es que para combatir este flagelo no se puede prescindir de quienes resultan más dañados: los vecinos que ven perjudicada la seguridad de sus barrios, que sufren las adicciones de sus hijos, que padecen las deserciones y el fracaso escolar y son directamente afectados por la inseguridad en todas sus dimensiones.
Esta batalla debe involucrar, además de los instrumentos convencionales, a la sociedad organizada a partir de los ámbitos locales, actuando en forma coordinada con los agentes especializados del Estado. Es necesario desarrollar estrategias para desalentar las modalidades delictivas asociadas al narcotráfico, pero sin olvidar que es fundamental modificar las condiciones estructurales del atraso social, económico y cultural que aun golpean a vastos sectores de la población y que son el verdadero caldo de cultivo de este fenómeno.
El PITFA introdujo a los narcos en el país. Desde el ministerio del Interior se vendieron entre 2009 y 2019 cientos de pasaportes a narcos rusos. Ya sabemos que donde hay delito el PITFA va por delante
Una perla mas del narco gobierno que tenemos
No se sabe cuando empezó todo este problema del narcotráfico. Pero lo importante es saberque están haciendo las autoridades actuales para solucionarlo, evitar que avance y erradicarlo. Se sabe que no es fácil. Pero que están haciendo? Da la impresión de que algo no anda bien cuando las máximas autoridades políticas del país deben ir a la justicia a explicar por que le dieron un pasaporte al mayor narco uruguayo que estaba preso en el exterior y pudiera con eso ser liberado y pasar a la clandestinidad. Y para colmo parece que ahora quiere venir a radicarse nuevamente a Uruguay! Son muchas cosas que no se pueden entender!!!