Lazo sobre las OPV: “No hay plan B, el plan sigue siendo el plan A”

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, compareció este miércoles ante el Senado para responder a la interpelación promovida por el senador nacionalista Javier García. Al finalizar la sesión se presentaron tres mociones. Una por el Frente Amplio donde se respladó a la ministra Lazo. Esta moción obtuvo 17 votos. Otra de la oposición que declaraba, en síntesis, duras críticas a la gestión del gobierno en el tema. Al haber obtenido la primera la mayoría y la de la oposición ser contraria a la primera, no se votó. Una tercera moción (presentada por la oposición) proponía que cuatro legisladores (dos por el oficialismo y dos de la oposición) se unieran a las negociaciones que lleva adelante el gobierno con Cardama. Esta llevó 14 votos en 30, resultando negativa.

El eje del debate era el contrato por 90 millones de dólares firmado en 2024 con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas destinadas a la Armada Nacional. El presidente Orsi anunció en octubre la intención de rescindir el acuerdo y presentó una denuncia penal por presunta estafa, al detectar que la garantía de fiel cumplimiento era falsa, emitida por un banco europeo inexistente.

García, quien fue ministro de Defensa durante la administración de Luis Lacalle Pou y firmante del contrato, inició la sesión cuestionando la decisión del Ejecutivo como un «boicot político» que deja al país sin herramientas para combatir el narcotráfico y la pesca ilegal en el mar territorial. En su exposición, García denunció «presiones políticas» durante la transición gubernamental para frustrar la garantía, incluyendo «tareas de inteligencia» en el astillero y el apartamiento de la Armada del análisis técnico. Reclamó que la versión taquigráfica de la interpelación sea remitida a la Fiscalía para investigar posibles desvíos de poder. También García mencionó un artículo de nuestro medio (Diario La R) donde se destacaba que Gonzalo Fernández, que actuaba como intermediario entre Cardama y el gobierno, se había retirado de esta gestión ya que «no prosperó».

Lazo, en su respuesta inicial, defendió la actuación del Gobierno como una medida en «defensa del interés público» ante una «flagrante y burda estafa» contra el Estado. La ministra calificó el contrato de «pésimo» y sostuvo que «es muy difícil hacer las cosas peor», señalando omisiones inexcusables de la administración anterior. Detalló que la garantía, presentada por la firma Eurocommerce, cuya dirección en Londres no correspondía a una oficina real y cuyo director es un ruso con domicilio en Rusia, contenía «copias falsificadas que no fueron hechas por ningún notario». «El falsificador fue notoriamente torpe y presentó ante el Estado uruguayo algo que nadie advirtió», agregó, y describió la aceptación de esa garantía como «vergonzosa».

Explicó que «los documentos son elocuentes». Un análisis jurídico notarial de los documentos agregados por Cardama mostró que «no surge el control por parte del notario de la personería jurídica de Eurocommerce, ni tampoco la representación legal y las facultades del señor Francisco Sabater Cabanes». Lazo agregó que «tampoco surge del documento ningún tipo de control, ni personal ni de legitimidad, del señor Alex Walsh para actuar en representación de la empresa y estar en condiciones de emitir un aval”

Durante la sesión Lazo presentó un informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) que concluye que la adjudicación a Cardama fue una «decisión política» sin sustento técnico ni jurídico suficiente, ignorando «indicadores de riesgo financiero severos» del astillero. Reveló que Abitab rechazó avalar la garantía y que se concedieron prórrogas injustificadas a Cardama, dejando al Estado en desventaja. Además, informó que los motores para las patrulleras demorarán un año más en llegar al astillero en España, lo que agrava el incumplimiento contractual.

La ministra aclaró que «al día de hoy no está decidida la rescisión del contrato», ya que se trata de un proceso complejo, y enfatizó que «no hay plan B, el plan sigue siendo el plan A: tener patrulleras oceánicas para Uruguay». Sin embargo, sostuvo que el avance del proyecto está «plagado de inconvenientes» derivados de la «estafa monumental», y que la denuncia penal ante la Fiscalía es «lo más razonable». Lazo también mencionó la falta de diálogo con Cardama. «No recibí ningún tipo de llamado al diálogo», dijo, refiriéndose a comunicaciones posteriores al anuncio de Orsi. También sostuvo «no dejamos de buscar opciones que nos permitan ejercer nuestra soberanía marítima. No hay otro camino que proveer de estos medios navales. Como dijo el presidente Orsi, que la población tenga la plena certeza de que las patrulleras van a estar. En eso estamos, intentando resolver este problema que hemos heredado».

Desde la oposición, el senador colorado Pedro Bordaberry alertó sobre riesgos de «juicios millonarios contra el Estado» por la decisión.