En un esfuerzo por actualizar la Ley de Acceso a la Información Pública en Uruguay, Cainfo inicia una serie de reuniones con los candidatos presidenciales de los partidos con representación parlamentaria. Según afirmó Fabián Werner, periodista y referente del Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (Cainfo) en diálogo con Diario La R, “la idea del pedido de reunión es plantear la necesidad de actualizar la legislación en Uruguay en materia de acceso a la información pública». Esta iniciativa busca incidir en la futura agenda política, garantizando que el país recupere su liderazgo en transparencia y acceso a la información.
La Ley de Acceso a la Información Pública, aprobada en 2008, fue en su momento un hito regional en cuanto a transparencia. No obstante, Werner señaló que «Uruguay no armonizó su legislación con los avances internacionales» y que el país ha experimentado “retrocesos graves”, como lo ocurrido con la Ley de Urgente Consideración (LUC) y algunos artículos de la rendición de cuentas en 2021. En ese sentido, una de las prioridades de Cainfo es la actualización de la normativa para alinearla con los nuevos estándares interamericanos.
Otro punto central para la organización es el fortalecimiento de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), ya que, según Werner, “en todos los sistemas donde hay un funcionamiento adecuado del acceso, hay un órgano con independencia técnica y autonomía financiera”. Esto, argumentó, permitiría que la UAIP cumpla eficazmente con su tarea, incluida la facultad de aplicar sanciones a los organismos que no cumplan con la ley. Además, Cainfo denuncia el «uso arbitrario y desmedido de las excepciones» establecidas en la ley, lo que ha obstaculizado el acceso a información pública. Werner también señaló la importancia de que la UAIP tenga un papel más activo en la supervisión de la clasificación de información como reservada o confidencial, mencionando que “debería haber un fortalecimiento para que sea la unidad de acceso la que establezca si esa declaración es pertinente o no”. Esta mayor supervisión contribuiría a evitar que la información pública sea ocultada injustificadamente. En cuanto a la justicia, Werner expresó preocupación por las barreras que enfrentan los ciudadanos cuando no reciben respuestas adecuadas y oportunas a sus solicitudes de información, señalando “la dificultad que tiene la población de acceder al sistema judicial” en estos casos. A esto se suma la preocupación por la baja transparencia activa en las instituciones públicas, un tema que Cainfo ha monitoreado a través de su Índice de Transparencia Activa en Línea. “Apenas menos del 3% de los organismos relevados tiene un alto nivel de cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa que le impone la ley”, advirtió Werner, señalando el impacto negativo en la posibilidad de que la ciudadanía tome decisiones informadas. Werner concluyó que, aunque es probable que surjan otros temas durante los encuentros, “básicamente eso es lo central que vamos a plantear”.
En 2008, Uruguay dio un paso histórico al aprobar la Ley de Acceso a la Información Pública con amplio consenso político, situándose como referente en transparencia. Sin embargo, en los últimos años, los estándares internacionales han evolucionado, dejando a nuestra legislación rezagada en aspectos clave.

