Recientemente, el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, envió al Congreso norteamericano una lista de cárteles de drogas que planea designar como organizaciones terroristas extranjeras. La lista incluye a las bandas transnacionales MS-13 y Tren de Aragua (venezolana), así como a varios cárteles activos en México, incluidos los cárteles de Sinaloa, Jalisco, Zetas y del Golfo, Cártel Unidos y La Nueva Familia Michoacana (LNFM).
Especialistas mencionaron que en muchos de estos casos, los carteles de drogas u organizaciones están profundamente entrelazadas con sectores de los diferentes gobiernos. En el caso de México, el propio Trump aseguró que ese país está “manejado por el narcotráfico». La captación de los carteles de drogas dentro de los gobiernos es un problema complejo y multifacético que se presenta de diversas formas en todo el mundo; el narcotráfico genera enormes cantidades de dinero, lo que facilita la corrupción de funcionarios públicos en todos los niveles, desde policías y jueces hasta políticos de alto rango.
Esta corrupción puede implicar sobornos, extorsión y otras formas de influencia indebida que permiten a los narcotraficantes operar con impunidad. Estos carteles pueden infiltrarse en las instituciones gubernamentales mediante la contratación de funcionarios corruptos o la colocación de sus propios agentes dentro de las agencias encargadas de hacer cumplir la ley.
A lo largo de los años, varios gobiernos y figuras políticas han sido acusados de tener vínculos con el narcotráfico; de igual forma, es importante dejar claro que estar acusado no siempre significa culpabilidad. Un ejemplo es México; durante años ese país ha enfrentado el problema del narcotráfico, y ha habido acusaciones de corrupción y convenios con carteles de la droga que involucran a funcionarios de diversos niveles de gobierno.
En un caso más cercano, altos funcionarios del gobierno venezolano, incluido el mandatario Nicolás Maduro, han sido acusados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de narcoterrorismo, corrupción y narcotráfico. Este mismo problema sugiere la existencia de activos ilícitos que podrían estar sujetos a investigaciones y posibles incautaciones. Otro caso es Panamá; debido a su ubicación geográfica y su sector financiero, ha sido un punto de preocupación en relación al lavado de activos.
Por otra parte, Ecuador ha experimentado un aumento significativo en la violencia relacionada con el narcotráfico en los últimos años. Este contexto ha generado acusaciones y denuncias sobre la infiltración del narcotráfico en diversas instituciones del Estado ecuatoriano, incluyendo la policía, el sistema judicial y la política. Figuras políticas han expresado su preocupación por la «narcopolítica», refiriéndose a la influencia del narcotráfico en la política ecuatoriana.
Es importante destacar que la identificación y recuperación de activos ilícitos y desmantelar el narcotráfico es un proceso complejo que requiere cooperación internacional y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.
