Manuel Carreño, un bebé de 13 meses falleció horas después de ser sometido a una cirugía torácica en el Casmu en abril de 2024. El caso fue denunciado por sus padres como presunta mala praxis y en unos días tendrá un primer pronunciamiento judicial, tras más de doce meses de investigación. La fiscal del 15º Turno, Sylvia Lovesio, solicitó la imputación de los cirujanos pediátricos Gabriel Giannini (grado 5) y Martín Ormaechea (grado 3) por homicidio culposo, y de la médica intensivista María Carolina Talasimov por encubrimiento. La audiencia de formalización se realizará el próximo miércoles 17 a las 12.30 horas, ante el Juzgado Penal de 31º Turno, a cargo del juez Emilio Baccelli.
La familia del niño, representada por el abogado Juan Pablo Decia, recibió el anuncio como un paso determinante en un proceso que se ha desarrollado con reserva y que ahora ingresa en una instancia crucial. Decia afirmó que la versión que trascendió públicamente “refleja de manera objetiva los hechos investigados por fiscalía” y que el pedido de imputación se sustenta en “fallas asistenciales graves ocurridas antes, durante y después de la cirugía”.
El procedimiento al que fue sometido Manuel fue una lobectomía toracoscópica, una cirugía de alta complejidad donde se extrae un lóbulo pulmonar mediante videocirugía. Según Decia, los padres autorizaron la intervención basados en información que minimizó los riesgos y presentó el acto quirúrgico como “de rutina”, pese a tratarse de una cirugía torácica pediátrica, considerada de muy baja frecuencia y alta complejidad técnica.
Un elemento central de la investigación radica en el nivel de experiencia del equipo quirúrgico. A solicitud de la familia, ASSE y el Ministerio de Salud Pública remitieron documentación oficial que indica que entre 2015 y 2024 no se realizó ninguna cirugía de estas características en niños en el sistema público y solo una en el sector privado. De acuerdo con estándares internacionales, un cirujano responsable debe haber participado al menos en 50 procedimientos similares en calidad de ayudante antes de realizar uno por su cuenta. Para Decia, esta diferencia entre la experiencia requerida y la real resulta determinante: “A los padres se les transmitió que los cirujanos tenían amplia experiencia, cuando la evidencia oficial muestra que no existía una sola cirugía exitosa en niños de este tipo realizada por ese equipo”.
La acusación también apunta a lo ocurrido dentro del block quirúrgico. Según la fiscalía, durante la operación se produjeron eventos adversos significativos, incluidos sangrado abundante y complicaciones que obligaron a convertir la cirugía mínimamente invasiva en un procedimiento abierto. Estas situaciones fueron advertidas por anestesistas presentes, quienes habrían solicitado a los cirujanos la conversión. No obstante, la historia clínica registró —bajo el usuario de la intensivista María Carolina Talasimov, hoy imputada por encubrimiento— que no se habían producido eventos adversos intraoperatorios. Para el Ministerio Público, esta omisión constituye una gravísima alteración de la verdad que afecta la reconstrucción de los hechos.
Tras la intervención, la familia recibió la información de que la operación había sido exitosa. Horas después, Manuel falleció por un cuadro de asfixia. Según la acusación, la sangre del campo operatorio habría ingresado al pulmón sano y llegado a los alvéolos, provocando una falla respiratoria fatal. Para la familia, la muerte estuvo directamente vinculada a las complicaciones intraoperatorias no informadas y al manejo posterior del caso.
El análisis de responsabilidades también abarca al Casmu como institución. En paralelo al proceso penal, la familia promovió una demanda civil contra la institución y contra los tres profesionales imputados. La acusación sostiene que no se activaron los protocolos institucionales previstos cuando ocurre un fallecimiento en contexto quirúrgico. Entre las supuestas omisiones se encuentran la no conformación de comisiones de revisión, la falta de notificaciones formales a la familia y la ausencia de documentación de los procesos internos obligatorios. Para Decia, “la institución no actuó de acuerdo con los estándares de seguridad que deben regir antes, durante y después de la operación, y tampoco frente al resultado de muerte”.
El expediente penal incluye informes periciales de la Facultad de Medicina, en particular de la Unidad Académica y de la Cátedra de Cirugía Torácica, que habrían concluido la existencia de fallas asistenciales. También declararon profesionales del block, médicos tratantes, anestesistas y todo el personal vinculado con la operación y el posoperatorio. “La fiscalía había adelantado hace meses que avanzaría hacia la formalización, pero recién ahora, con la evidencia ordenada, se concreta”, señaló Decia.
En su defensa, el equipo médico ha planteado otra hipótesis: que el cuadro que condujo al fallecimiento podría obedecer a una reacción adversa del organismo del niño a las transfusiones realizadas durante la cirugía. Según esta línea argumental, el proceso inflamatorio pulmonar sería consecuencia de un evento poco frecuente e imprevisible. No obstante, para la parte denunciante, esta explicación carece de respaldo empírico y no constituye una causa plausible según los estándares científicos actuales. Además, afirma que incluso si se verificara esa hipótesis, se trata de un efecto vinculado al procedimiento quirúrgico, por lo que no modificaría la discusión sobre la pertinencia de la operación.
Otro punto en investigación es si la intervención era necesaria. Manuel era un niño sin síntomas respiratorios, activo, con una vida normal para su edad. La cirugía se indicó por la presencia de una pequeña malformación pulmonar benigna que, según los médicos tratantes, podía malignizarse a futuro. Para la familia, esa posibilidad fue presentada como una probabilidad alta, lo que influyó decisivamente en su consentimiento. “La decisión de los padres fue un acto de confianza basado en información incompleta o distorsionada”, afirmó Decia. “Y terminó siendo la peor decisión de sus vidas”.
La familia iniciará además acciones administrativas ante el Ministerio de Salud Pública y ante el Tribunal de Ética Médica del Colegio Médico. Esas presentaciones no se realizaron antes, explicó el abogado, para asegurar primero una investigación objetiva en sede penal, independiente del sistema de salud.
