La situación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) vuelve a estar en el centro de la agenda pública, atravesada por tensiones financieras, cuestionamientos institucionales y discusiones sobre su modelo de gestión. En paralelo, continúan los planteos sobre su sostenibilidad y la transparencia en la información hacia los afiliados y la opinión pública.
En ese marco, el ex candidato a directorio por la Lista 13, el Dr. Blauco Rodríguez Andrada, realizó un análisis crítico del presente del organismo previsional y advirtió sobre la evolución negativa de sus números, al tiempo que reclamó mayor transparencia y funcionamiento pleno de los mecanismos de contralor previstos por la ley.
En diálogo con Diario La R, señaló que el seguimiento de la situación lo realizan “desde lejos”, a partir del análisis de documentos internos, debido —según planteó— a la escasa circulación de información institucional hacia el exterior.
En ese sentido, explicó que el seguimiento lo realizan “un poco desde lejos porque tampoco se está viendo mucha información y comunicación hacia afuera desde la propia caja”. Añadió que la falta de información pública es un problema que ya había sido advertido en instancias previas: “algo que desde adentro también siempre pregonamos que debía hacerse, más en una situación crítica y económico-financiera”.
Asimismo, sostuvo que, a partir de la lectura de actas y el seguimiento indirecto del organismo, la tendencia general no ha mostrado cambios positivos. Según su análisis, “es obvio que la situación de la caja sigue empeorando y siendo cada vez más crítica la situación, pese al aporte del Estado que hubo en base a la última legislación que se generó”.
Reclamos por institucionalidad y control
Recientemente el Poder Ejecutivo designó a nuevos representantes para integrar el directorio de la CJPPU, en el marco de una resolución oficial que cubre vacantes en la representación estatal dentro del organismo, según constató El País.
Las designaciones buscan restablecer la integración completa del directorio conforme a lo establecido por la normativa vigente, luego de un período en el que esos cargos permanecieron sin ocupar.
En ese contexto, el Dr. Rodríguez Andrada valoró la necesidad de contar con esos delegados y vinculó su presencia al funcionamiento del sistema de contralor institucional.
Sus cuestionamientos se centran en el período previo a las designaciones, al señalar que la demora en la integración de los delegados del Ejecutivo afectó el funcionamiento institucional.
En su análisis, remarcó que estos delegados cumplen un rol estructural dentro del funcionamiento de la caja: “termina siendo históricamente —y desde que la caja existe— una especie de palanca de control y contralor de la gestión”. En ese sentido, subrayó la relevancia de su participación en un escenario que definió como especialmente complejo desde el punto de vista financiero.
Por otro lado, cuestionó la falta de reacción política frente a esta situación, al apuntar al rol del Parlamento en el seguimiento del tema. “También llamó mucho la atención el silencio del Parlamento y los parlamentarios”, señaló, recordando que el debate sobre la integración del directorio y el carácter de los cargos tuvo amplia discusión durante la tramitación de la última ley previsional.
Medidas recientes y efecto limitado
En el marco de las discusiones sobre posibles salidas a la situación financiera de la CJPPU, el Poder Ejecutivo envió recientemente un proyecto de ley que busca introducir cambios en el régimen de deudores del organismo, con el objetivo de mejorar la recaudación y facilitar la regularización de afiliados en situación de mora.
Según informó Montevideo Portal, la iniciativa establece un régimen excepcional de facilidades de pago para personas físicas y jurídicas con deudas con la caja, permitiendo la inclusión de obligaciones acumuladas hasta el mes previo a la firma de los convenios.
Dicho esquema prevé la conversión de la deuda a Unidades Reajustables (UR), sin multas ni recargos, y habilita un plazo acotado para la cancelación total en un máximo de 12 meses, bajo una modalidad flexible de pagos.
A su vez, el proyecto fija un plazo de un año para adherirse al régimen y advierte que el incumplimiento implicará el restablecimiento automático de la deuda original con sus sanciones correspondientes.
En paralelo, la iniciativa también incluye un segundo componente clave: la modificación del régimen de intercambio de información de la caja con otros organismos del Estado, con el objetivo de reforzar los mecanismos de control y fiscalización, tras cuestionamientos sobre las limitaciones vigentes para el cruce de datos.
En este contexto, el Dr. Rodríguez Andrada valoró que este tipo de medidas pueden tener un impacto acotado en el corto plazo, aunque no alteran —según su visión— la situación estructural del sistema.
“Esas leyes, cuando salen, terminan demostrando que se recuperan ingresos y unos cuantos afiliados se suman a ese proyecto, pero por supuesto estamos hablando de conceptos marginales que bajo ningún concepto cambian la línea o la tendencia en la situación económico-financiera”, sostuvo.
De esta forma, el Dr. Rodríguez Andrada ubicó el alcance del proyecto dentro de un conjunto de herramientas de alivio transitorio, pero sin capacidad —a su entender— de revertir el deterioro financiero que atraviesa el organismo.
Viabilidad del sistema y críticas al modelo
Consultado sobre si observa avances en la situación del organismo y sobre las promesas realizadas durante la última campaña electoral, el Dr. Rodríguez Andrada se mostró escéptico respecto a la posibilidad de revertir la crisis estructural que atraviesa el sistema.
“Nosotros, en principio y por el análisis que teníamos desde el punto de vista de gestión económico-financiero de nuestra agrupación, no le veíamos solución”, afirmó.
En esa línea, sostuvo que el problema excede la coyuntura actual y responde a un modelo previsional que, a su entender, perdió respaldo entre los propios profesionales, particularmente en las generaciones más jóvenes. “Ya es un modelo que pereció. Los propios afiliados, sobre todo las generaciones más jóvenes, no creen en ese sistema y lo ven como un impuesto y como una obligación”, señaló.
A su vez, agregó que, desde la perspectiva de su agrupación, los indicadores financieros continúan sin mostrar señales de recuperación. “Los números, así también lo demuestran, no han mejorado ninguna gráfica y ninguna ecuación a futuro de los números económicos-financieros de la caja”, afirmó.
No obstante, indicó que la responsabilidad de demostrar la viabilidad del organismo ahora recae en las actuales autoridades del directorio, quienes defendieron durante la campaña la posibilidad de sostener el sistema. “Por supuesto que, si se logra, nosotros lo vamos a aplaudir. Pero hoy ningún elemento objetivo, desde el punto de vista de gestión económica, nos hace pensar que eso sea posible”, concluyó.
