En un esfuerzo por enfrentar el creciente desafío del crimen organizado y la violencia en América Latina, dieciséis países de la región, incluido Uruguay, lanzaron este jueves una nueva alianza internacional para abordar estos problemas de manera coordinada y eficaz. La iniciativa, impulsada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), busca hacer frente a un fenómeno que afecta a las economías de la región, costando miles de millones de dólares anualmente.
La Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo tiene como objetivo proteger a las poblaciones más vulnerables, fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, y reducir los mercados ilícitos y los flujos financieros ilegales. Según Ilan Goldfajn, presidente del BID, el crimen organizado no respeta fronteras y requiere de una acción regional audaz y unificada para ser combatido de manera efectiva. En un comunicado, Goldfajn destacó que esta alianza permitirá generar asociaciones estratégicas y movilizar recursos para hacer frente a estos retos.
Los países participantes, además de Uruguay, incluyen a Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam. Entre las organizaciones internacionales que respaldan la alianza se encuentran la Organización de los Estados Americanos (OEA), Interpol, la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Mundial y la Dirección de Investigación Antimafia de Italia (DIA). Esta nueva iniciativa surge en respuesta a un preocupante contexto en América Latina y el Caribe, donde el crimen organizado no solo representa un grave problema de seguridad, sino que también tiene un impacto negativo sobre el desarrollo económico y social de la región. Según un estudio reciente del BID, los costos directos de la criminalidad alcanzaron el 3,44% del Producto Interno Bruto (PIB) de la región en 2022, una cifra comparable con los presupuestos destinados a áreas esenciales como la educación, que representa el 78% del presupuesto público en la región.
Además, un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó que la delincuencia y la inseguridad siguen siendo obstáculos significativos para la prosperidad de los países latinoamericanos, afectando especialmente a las economías locales. El análisis del FMI también subraya que los homicidios, que representan una parte considerable de la violencia en la región, tienen un efecto directo sobre la economía: un aumento del 10% en los homicidios en un municipio puede reducir la actividad económica en aproximadamente un 4%.
América Latina y el Caribe, que representa solo el 8% de la población mundial, concentra un tercio de los homicidios globales, lo que resalta la magnitud del problema. La nueva alianza busca reducir este fenómeno mediante la cooperación regional y el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos para enfrentar la violencia y el crimen organizado de forma más eficaz. La iniciativa refleja un creciente consenso en la región sobre la necesidad de actuar de manera conjunta para mitigar los impactos negativos del crimen organizado y la violencia, no sólo en términos de seguridad, sino también en lo que respecta al desarrollo social y económico de los países involucrados.
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