A finales de diciembre el Senado aprobó, con una celeridad que despertó suspicacias, un proyecto de ley que busca la reparación histórica y social a víctimas de la guerrilla. El mismo fue calificado como “mamarracho jurídico” por parte de organizaciones de Derechos Humanos que advierten que familiares de víctimas de la guerrilla “ya fueron reparados”.
El proyecto abarca los años entre 1962 y 1976 y refiere a las víctimas de grupos armados como la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales (OP33) y el Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros (MLN) que operaron en Uruguay durante las décadas del 60 y 70.
La iniciativa de “indemnización moral, social y económica” de víctimas “civiles, policiales, militares y sus familias” fue redactada por el gobierno de Lacalle Pou a pedido expreso del líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos quien había presentado una iniciativa similar a comienzos de la legislatura que terminó naufragando por falta de apoyo. La exposición de motivos del proyecto de ley sostiene que “las víctimas y sus familias han sufrido daños en su persona y bienes y se ha vulnerado su derecho a la indemnización pecuniaria” y agrega que “es de justicia para estos compatriotas y sus familias, que han sido objeto de actos ilícitos y que como consecuencia de los mismos han sufrido la violación de sus derechos”.
El proyecto crea una comisión especial que estudiará cada caso antes las solicitudes de amparo y el monto de las eventuales reparaciones económicas que establecerá una futura reglamentación provendrá de Rentas Generales. Se prevé que sus beneficiarios sean policías, militares, civiles y sus familias. La media sanción en la Cámara alta se obtuvo con los votos de la coalición multicolor (18 en 30) y con la oposición del Frente Amplio.
Durante la discusión en el la Cámara Alta, el Senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech afirmó que “creemos que la historia tiene que escribirse entera y tenemos que recordar el sacrificio de estas personas, que no puede ser recordado como un sacrificio inútil o estéril”. Por su parte la oposición criticó el proyecto por los años que abarca y la celeridad en su aprobación durante la última semana del año.
Para la Senadora frenteamplista Silvia Nane, el tratamiento del proyecto fue “sorpresivo” y resulta llamativo que su tratamiento se realizara con tal celeridad: “estamos sorprendidos por la velocidad, porque no era un proyecto que estaba entre los priorizados de la Comisión. Se alteró el orden del día del 6 de diciembre, fue un proyecto que se inició en una minuta de comunicación de ese mismo día, el Senado lo trató a la semana siguiente; el Poder Ejecutivo, a las corridas, hizo un proyecto de ley que entró en el medio del tratamiento del proyecto por la seguridad social. Todo eso se hizo sin la asesoría de la división jurídica del Poder Legislativo. Terminó saliendo un proyecto de los pelos, muy desprolijo en sus formas y argumentación” expresó. En su cuenta de Twitter la senadora ironizó: “cuánto valen los votos de Cabildo Abierto” insinuando que se trataba de un intercambio de votos entre el Poder Ejecutivo y Cabildo Abierto para aprobar la reforma jubilatoria.
Organizaciones de Derechos Humanos cuestionan la iniciativa
Al conocerse la aprobación de la iniciativa en el Senado de la República, diversas organizaciones y militantes por los Derechos Humanos que trabajan con el pasado reciente y los crímenes de la dictadura hicieron saber sus cuestionamientos. Este fue el caso del Observatorio Luz Ibarburu que en conjunto con la central de trabajadores PIT-CNT emitió un comunicado en donde señala que no se pueden asimilar los delitos de la guerrilla a los cometidos por el Estado uruguayo rechazando la llamada teoría de los dos demonios.
En el comunicado conjunto las organizaciones afirman que “estos crímenes no son equiparables a los que pueda cometer cualquier persona o grupo de personas que no pertenezca al Estado ni tenga el consentimiento del mismo para delinquir y violentar a los ciudadanos” dicen y sostienen que “esa diferencia es sustancial y está estipulada y considerada en los acuerdos internacionales que el Estado uruguayo ha firmado y ratificado desde hace muchos años. Los delitos de lesa humanidad los cometen los Estados no las personas” expresan.
En ese mismo sentido Raúl Olivera de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT dijo a Diario La R que “no es un problema de reparación, hay una regulación para los delitos no cometidos por el Estado, hay normas que regulan eso, hay leyes y la mayoría han sido reparados” afirmó y remarcó que ”el reparar implica de alguna manera asumir una responsabilidad por parte del Estado y en ese sentido no hay una responsabilidad por parte del Estado”.
Olivera sostiene que este proyecto se enmarca dentro de una estrategia de Cabildo Abierto: “no se puede analizar este proyecto de ley sin tener en cuenta el paquete de iniciativas parlamentarias o declaraciones que está haciendo Cabildo Abierto que tienen como objetivo diluir la diferencia que hay conceptualmente entre los crímenes de DDHH y violaciones cometidas por el Estado y cualquier otra conducta”.
