«Nunca nos había pasado que el gobierno no cumpliera una sentencia judicial», afirma Raúl Viñas a Diario La R. La falta de transparencia en la información pública sobre el proyecto de hidrógeno verde que la empresa HIF proyecta en Paysandú llevó al Poder Judicial a sancionar al gobierno con una multa diaria de 20 unidades reajustables, es decir, aproximadamente 35.000 pesos, por cada día de incumplimiento.
La situación ha sido denunciada por el Movimiento Uruguay Sustentable (Movus), que cuestiona el uso de «mecanismos de opacidad» en la divulgación de un acuerdo firmado hace nueve meses entre la empresa y el Estado. En un comunicado titulado La opacidad del hidrógeno en el Uruguay, Movus remarcó que el Poder Ejecutivo «sigue ocultando la información del proyecto de combustibles sintéticos que la empresa HIF pretende implantar en Paysandú». Según la organización, lo firmado entre HIF y el Ejecutivo uruguayo podría comprometer recursos nacionales en condiciones similares a los acuerdos previamente firmados con Montes del Plata y UPM. El movimiento denuncia que, pese a la orden judicial, el gobierno se resiste a divulgar la totalidad del contenido del Memorando de Entendimiento firmado en febrero, al que consideran “el paso previo a otro contrato negociado en secreto” en detrimento de los intereses nacionales.
Raúl Viñas, portavoz de Movus, explicó a Diario La R que, en lugar del documento solicitado, el gobierno presentó un informe de 70 páginas elaborado supuestamente por Alur, del cual solo 14 páginas eran visibles. «El índice estaba tachado y el documento no contiene ningún elemento que indique que pertenezca al anexo del Memorando de Entendimiento que firmaron», puntualizó Viñas. Además, el documento entregado no guarda relación directa con lo solicitado, lo que según Movus representa una estrategia deliberada de evasión. «Es un acto burdo de opacidad, tan solo una maniobra para retrasar y evitar la entrega de información que claramente debería ser pública», afirmó.
Tras evaluar la situación, el juez que preside el caso ratificó que el Estado no había cumplido con la sentencia que lo obliga a entregar la información solicitada en forma completa y ordenó la imposición de una multa diaria de 20 unidades reajustables como medida de presión. Viñas detalló que, en el marco de la apelación, el Ejecutivo presentó un informe externo redactado por una abogada ajena a la administración, a lo cual Movus respondió solicitando «aclaraciones de por qué una abogada externa está interviniendo en un juicio entre el Ministerio de Industria y Movus, en representación de la ciudadanía». La batalla legal se complica aún más, pues el caso ha sido elevado al Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno. Este mismo tribunal tiene actualmente bajo análisis la prohibición de un contrato entre OSE y el Consorcio Aguas de Montevideo, también criticado por su carácter de confidencialidad, para la ejecución del proyecto Neptuno en la costa de San José. Desde Movus ironizan con el «azar desafortunado» del tribunal que debe abordar ambas causas, aludiendo a la envergadura de las decisiones que afectan a los recursos naturales y a la soberanía energética del país. “La falta de transparencia en temas de tanta relevancia plantea serias dudas sobre los compromisos asumidos en nombre de todos los uruguayos”, sostiene Movus en su comunicado, y añade: “Este es un proyecto de impacto a nivel nacional, y lo que se está haciendo con la información, ocultándola y distorsionándola, es inaceptable”. Viñas, finalmente, lamentó en conversación con La R que “por primera vez, el gobierno incumpla de forma tan abierta una sentencia judicial” y espera que el fallo del Tribunal de Apelaciones ratifique la posición del juez inicial para que el Poder Ejecutivo entregue toda la información requerida, al amparo del derecho ciudadano a la transparencia.
