Tras intensas negociaciones, la Comisión de Hacienda integrada con Transporte de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un proyecto de ley que modifica la normativa de sanciones de tránsito. El acuerdo entre todos los partidos políticos busca hacer más efectiva la recaudación de multas, que en 2025 registró una morosidad superior al 67 %, y al mismo tiempo mantener un efecto disuasivo razonable para mejorar la seguridad vial. En 2025 se aplicaron 218 mil multas, de las cuales 113 mil fueron a vehículos nacionales y 105 mil a extranjeros.
El sustitutivo, que se votará en el Pleno de Diputados en los primeros días de mayo, introduce cambios relevantes en la Ley 19.824 de 2019. En primer lugar, se establece que el Poder Ejecutivo reglamentará los valores de todas las sanciones de tránsito, considerando la propuesta que elabore la Unidad Nacional de Seguridad Vial a partir de las sugerencias del Congreso de Intendentes.
El centro del acuerdo se encuentra en los nuevos topes y escalas para las infracciones cometidas en rutas nacionales. Para el exceso de velocidad se fijan los siguientes montos en Unidades Reajustables (UR), con descuentos según el plazo de pago. Hasta 20 km/h por encima del límite permitido, la multa será de 2,5 UR si se abona dentro de los 180 días de la notificación, 3,5 UR entre los 181 y 365 días, y 5 UR a partir del día 366 o en caso de reincidencia.
Entre 21 y 30 km/h de exceso, los valores serán de 4 UR, 5,5 UR y 8 UR respectivamente. Para excesos de 31 km/h hasta el doble menos un kilómetro de la velocidad máxima, las multas ascienden a 6 UR, 8,5 UR y 12 UR según el plazo. Finalmente, cuando se supera el doble de la velocidad permitida, se aplica un tope fijo de 15 UR sin posibilidad de descuento.
Tomando el valor aproximado de la UR cercano a $1.914 (vigente en los primeros meses de 2026), esto equivale a unos $4.786 por el exceso leve con pronto pago, hasta $28.716 por superar el doble del límite.
Otras infracciones graves también tienen topes claros. El cruce de semáforos en rojo o los adelantamientos en zonas prohibidas en rutas nacionales tendrán un máximo de 10 UR (alrededor de $19.144). Conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, o negarse a las pruebas correspondientes, mantendrá el tope de 15 UR. Lo mismo ocurrirá con quienes circulen sin matrícula, con matrículas adulteradas o intencionalmente ocultas.
El proyecto redefine la reincidencia que se considerará cuando el titular del vehículo cometa tres o más infracciones de igual o similar naturaleza dentro de un mismo año calendario. En esos casos, se aplicará automáticamente el monto más alto de la escala.
Además, se faculta a la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a aplicar directamente multas por circular sin matrícula o con matrículas adulteradas en jurisdicción nacional. Todos los fondos recaudados por este concepto se destinarán íntegramente a financiar obras de infraestructura vial en el marco del acuerdo con la Corporación Nacional para el Desarrollo.
Otro punto relevante es el fortalecimiento de la prevención. Se encomienda al Ministerio de Transporte, a través de la Dirección Nacional de Vialidad y con el asesoramiento de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, diseñar e implementar campañas masivas de educación vial y la instalación de radares pedagógicos, financiados con un porcentaje de las multas existentes.
Los legisladores de todos los partidos coincidieron en que las multas anteriores resultaban excesivamente elevadas para muchos conductores, lo que generaba un alto nivel de incumplimiento y terminaba debilitando el objetivo de reducir la siniestralidad.
