La Comisión Especial de la Cámara de Representantes que investiga el proceso de adquisición de las patrulleras oceánicas (OPV) continuó este lunes con una extensa jornada de trabajo en la que comparecieron el contralmirante retirado Mario Vizcay y el actual jefe del Estado Mayor de la Armada, contralmirante José Ruiz. Las declaraciones de ambos aportaron nuevos elementos sobre el proceso de selección del astillero español Cardama, la ejecución posterior del contrato y las tensiones surgidas durante el seguimiento técnico del proyecto.Pero la sesión también estuvo marcada desde el inicio por una novedad relevante: el propietario del astillero adjudicatario, Mario Cardama, comunicó formalmente su disposición a comparecer ante la comisión parlamentaria, ya sea de forma presencial o virtual.
En una carta recibida días pasados en la Comisión, el propietario de Astilleros y Varaderos Francisco Cardama S.A., expresó estar dispuesto a brindar explicaciones ante los legisladores que investigan el proceso de adquisición de las patrulleras oceánicas.
En la carta, el empresario español dejó abierta la posibilidad de hacerlo bajo la modalidad que resulte más conveniente. El texto de la carta señala: “Por la presente, tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de consultar si existe voluntad de su parte, en calidad de Director de Astilleros y Varaderos Francisco Cardama S.A., de comparecer ante la Comisión Especial de la Asamblea General del Poder Legislativo de la República Oriental del Uruguay, creada con el cometido de analizar e investigar el proceso de adquisición de dos OPV con vuestra empresa”.
La comunicación agrega: “Asimismo, agradecería conocer, en caso de existir disposición para ello, cuál sería la modalidad que consideraría más adecuada para dicha comparecencia, ya sea de forma presencial o virtual”.
Los legisladores analizaron en sala la respuesta enviada por el empresario español. La posibilidad de escuchar directamente al empresario encontró respaldo tanto en legisladores del oficialismo como de la oposición. El diputado frenteamplista Joaquín Garlo propuso insistir en una comparecencia por vía telemática, mientras que la diputada también del FA María Inés Obaldía sostuvo que una instancia en tiempo real permitiría realizar repreguntas y obtener mayores precisiones sobre el contrato.
Por su parte, el diputado del Partido Nacional Pablo Abdala coincidió en la conveniencia de procurar una comparecencia virtual y definió a Cardama como “un protagonista clave” de la investigación parlamentaria.
Vizcay: “Yo no voté a Cardama”
En relación a la comparecencia de Mario Vizcay, en su testimonio confirmó de que no respaldó la propuesta del astillero español cuando la Junta de Almirantes analizó las distintas ofertas. El contralmirante retirado detalló cómo votó cada integrante de la Junta y señaló que su primera opción fue el astillero colombiano Cotecmar y la segunda la empresa francesa Kership. Cardama no integró ninguna de sus preferencias. Vizcay explicó que su evaluación respondió exclusivamente a criterios técnicos y rechazó que su posición pudiera interpretarse como un voto “en contra” de la empresa española.
“Yo voté lo que entendí, en la forma técnica”, sostuvo ante los legisladores, aclarando que analizó las condiciones de cada propuesta y las ordenó según su valoración profesional. Otro aspecto novedoso surgió cuando reveló que entregó por escrito al entonces comandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson, una recomendación reservada con los fundamentos de su voto.
Según explicó, el documento fue presentado formalmente antes de la votación y conservó una copia personal que se comprometió a poner a disposición de la comisión. La existencia de ese informe llamó la atención de varios legisladores porque no figura entre los antecedentes remitidos por el Ministerio de Defensa Nacional. Vizcay sostuvo que ello se debe a que se trató de una recomendación reservada dirigida al comandante en jefe y no necesariamente de un documento incorporado a los expedientes administrativos.
Durante la comparecencia también fue consultado sobre la reducción de requisitos técnicos entre el proceso de compra frustrado de 2022 y la contratación concretada en 2023. El diputado Joaquín Garlo recordó que la primera iniciativa contemplaba cerca de ochenta exigencias técnicas, mientras que posteriormente el proceso se redujo a apenas tres condiciones básicas. Vizcay reconoció la diferencia, pero aseguró desconocer las razones que llevaron a modificar los criterios utilizados para evaluar las ofertas.
Asimismo, fue consultado sobre las versiones periodísticas que advertían dificultades económicas del astillero español. El exjerarca naval respondió que nunca consideró que fuera su función analizar la situación financiera de los oferentes y reiteró que su responsabilidad se limitaba a valorar los aspectos técnicos de los buques. “No es mi función analizar si un astillero es rentable o no”, afirmó, agregando que la evaluación económica correspondía a otras instancias.
El episodio de la firma frustrada
Uno de los pasajes más llamativos de la jornada surgió casi al final de la comparecencia de Vizcay. Al relatar una conversación mantenida con Mario Cardama, el contralmirante recordó que el empresario español había viajado a Uruguay para firmar el contrato, aunque la rúbrica no se concretó ese día. “Vino Cardama a firmar el contrato. No se firmó”, afirmó.
Consultado por los legisladores, señaló que desconoce por qué la firma fue postergada y aseguró que posteriormente el acuerdo terminó formalizándose días después. La revelación generó interés entre los integrantes de la comisión porque hasta ahora no había sido mencionada en las comparecencias anteriores. Sin embargo, Vizcay aclaró que no participó de las decisiones vinculadas a la firma del contrato y que no conoce las razones que explican aquel episodio.
Ruiz defendió el trabajo técnico realizado
La segunda parte de la sesión estuvo dedicada al testimonio del contralmirante José Ruiz, actual jefe del Estado Mayor de la Armada y exresponsable del proyecto de construcción de las OPV. Ruiz recordó que fue designado formalmente como jefe del proyecto en diciembre de 2024, una vez finalizada la etapa de verificación de garantías y avales presentados por Cardama. Según explicó, inmediatamente se conformó un equipo integrado por quince oficiales de distintas especialidades para realizar el seguimiento técnico de la construcción y actuar como nexo entre la Armada y el astillero español. Durante varias horas detalló las tareas desarrolladas por ese grupo y defendió el esquema originalmente previsto para controlar la construcción de los buques en Vigo.
Uno de los puntos centrales de su exposición fue la demora en el envío de inspectores a España. Ruiz sostuvo que desde los primeros meses de 2025 la Armada había solicitado el despliegue de oficiales especializados para supervisar la construcción, pero que esas misiones no fueron autorizadas en los tiempos previstos. Según explicó, la información técnica que muchas veces le era requerida no podía ser respondida adecuadamente porque los inspectores encargados de verificar el avance de las obras aún no habían sido enviados al astillero.
El rol de Rojas y Marsiglia
Otro de los temas más debatidos fue la participación de Damián Rojas y Daniel Marsiglia, quienes actuaban en el entorno de la entonces ministra de Defensa. Varios legisladores consultaron a Ruiz sobre el acceso que ambos tuvieron a documentación reservada y sobre las reuniones que mantuvieron con integrantes del proyecto. El contralmirante confirmó que mantuvo intercambios con ellos y señaló que las consultas estaban vinculadas principalmente al estado de avance de la construcción y a las certificaciones técnicas requeridas para el contrato. Sin embargo, de sus respuestas surgieron cuestionamientos respecto a la forma en que se canalizaba la información y al papel que desempeñaban personas que, según fue señalado durante la sesión, todavía no ocupaban formalmente cargos de asesoramiento ministerial.