El militante expresa: “hay una estrategia por parte de Cabildo Abierto también con el proyecto de prisión domiciliaria para presos mayores de 65 años y también con la votación del parlamento sobre la integración de la directiva del Institución Nacional de DDHH en donde la oposición cometió un error profundo al avalarla”.
Por su parte Gastón Grisoni, integrante de Crysol, grupo que nuclea a ex presas y presos políticos, difundió un texto denominado “A pura mentira” en donde califica al articulado como “un auténtico mamarracho jurídico” y recuerda que “el artículo 115 de la Ley 14.106 del 14 de marzo de 1973 reparó económicamente a los militares fallecidos en actos de servicio. Los familiares recibieron 85 mil dólares de hoy” sostiene Grisoni. Grisoni afirma que la ley de reparación de 1973 aprobada aún en democracia “daba a los militares un marco legal habilitante para ser reparados. De hecho lo fueron, según consta en informes brindados por el exministro del Dr. Julio María Sanguinetti, Yamandú Fau a requerimiento de la Cámara de Diputados. Cuesta creer que Cabildo Abierto, liderado por el general retirado Guido Manini Ríos, secundado por el coronel retirado Raúl Lozano, no estuviera al tanto” concluyó.
A su vez Grisoni opinó sobre el trámite parlamentario que tuvo el proyecto hasta lograr su media sanción afirmando que Cabildo Abierto “abusó de la imperiosa necesidad de contar con sus votos en la Cámara de Senadores para aprobar el proyecto de Reforma Jubilatoria” tal cual lo había sostenido la Senadora Nane.
Por su parte Javier Tassino de la Organización Familiares de Detenidos Desaparecidos consultado por Diario La R sobre el tema dijo que “la opinión de Familiares es la misma que la de las otras organizaciones: ya fueron reparados”.
No están todos los que son
Victoria Rodríguez, hija de Alma Rodríguez presa política entre los años 1976 y 1984 publicó en sus redes una nota en donde advierte que no todas las víctimas directas del terrosimo de Estado fueron reparadas y que “así como está formulada esta ley no puede ser aprobada por negar el terrorismo de Estado” al abonar la llamada teoría de los dos demonios.
Rodríguez argumenta que el proyecto de ley está equivocado porque desde “las fechas que pretende abarcar (del 62 al 76), olvida que a partir del 73 en este país hubo una dictadura civil militar. Por lo tanto, a partir de esa fecha, cualquier levantamiento contra un régimen no democrático está encuadrado en «El derecho de resistencia a la opresión» escribe la militante por los DDHH. Rodríguez consultada por Diario La R agregó que “miles de víctimas directas del terrorismo de Estado mientras fuimos niñas, niños y adolescentes aún no hemos sido reconocidos siqueira y mucho menos reparados por el Estado” Rodríguez agrega que “eso sucede a pesar de tener 3 recomendaciones de Naciones Unidas y 2 de la Institución Nacional de DDHH”.
Ante las críticas de la oposición en el debate parlamentario por la velocidad del trámite, los defensores del proyecto argumentaron que las víctimas de la guerrilla ya llevan mucho tiempo esperando. Sobre esto Rodríguez dijo que “tarde es para estas víctimas, que aún ni siquiera han sido reconocidas”.
Por otra parte Rodríguez afirma que “es mentira” lo dicho por Gandini en el plenario de la cámara según lo cual el ex presidente Vázquez habría firmado una pensión reparatoria por dos generaciones antes de concluir su último mandato: “lo que hace el decreto de Vázquez es ampararnos en salud a las dos siguientes generaciones y no nos implica una herencia de las pensiones jubilatorias” explicó Rodríguez.
Por último Rodríguez advierte que una ley como la que se pretende aprobar contiene inconsistencias que permitirían que familiares de Dan Mitrione, agente norteamericano que vino a Uruguay a entrenar a las fuerzas de seguridad en técnicas de tortura y fuera secuestrado y asesinado por un comando guerrillero, pudieran reclamar reparación al Estado uruguayo.
En el mismo sentido la organización Memoria en Libertad (ML) que nuclea a “niños, niñas y adolescentes víctimas directas del terrorismo de Estado” publicó un comunicado en donde le recuerdan al Estado Uruguayo “que hay víctimas directas del terrorismo de Estado, durante el período 1968-1985, aún sin reconocer ni reparar, a pesar de que hace más de tres años la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) recomendó al Estado su reparación y a pesar de contar con tres recomendaciones de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), indicando lo mismo” afirman. ML concluye diciendo que “somos personas que éramos niñas, niños y adolescentes, y sufrimos vulneración de nuestros derechos por parte de este mismo Estado que mira hacia el costado haciendo oídos sordos en su responsabilidad”.
Luego de obtener la media sanción en el Senado de la República, la iniciativa de ley será analizada por la Cámara de Diputados a partir del próximo mes de marzo.
