En un comunicado del Observatorio Luz Ibarburu, emitido el pasado 9 de octubre, se plantearon preguntas clave a los candidatos presidenciales sobre la persecución penal de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Terrorismo de Estado (1968-1985).
Este documento, según destacó Fernanda Aguirre, Secretaria de Derechos Humanos del Pit-Cnt e integrante del Observatorio en declaraciones a Diario La R, busca comprometer a los presidenciables en el cumplimiento de sus responsabilidades respecto a las víctimas y los fallos internacionales.
“Estas preguntas no son solo una formalidad; reflejan la urgencia de obtener compromisos claros de los presidenciables para garantizar que el país cumpla con su obligación de verdad, justicia y reparación”, afirmó Aguirre. En este sentido, destacó que el documento plantea cuestiones medulares, como la categorización de los delitos del periodo como crímenes de lesa humanidad y el fortalecimiento de instituciones como la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad. “Es necesario que los candidatos expresen sin ambigüedades si están dispuestos a dar los recursos y el respaldo necesario para que estas causas avancen”, agregó. Uno de los aspectos destacados del comunicado es el cuestionamiento a la propuesta de prisión domiciliaria otorgada a mayores de 65 años involucrados en graves violaciones a los derechos humanos. Según el texto, “se busca conocer qué valoración tienen los presidenciables sobre este beneficio en casos donde no existen graves problemas de salud”. Para Aguirre, este tema es fundamental, ya que “la prisión domiciliaria no puede convertirse en una herramienta de impunidad para quienes han cometido los crímenes más atroces”.
Otro punto relevante planteado por el Observatorio es la accesibilidad de las audiencias judiciales al público. El comunicado resalta que, aunque los juicios bajo el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) son públicos, “muy pocas personas pueden asistir”. Al respecto, Aguirre señaló: “Es imprescindible que los presidenciables se comprometan a garantizar que estas instancias sean accesibles en tiempo real, ya sea mediante transmisiones en directo o mecanismos similares que permitan a la ciudadanía seguir los procesos”.
Además, Aguirre destacó la necesidad de medidas concretas para asegurar que el país cumpla con sentencias internacionales emblemáticas, como la sentencia Gelman (2011) y los fallos recientes relacionados con los casos de “Muchachas de Abril”, Oscar Tassino y Luis Eduardo González González. “Cumplir con estas sentencias no es solo una obligación legal, sino un compromiso ético con nuestra historia y las víctimas. No podemos permitir que la desidia institucional perpetúe el dolor de las familias”, enfatizó. El Observatorio, a través de su comunicado, también llama la atención sobre la importancia de impulsar políticas públicas que garanticen una búsqueda efectiva de los detenidos desaparecidos. Para la organización de Derechos Humanos la búsqueda de la verdad no puede detenerse, y mucho menos retroceder. “Cada candidato debe explicar con claridad cuáles serán sus acciones para cumplir con esta deuda histórica”, concluyó Aguirre.
El documento completo, disponible en la página del Observatorio Luz Ibarburu, reitera el compromiso de la organización con la búsqueda de justicia para las víctimas del Terrorismo de Estado. Bajo su lema “iluminando el camino hacia la verdad y la justicia”, el Observatorio continúa instando a la sociedad y a las autoridades a no olvidar ni ignorar los crímenes del pasado.
