La oposición resolvió convocar de manera urgente a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, a la Comisión Investigadora que analiza el caso Cardama, luego de que el astillero español iniciara un arbitraje internacional contra el Estado uruguayo tras la rescisión del contrato para la construcción de patrulleras oceánicas.
Legisladores de la Coalición Republicana sostienen que el conflicto internacional era un escenario previsible y cuestionan la forma en que el gobierno manejó la cancelación del acuerdo firmado durante la administración de Luis Lacalle Pou.
El diputado nacionalista Gabriel Gianoli afirmó que desde la oposición se había advertido “hace muchísimo tiempo” sobre la posibilidad de que Cardama reaccionara judicialmente luego de la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo.
En rueda de prensa, Gianoli criticó además la postura del oficialismo frente a la situación. “Nos preocupa la tranquilidad con la que el Frente Amplio está manejando este tema, porque puede ser profundamente perjudicial para el país”, sostuvo.
El legislador señaló que el arbitraje internacional promovido por el astillero español “confirma” que detrás de la rescisión del contrato no existió únicamente una evaluación técnica, sino también una decisión política.
“Aquí no había solamente una decisión técnica. Había una decisión política de terminar con la construcción de las patrulleras oceánicas y con una obra emblemática del gobierno de Luis Lacalle Pou”, expresó.
Gianoli advirtió además sobre las consecuencias económicas que podría enfrentar Uruguay en caso de prosperar el reclamo de la empresa española. “Esto puede derivar en juicios millonarios que terminará pagando, como siempre, el pueblo uruguayo”, afirmó.
En la misma línea se manifestó el diputado colorado Felipe Schipani, quien consideró que la acción iniciada por Cardama “impone la comparecencia urgente” de Sandra Lazo ante la comisión parlamentaria.
Uno de los puntos señalados por Schipani refiere a presuntas “pesquisas ilegales” realizadas entre marzo y mayo dentro de la cartera.
Según denunció, dos personas que “no tenían vínculo funcional alguno con el Ministerio de Defensa” habrían accedido a información sensible mientras actuaban como asesores de legisladores del Frente Amplio.
Schipani recordó que en los últimos días integrantes del oficialismo cuestionaron la decisión de Cardama de recurrir a un arbitraje internacional, señalando que no era el camino adecuado para resolver la controversia.
En ese sentido también se expresó el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, quien calificó como “insólita” la situación.
“En una de las resoluciones del 13 de febrero, el propio gobierno uruguayo establece que corresponde acudir a arbitrajes”, afirmó.
Sotelo cuestionó además que el Ejecutivo haya avanzado en la rescisión del contrato sin evaluar previamente todos los escenarios posibles y sin determinar cuál era la alternativa más conveniente para proteger los intereses del país.
“El Ejecutivo debía analizar qué era lo más beneficioso para Uruguay antes de tomar una decisión de estas características”, señaló.
Desde la oposición entienden que el arbitraje internacional iniciado por Cardama podría generar consecuencias económicas, diplomáticas y jurídicas de gran magnitud para Uruguay.
Pablo Abdala, diputado del Partido Nacional, afirmó que la ministra no había comparecido anteriormente porque “el partido de gobierno se ha negado” a aprobar su convocatoria. Según explicó, desde la Coalición Republicana ya se había solicitado en otras oportunidades la presencia de Lazo ante la comisión investigadora.
Por otra parte, trascendió este jueves que el gobierno recibió “sin sorpresa” la notificación sobre el arbitraje. Incluso antes de inicio de esta acción, el Poder Ejecutivo siempre ha sostenido que la rescisión debe dirimirse en tribunales del Uruguay y no en una corte internacional.
Si un «Arbitraje Internacional» falla en contra de Uruguay. va a estar todo muy claro… Ustedes Políticos Siniestros, han estado firmando TLCs de mierda, que son un Fraude Colonial.