Salud mental, un tema que cada año toma más fuerzas y que se ha posicionado entre las prioridades de reclamo de la sociedad ante una nueva elección presidencial. Uruguay tiene la tasa de suicidio más alta, largas espera para profesionales de la rama y poca accesibilidad pública ha políticas que abarquen el tema. En ese sentido, hablamos con la responsable de la Comisión de Salud Mental de la Coordinadora de Psicólogos, Mag. Ana Monza. Quienes han colaborado en la elaboración de vías técnicas que proponen desde el Ministerio de Salud Pública.
Destacó que ahora el tema “dejó de ser de expertos y profesionales”, donde se instaló una creciente presencia del tema en la sociedad, marcado principalmente por la pandamia. En ese sentido, recordó que como país nos enfrentamos a muchos desafíos. “Empezamos hablando de la preocupación por salud mental y de ciertos factores, como la tasa de suicido, pero en realidad, estamos hablando de las dificultades para acceder a los servicios, de las inequidades para acceder a tratamientos, a la falta de psiquiatras, de especialistas y de recursos. Cuando hablamos de salud mental no hablamos no solo de enfermedad sino de otras cosas, de bienestar, armonía, de todo lo que tiene que ver con el componente cultural y comunitario”, reflexionó.
Dentro del tema de los accesos en el país, entiende que nos encontramos con la falta de datos, relacionada, por ejemplo, a vincular el número de profesionales con respecto a la población o cómo impactan las acciones que se toman. Uruguay cuenta con un Sistema Nacional Integrado de Salud y un Plan Nacional de Salud Mental y ha avanzado mucho en el tema de salud mental, pero entiende hay cosas que deberían renovarse, ajustando los tratamientos a las necesidades del paciente, incluyendo otros modelos de psicoterapia que están validados para determinados cuadros o necesidades. Sobre todo en lo que tiene que ver con políticas de salud de prevención y promoción, en mujeres y personas en situación vulnerable. A su vez, recordó que no hay estudios que vínvulen el número de profesionales con el de la población y su distribución en todo el país, porque “somos un país chico pero con una enorme desigualdad a nivel territorial”.
“Tenemos una ley que es una ley valorada en todo el mundo como una ley pionera, basada en derechos humanos que apunta a un paradigma garantista y asegurador y tenemos muchos problemas para implementarla”, expresó recordando que se propuso el cierre de los hospitales monovalentes en 2025 pero seguimos sin contar con un sistema que sostenga a esas personas.
En relación al proceso electoral que transitamos, casi todos los partidos han sumado a sus propuestas la salud mental, pero cuestionó hasta dónde llega el real interés en nombrar algo que a la sociedad le importa. Temiendo que el tema se termine banalizando por usarlo de propaganda. En ese sentido, anunció que la CPU le hizo llegar a todos los partidos un documento de planteos que hasta el momento no han respondido. “Hay mucho discurso, con planteos generales, que para quienes estamos en el territorio sabemos que son imposibles de implementar o no se pueden asegurar” expresó justificando que “el país presenta mucha presencia o carencia dependiendo de dónde estemos parados”. Entonces anuncia que las propuestas tienen que estar mucho más centradas en las potencialidades y en las necesidades de cada región.
“Cualquier propuesta que no integre lo que tiene que ver con la diversidad territorial, con el ajuste a lo local, con una transversalización por género y generaciones, una especial atención a los efectos sobre la salud, las desigualdades, las violencias, entre otros tantos, va a quedar corta” concluyó.
Finalizando recordó que salud mental abarca muchas aristas, como la violencia, las adicciones, la vulnerabilidad y escasez que enfrentan muchas personas que no les permite su pleno desarrollo, y que no se hablan.
