El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil comenzará el 13 de noviembre el análisis de la violencia policial de las Favelas. Un caso clave que aborda la violencia y las violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía en las comunidades más pobres de Río de Janeiro. Esta acción fue presentada en 2019 por el Partido Socialista Brasileño (PSB), movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos. El objetivo de que el tribunal reconozca la gravedad de las violaciones que ocurren en las favelas. Y ordene la adopción de medidas para frenar la letalidad policial.
El proceso fue introducido bajo el mecanismo legal de la Infracción de Precepto Fundamental (ADPF). Que se utiliza para impugnar la violación de derechos fundamentales protegidos por la Constitución brasileña. Desde 2020, el STF ya había impuesto restricciones a las operaciones policiales en las favelas durante la pandemia de Covid-19. E instó a la creación de un plan para reducir la violencia policial y evitar abusos.
Uno de los principales avances en este caso fue la implementación de cámaras corporales para los agentes de policía. Una medida ordenada por el relator del caso, el ministro Edson Fachin. A pesar de estas acciones, la violencia policial sigue siendo un grave problema, con estadísticas alarmantes. Según un informe del Foro Brasileño de Seguridad Pública, la tasa de muertes por intervenciones policiales en Río de Janeiro sigue siendo una de las más altas del país. Alcanzando las 5,4 muertes por cada 100.000 habitantes en 2023, muy por encima del promedio nacional de 1,8.
Sin embargo, los datos también reflejan una disminución en el número de muertes en intervenciones policiales. En 2023 se registraron 871 muertes, una caída del 52% en comparación con las 1.814 muertes de 2019, antes de las restricciones impuestas por el STF.
Este caso podría tener implicaciones trascendentales para la política de seguridad pública en Brasil, ya que el STF se enfrenta a una de las cuestiones más controvertidas y complejas del país. El desafío de equilibrar la seguridad con el respeto a los derechos humanos en las zonas más vulnerables y marginadas del país.
BUENO, LA SOLUCIÓN ES SENCILLA: RETIREN LA POLICÍA DE LAS FAVELAS Y VALLAN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y DE DERECHOS HUMANOS A COMBATIR LOS CARTELES DE DROGA Y LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES…
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