El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cumplido con su promesa de invocar la ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar la deportación de migrantes indocumentados merced a una normativa de infame recuerdo — empleada en la concentración de ciudadanos japoneses-estadounidenses en la II Guerra Mundial — y que concede al mandatario amplísmas competencias para expulsar gente, avisa Amnistía Internacional.
En una proclamación presidencial, , la Casa Blanca apunta que la ley tiene como primer objetivo a los migrantes que sean declarados como simpatizantes de la organización criminal venezolana Tren de Aragua, considerada como «grupo terrorista» por Estados Unidos, que se han «infiltrado ilegalmente en Estados Unidos y están llevando a cabo una guerra irregular y realizando acciones hostiles contra el país».
La ley está diseñada para ser invocada si Estados Unidos está en guerra con otro país, o si una nación extranjera ha invadido Estados Unidos o amenaza con hacerlo y capacita a la Administración a deportar inmediatamente a los detenidos. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se utilizó para justificar la detención y expulsión de inmigrantes alemanes, austrohúngaros, italianos y japoneses. El magistrado James E. Boasberg admitió la demanda preventiva presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y Democracy Forward y puso en marcha una orden de restricción temporal que impide la deportación durante 14 días, en virtud de la ley, de los cinco venezolanos que ya se encuentran bajo custodia de inmigración y que creían que estaban siendo trasladados para su deportación.
La directora del Programa de Derechos de Refugiados y Migrantes de Amnistía Internacional EEUU, Amy Fisher, describe la invocación como «una medida increíblemente cruel», efectuada para potenciar la «agenda xenófoba» de Trump.
