Una investigación conjunta entre la Jefatura de Policía de Paysandú y la Fiscalía permitió desarticular una red de trata de personas con fines de explotación laboral en un establecimiento rural del departamento. El caso, revelado este jueves, dejó al descubierto las precarias condiciones en las que se encontraban 52 trabajadores extranjeros, entre ellos 14 ciudadanos peruanos y 38 argentinos, además de una mujer y un adolescente.
La operación, denominada “Incaico”, incluyó tres allanamientos simultáneos: dos en Paysandú —uno en un predio destinado a actividades citrícolas y forestales y otro en un inmueble de uso industrial— y un tercero en el departamento de Salto. Las actuaciones se activaron a partir de una denuncia anónima que advertía sobre la posible situación de vulnerabilidad de un grupo de trabajadores peruanos.
El caso
“En primera instancia teníamos una denuncia anónima de que podrían estar en situación de vulnerabilidad algunos ciudadanos de Perú”, explicó el jefe de Policía de Paysandú, Alejandro Sánchez, al confirmar que la investigación inicial permitió detectar un escenario mucho más amplio y complejo del previsto.
De acuerdo con el fiscal de segundo turno, Joaquín Suárez, once de los trabajadores peruanos ya declararon en calidad de víctimas. Paralelamente se dispusieron medidas de cierre de fronteras para personas vinculadas a la dirección de la empresa investigada, con el objetivo de evitar fugas mientras continúa la indagatoria.
Como resultado de las primeras actuaciones, un ciudadano argentino fue imputado por la presunta comisión de un delito de reducción a la servidumbre o trabajo forzoso, en hechos compatibles con trata de personas y explotación laboral. Según Suárez, el imputado mantenía “relación directa con la organización y la conducción de esta cuadrilla de trabajadores”. El hombre deberá cumplir una medida cautelar de 90 días de prisión preventiva mientras avanza el proceso.
En paralelo, las autoridades coordinan los mecanismos necesarios para que los demás trabajadores extranjeros, en particular los ciudadanos argentinos, puedan brindar su testimonio y colaborar con la investigación. Tanto Policía como Fiscalía continúan relevando información sobre las condiciones de captación, traslado y contratación para determinar el alcance real de la red y la eventual participación de otros responsables.
