Personas en situación de calle en Uruguay: Un núcleo de carácter crítico

Los espacios públicos de Montevideo y otras ciudades uruguayas exhiben una realidad que ha dejado de ser ocasional para convertirse en parte del paisaje urbano constante. Se trata de la presencia de personas que viven en la calle, un fenómeno que ha experimentado un aumento significativo en las últimas dos décadas. Al día de hoy se han recogido más de 8 toneladas de basura y 160 traslados como resultado del operativo por personas en la calle. Por otro lado se reportaron personas que luego de ser trasladadas volvieron a acampar en la calle.

Según informó este viernes varios medios del país luego de una de una semana de la aplicación del Operativo Calle, centrado en intervenir a personas que duermen y acampan en espacios públicos, el Ministerio del Interior trasladó a estas personas al centro de referencia del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) ubicado en Casavalle. 

En este sentido el Mides ofrece atención directa garantizando refugio a estas personas con el objetivo de que no vuelvan a instalarse en la calle. Esta operación comenzó el 22 de enero llevada a cabo por el Ministerio del Interior, por medio de la Jefatura de Policía de Montevideo y apoyada por la Guardia Republicana y Bomberos. Dentro del total de personas intervenidas se identifican 131 hombres y 34 mujeres en 79 puntos. 

Como resultado del operativo, 160 personas fueron derivadas al Centro de Primera Atención del Mides. Cinco individuos fueron detenidos; según fuentes policiales, por haber «faltado el respeto o insultado a los funcionarios» durante la intervención, registrándose un caso en que un detenido golpeó un patrullero.

Entre las personas identificadas, ocho fueron casos «reiterados», es decir, que ya habían sido trasladadas en una ocasión previa. Este grupo está compuesto por seis hombres y dos mujeres. Según el protocolo, las personas pueden llevarse sus pertenencias y mascotas. El resto de los enseres son retirados y dispuestos en la usina de Felipe Cardoso. En los primeros seis días del operativo se recolectaron 9.150 kilogramos de residuos.

Desde el Ministerio del Interior se informó que se están realizando ajustes en la operativa para evitar el ingreso simultáneo de todas las personas al centro, estableciendo un sistema de entrada escalonada. El jefe de Policía de Montevideo, Pablo Lotito, afirmó que el operativo se realizará de forma «sistemática» todos los días, sin una fecha de finalización definida. La logística incluye dos equipos con un ómnibus, custodia, un camión para residuos y una camioneta con personal técnico. Lotito expresó la expectativa de que todas las instituciones involucradas se comprometan para abordar el problema.

Además, las autoridades policiales tienen previsto reunirse la próxima semana con vecinos y referentes de la zona para habilitar un canal de comunicación que permita reportar inconvenientes y definir itinerarios de actuación. Por su parte, el Mides señaló que su enfoque se basa en una atención personalizada. El procedimiento inicia con una evaluación médica en el centro de Casavalle, para luego ofrecer un cupo permanente, ya sea allí o en otro centro. La mayoría opta por ser reasignada a otro lugar. Confirmada la asignación, se les provee un boleto de ómnibus. Al retirarse, la persona decide si acudir al lugar asignado o, como sucede frecuentemente, volver a la calle.

El Mides enfatizó que corresponde al Ministerio del Interior y a la intendencia la aplicación de la Ley de Faltas, mientras que su organismo se dedica a la «recepción y abordaje» individual de cada caso. En el último año fueron creados 3.000 cupos en los distintos centro del Mides. Durante el 2025 pasaron por sus dispositivos más de 13.000 personas. Para poder atender las «respuestas de emergencia» se aumentaron un 140% las plazas en este tipo de servicios, informaron desde la cartera.

La extrema vulnerabilidad de las personas en situación de calle las convierte en blancos potenciales para la explotación por parte de grupos delictivos dedicados al narcomenudeo. Fuentes policiales han descrito en otras ocasiones dos modalidades de utilización. La primera, conocida como «los caminantes», implica entregar pequeñas dosis de droga a estas personas para que las distribuyan, pagándoles con dosis para su propio consumo. 

Esto permite a las redes de venta operar de forma móvil, dificultando el accionar policial y exponiendo a los «caminantes» a represalias violentas. La segunda modalidad, denominada «los drones», consiste en enviar a personas en calle a observar «bocas de droga» rivales para obtener información, a cambio de lo cual reciben droga. La presencia creciente de personas viviendo en espacios públicos ha generado, además, un conflicto de convivencia urbana. Numerosas denuncias en redes sociales de vecinos reflejan la percepción de una pérdida o deterioro de plazas, veredas y otros lugares de uso común.

El análisis señala que abordar el problema requiere una estrategia conjunta que ataque simultáneamente las adicciones, mejore los procesos de egreso del sistema penitenciario y fortalezca la red de salud mental. Se destaca que, a pesar de mejoras en indicadores socioeconómicos generales del país en las últimas dos décadas, los indicadores de marginalidad extrema, como la población carcelaria y la situación de calle, han evolucionado en sentido contrario.

La situación exhibe un núcleo crítico de exclusión donde convergen historiales de baja educación, trastornos de salud mental, consumo problemático de drogas altamente adictivas como la pasta base, y paso por el sistema penal. Esta convergencia no solo perpetúa la vulnerabilidad individual, sino que plantea desafíos complejos en materia de derechos humanos, convivencia social y seguridad pública, demandando respuestas interinstitucionales y asignación de recursos específicos.