La Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) planteó la necesidad de diseñar e implementar de forma urgente políticas públicas de fiscalización específicas para el parque de motocicletas en Uruguay. El reclamo fue formulado por el presidente del organismo y del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial (Oisevi), Marcelo Metediera, durante su intervención en el Foro Nacional de Seguridad de los Motociclistas. La actividad, organizada por la Fundación Gonzalo Rodríguez en el Palacio Legislativo, congregó a legisladores, delegados de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), mandos del Ministerio del Interior y representantes de los gobiernos departamentales para debatir sobre las alarmantes tasas de letalidad en el tránsito.
Metediera fundamentó la prioridad de este eje de control exponiendo los datos estadísticos consolidados en el último Informe de Siniestralidad Vial del organismo. Según el relevamiento técnico, los usuarios de motocicletas representan el 65,1% de la totalidad de las personas lesionadas en siniestros viales en el país y, de forma aún más crítica, concentran el 50,1% del total de fallecidos en las rutas y plantas urbanas. El jerarca matizó que el abordaje de la problemática exige una mirada multidimensional, reconociendo que para amplios sectores de la población la motocicleta no constituye un bien de recreación, sino una herramienta de trabajo y de movilidad social indispensable para el acceso a la educación y el empleo cotidiano.
Ejes de la estrategia nacional de seguridad vial
La hoja de ruta presentada por la Unasev para el actual período de gestión articula seis líneas de acción integradas que buscan revertir los indicadores de siniestralidad mediante cambios normativos y estructurales:
Permiso por puntos y licencia digital: Implementación de herramientas tecnológicas y punitivas de alcance nacional para sancionar la reincidencia de infracciones.
Inclusión curricular: Ejecución del acuerdo firmado con la ANEP para incorporar de forma obligatoria contenidos de seguridad vial en la educación formal.
Articulación judicial: Coordinación con el Poder Judicial para promover la creación de fiscalías especializadas en delitos de tránsito y regular la disposición final de los vehículos incautados en los depósitos.
Evidencia científica: Desarrollo de estudios clínicos sobre el impacto y los efectos secundarios de medicamentos específicos y sustancias psicotrópicas en la capacidad de conducción.
Por su parte, la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, complementó el diagnóstico alertando sobre el incremento de las expresiones de hostilidad, intolerancia y violencia física entre conductores en la vía pública. La jerarca enfatizó que las estrategias punitivas o el uso de equipamiento de protección personal resultan insuficientes si no se acompaña el proceso con una profunda transformación cultural que mitigue la agresividad y promueva entornos de circulación basados en el respeto mutuo dentro del espacio comunitario.
