El origen de una tragedia cuyas huellas aún persisten: la violencia guerrillera, el protagonismo militar y el recuerdo de una conversación con Isabel Perón.
El 24 de marzo de 1976 marcó un quiebre definitivo en la historia argentina. No fue únicamente la consecuencia de una decisión tomada por las Fuerzas Armadas, sino el desenlace de una acumulación de crisis políticas, sociales y económicas que se venían profundizando desde años antes. Fue, en rigor, el punto final de un proceso de deterioro institucional que había dejado a la democracia sin capacidad de respuesta.
A mediados de los años 80, en una oficina del barrio porteño de Monserrat, tuve la oportunidad de mantener una breve conversación con Isabel Perón. No se trataba de una entrevista formal, sino de un diálogo reservado, casi íntimo. En ese tiempo, la expresidenta viajaba con cierta frecuencia a la Argentina, invitada por Raúl Alfonsín, quien buscaba reconocer su condición de última jefa de Estado elegida democráticamente antes del golpe.
El encuentro fue breve, pero revelador. Me encontré con una figura frágil, limitada en términos políticos e intelectuales. En un momento le pregunté si guardaba rencor hacia los militares. Dudó unos segundos y respondió con una frase que resumía, desde su perspectiva, el drama de aquellos años: su peor enemigo no habían sido los militares, sino los grupos de izquierda, en especial la izquierda peronista, a quienes responsabilizaba por haber facilitado el camino hacia el golpe.
Esa afirmación condensaba varios de los factores centrales del conflicto: organizaciones armadas que desafiaban al Estado —incluso cuando este era democrático—, un gobierno débil, errático y sin capacidad de conducción, y unas Fuerzas Armadas que se concebían a sí mismas como un actor político con derecho a intervenir.
El golpe de 1976 fue, en ese sentido, tanto una imposición militar como un fracaso colectivo de la política. Los partidos tradicionales, especialmente el peronismo sin Perón y el radicalismo, no lograron —o no quisieron— construir una salida institucional que evitará la ruptura. El desenlace era anunciado, y sin embargo, nadie logró impedirlo.
A ese escenario se sumaba una sociedad profundamente golpeada. La violencia política, la inseguridad y el desorden económico había generado una sensación generalizada de angustia. Como ocurre en contextos de crisis prolongadas, amplios sectores comenzaron a priorizar el orden por sobre la legalidad. El caos se volvió intolerable, y en ese clima, soluciones extremas empezaron a parecer aceptables.
Durante los años previos al golpe, la violencia había escalado de manera dramática. Por un lado, organizaciones guerrilleras como Montoneros, el ERP y las FAR llevaron adelante atentados, secuestros y asesinatos, con el objetivo de desestabilizar al gobierno y acelerar un proceso revolucionario. Por otro lado, desde el propio Estado —y también desde estructuras paraestatales— operaba la Triple A, una organización parapolicial vinculada a José López Rega, que persiguió, secuestró y asesinó a opositores.
El gobierno de Isabel Perón no logró contener ese espiral. Debilitado por internas, errores de gestión y una economía fuera de control, perdió rápidamente el respaldo político y social. La inflación se disparó, el poder adquisitivo cayó de forma abrupta y los conflictos sindicales se multiplicaron. La sensación de vacío de poder dejó de ser una percepción para convertirse en una realidad palpable.
En ese contexto, las Fuerzas Armadas, que desde 1930 habían intervenido repetidamente en la vida política del país, se preparaban para regresar al poder. El golpe ya no era una posibilidad remota, sino una certeza inminente.
El antecedente inmediato fue el Operativo Independencia, iniciado en 1975 en Tucumán, donde se ensayaron métodos de represión ilegal que luego se extenderían a todo el territorio nacional. Tras el golpe, ese esquema se sistematizó: secuestros, torturas, desapariciones forzadas y centros clandestinos de detención pasaron a formar parte de un dispositivo represivo que la justicia argentina definirá más tarde como un plan sistemático de exterminio.
El número de víctimas sigue siendo motivo de debate, pero lo que no admite discusión es la magnitud de las violaciones a los derechos humanos. A diferencia de las organizaciones insurgentes, el Estado tenía la obligación de actuar dentro de la ley. Al quebrar ese principio, no solo cometió crímenes, sino que también perdió su legitimidad moral.
El contexto internacional también tuvo un peso determinante. La Guerra Fría atravesaba América Latina, y la Argentina no fue ajena a esa lógica. Estados Unidos respaldaba a gobiernos militares que combatían a movimientos de izquierda, mientras el bloque soviético y la revolución cubana alentaban procesos insurgentes en la región. El conflicto interno, así, se inscribía en una disputa global.
La dictadura llegó a su fin en 1983, tras la derrota en la guerra de Malvinas. Ese conflicto, además de significar una tragedia en sí mismo, terminó de erosionar al régimen militar. La recuperación de la democracia abrió una nueva etapa.
El gobierno de Alfonsín impulsó el juicio a las juntas militares, estableciendo un precedente inédito en la región y marcando un límite claro a la impunidad. A partir de entonces, las Fuerzas Armadas dejaron de ser un actor político con capacidad de condicionar el sistema institucional.
Sin embargo, el debate sobre aquellos años nunca se cerró del todo. Las interpretaciones han sido parciales, atravesadas por visiones ideológicas, intereses políticos y disputas por el sentido del pasado. En muchos casos, se privilegiaron relatos incompletos, que enfatizan algunos aspectos y omiten otros.
A más de cuatro décadas del retorno democrático, la Argentina aún tiene pendiente una reconstrucción integral de esa etapa. Comprender lo ocurrido en toda su complejidad —sin simplificaciones ni omisiones— es una tarea necesaria. No se trata solo de memoria, sino también de responsabilidad histórica.
Porque el pasado, cuando no se lo asume con honestidad, deja de ser una lección y se convierte en una carga. Y las sociedades que no logran explicarse a sí mismas sus tragedias, corren el riesgo de no reconocerlas cuando vuelven a asomar bajo nuevas formas.
