La Cámara de Diputados aprobó este martes, por una amplia mayoría de 80 votos en 83, el proyecto de ley que establece un procedimiento abreviado para la expropiación de bienes inmuebles que presenten deudas compensables con el Estado. La iniciativa, impulsada originalmente por el Frente Amplio y respaldada por el Ministerio de Vivienda, tiene como objetivo central rescatar fincas y terrenos baldíos que se encuentran en situación de abandono o degradación edilicia para integrarlos a programas de interés social, como cooperativas de vivienda y redes de infraestructura.
El mecanismo se enfoca en inmuebles que cumplen con una doble condición: poseer deudas con organismos públicos (como intendencias) y representar un riesgo para la seguridad, salubridad o higiene pública. Según el senador Óscar Andrade, promotor del texto, esta herramienta se basa en experiencias exitosas en Montevideo, donde la identificación de predios con deudas permitió adjudicar tierras a cooperativas para la construcción de cientos de soluciones habitacionales. La ley busca ahora nacionalizar y estandarizar estas tasaciones para evitar las demoras burocráticas del sistema ordinario.
Pese al consenso general, la votación registró el rechazo de Cabildo Abierto y del diputado colorado Juan Martín Jorge. Las críticas se centraron en la posible pérdida de garantías para los propietarios ante el uso de un proceso extraordinario. No obstante, desde el oficialismo se aclaró que la versión aprobada en la cámara baja introdujo la participación preceptiva de un juez en el proceso, transformando lo que originalmente era un trámite administrativo en uno judicial, brindando así mayores certezas jurídicas sobre la propiedad privada.
Debido a estas modificaciones en la redacción, el proyecto deberá retornar ahora a la Cámara de Senadores, que actuará como tercera y última instancia legislativa antes de su sanción definitiva.
