González alegó que, durante el tratamiento de la Rendición de Cuentas de 2021 de la Intendencia de Florida, el Tribunal de Cuentas realizó 10.666 observaciones, centrándose en las empresas contratadas directamente que excedieron el límite permitido para compras directas.
Un caso particular mencionado es el de una pala retroexcavadora adquirida para el vertedero municipal, perteneciente a una empresa vinculada al esposo e hijo de una secretaria del intendente, con la que se realizaron 37 contrataciones directas hasta el momento de la denuncia. Tras la revelación del caso, la secretaria dimitió a mediados de 2023.
González recordó que presentó el caso ante la Junta Departamental con la esperanza de que se elevara a la Jutep. Al no lograrlo, decidió presentar la denuncia directamente.
En la reunión del directorio, la Jutep decidió otorgar una semana adicional para determinar si el tema debe ser admitido o remitido a la Fiscalía.
La presidenta de la Jutep, Gabriela di Longo, y la vocal Ana María Ferraris, del Frente Amplio, abogaron por derivar el asunto a la Fiscalía para su análisis. Sin embargo, el vicepresidente Guillermo Ortiz se opuso, argumentando un problema de legitimidad basado en el artículo 14 del decreto 354 de 1999. Este artículo estipula que, cuando una denuncia podría implicar delitos tipificados en el Código Penal, el caso debe ser directamente remitido a la justicia penal y no ser tratado por la Jutep.
Di Longo propuso otorgar una semana adicional mientras se espera un informe jurídico de la Jutep sobre la aplicación del artículo 354. Ortiz estuvo de acuerdo con esta extensión, y el caso será revisado nuevamente la semana que viene, en la cual se decidirá si se da vista al intendente sobre la denuncia. Una vez ingresado el asunto, pasará al estudio de la Asesoría Letrada antes de que el directorio tome una decisión final.
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