El Hombre del Presidente y un préstamo en el laberinto

De todo le ha pasado al doctor en veterinaria Álvaro Delgado y candidato a la presidencia.

Desde la compañera de fórmula que no resiste archivo, críticas dentro de la coalición de gobierno, socios de partido procesados y recomendados para sacar préstamos que no pagan. Su laberinto al poder cada día se le complica más.

Lo que parecía casi una carrera meteórica a la Presidencia se va cayendo a pedazos con socios políticos vinculados a delitos, como el reciente del Clan Caram en Artigas.

También se le suma la tarea  de ayudar y vincular a gestionar préstamo a empresa que mediante una ingeniería de facturación falsa a DGI lograron un préstamo por casi un millón de dólares.

Esto nace en la pandemia del año 2020 donde recordemos sacar una licuadora a crédito era más difícil que meterle un gol de penal al Dibu Martinez.

La empresa Fara SA donde en esa fecha su director y accionista era Yuri Buntich, primo del actual Ministro de Transporte, José Luis Falero.

Por esa época esta empresa era comercializadora de publicidad a su vez era  llevada en su ordenamiento fiscal por el estudio contable D&M Consultores dirigido por Marina Duarte y Alberto Sorondo.

Dicho estudio se caracteriza por tener la picardía de generar ingeniería tributaria para poder a sus clientes conseguirles una carga ante DGI más liviana en pagos.

En esa época se realizaron dos reuniones en Torre Ejecutiva con Alvaro Delgado, donde ayudó a Fara S.A (Yuri Buntich) y D&M Consultores (Alberto Sorondo) y otra comercializadora. Walfur S.A (la que es propiedad de Sorondo) a contactar al BROU para la solicitud de un préstamo por casi un millón de dólares para la compra de un inmueble, más una línea de crédito.

Al inmueble, tanto Falero como Delgado les garantizaban que luego de adquirido, el Ministerio de Trabajo les compraría la propiedad.

O sea se hablaba de un pasamano, que dejaría dinero en el medio.

Hecho que no ocurrió por el bien de todos los uruguayos, ya que el ministro Mieres nunca compartió ese asunto e incluso deslindo automáticamente interés, ante las presiones que en dos ocasiones intentó realizar Alberto Sorondo para que el Ministerio de Trabajo comprara el inmueble.

Era público y notorio el conocimiento tanto de Delgado como de Falero que los involucrados carecían de capacidad de pago, como así también de un historial de concursos y liquidaciones de empresas. Además, históricos deudores contumaces de DGI y BPS, así como también usufructuarios de préstamos de asistencia en pandemia, que al día de otorgarles el préstamo mayor, tuvieron que descontarle de este, otro porque no los estaban pagando.

D&M Consultores en su cabeza con  Alberto Sorondo, junto con Yuri Buntich, generaron un sistema de venta de publicidad donde empresas argentinas compraban espacios publicitarios,  se  facturaba a DGI en pesos uruguayos, se emitía una factura que luego era adulterada a  dólares y se les cobraba.

Las empresas argentinas depositaban en cuentas de Fara SA y Walfur SA en Uruguay y luego parte de lo depositado se desviaba a cuentas en Argentina, España, Italia, Japón,Estados Unidos y Uruguay así como también retiró en cash en ventanilla bancaria.

Estas facturas a su vez eran usadas para armar un plan de negocios como garantías para el préstamo solicitado, pero la publicidad que se comercializaba era falsa, así como también los estudios de mercado que decían que realizaban.

Todo esto según ellos era respaldado por contratos de publicidad creados por un estudio jurídico plaza muy conocido.

Toda la operativa la realizaban bajo la supervisión de Sorondo y Buntich.

La conclusión es que el préstamo apadrinado políticamente se otorgó y nunca se pagó y al día de la fecha ha dejado un tendal de problemas en el medio.

Se realizaron denuncias pertinentes ante DGI y BROU  por parte de accionistas que descubrieron la operativa de estos personajes,  estando al día de la fecha estas denuncias sin avanzar.

A su vez estos hechos dejaron daños colaterales con deudas y caídas de acuerdos genuinos donde muchos trabajadores perdieron su fuente de trabajo y vieron resentidos los pagos de sus salarios.

Mientras los involucrados compraron vehículos de alta gama importados de Alemania exclusivos en Uruguay y apartamentos en Punta del Este.

Obviamente con la ingeniería que Alberto Sorondo con su estudio contable sabe manejar para esconder propiedades y testaferros.

Esto sucede en el Uruguay de hoy y nadie pasó por la fiscalía.

DGI sigue pensando que hacer con este lío, ya que hay vínculos de larga data de directores de la institución fiscal con D&M Consultores.