El Gobierno uruguayo ha definido un nuevo eje estratégico para su política social: la infancia y la adolescencia. Durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, anunció que las recomendaciones surgidas del proceso de Diálogo Social (que incluyó más de 30 conversatorios nacionales y decenas de audiencias) comenzarán a traducirse en cambios concretos en la próxima Rendición de Cuentas.
Arim destacó que, más allá de las naturales discrepancias políticas, existe un «consenso ético» unánime entre los actores sociales, empresariales y sindicales sobre la necesidad de privilegiar la inversión en las etapas tempranas de la vida. En este sentido, la administración proyecta unificar el complejo sistema de transferencias actual para otorgarle mayor «simplicidad, flexibilidad y justicia», asegurando que los montos de las prestaciones sean proporcionales a las necesidades y los ingresos reales de los hogares.
El fortalecimiento del apoyo a la primera infancia (0 a 3 años) y a las mujeres embarazadas se perfila como la medida insignia de este paquete. «Este conjunto de compromisos van a ser recomendaciones que estarán incorporadas en el proyecto de ley», afirmó el jerarca. Esta hoja de ruta da continuidad a la prioridad establecida en el presupuesto quinquenal, donde el 40% de los fondos incrementales ya se ha destinado a la atención de menores, incluyendo la universalización de la educación a los 3 años y la expansión de centros educativos de tiempo extendido.
Debido a su magnitud estructural, la implementación de estos cambios será gradual, incorporando progresivamente a las nuevas cohortes de nacimientos, que actualmente rondan los 28.900 niños anuales. Con esta estrategia, el Gobierno busca no solo paliar la vulnerabilidad inmediata, sino consolidar un sistema de protección social que acompañe el desarrollo integral desde la gestación, asumiendo la inversión en la niñez como el mandato
