El ingreso de una persona herida de bala o por arma blanca a una emergencia hospitalaria suele ser el capítulo visible de un conflicto territorial previo. Sin embargo, con frecuencia, ese momento no marca el final de la agresión, sino el inicio de una nueva escalada.
Con el objetivo de quebrar estos ciclos de revanchas y retaliaciones el Ministerio del Interior y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) suscribieron un convenio interinstitucional clave.
La iniciativa establece la puesta en marcha del denominado Programa de Intervención en Servicios de Salud. Se trata del segundo gran componente de la estrategia global «Barrios sin Violencia» impulsada por la cartera de Interior.
Mientras que el primer módulo de la estrategia opera en territorio mediante la figura de los «interruptores» de violencia. Este nuevo dispositivo se traslada directamente al corazón de los centros asistenciales bajo el despliegue de equipos técnicos denominados «moderadores».
El programa comenzará a implementarse de forma inmediata a través de un plan piloto en dos centros de salud estratégicos y particularmente expuestos a la atención de situaciones críticas: el Hospital del Cerro y el Hospital Pasteur. Ambos centros fueron seleccionados por registrar un alto volumen de ingresos de personas lesionadas en contextos de violencia interpersonal grave.
Tras una primera etapa de ejecución y la posterior evaluación de sus resultados, las autoridades prevén la extensión paulatina del dispositivo a otras dependencias de ASSE a nivel nacional. La firma del acuerdo reunió a las cúpulas de ambos organismos.
Por el Ministerio del Interior participaron el ministro, Dr. Carlos Negro; la subsecretaria, Cra. Gabriela Valverde; y el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Lic. Víctor Abal. En representación de ASSE asistieron el presidente del directorio, Dr. Álvaro Danza, y la vicepresidenta, Dra. Marcela Cuadrado.
El ministro Negro remarcó la filosofía que sustenta este acuerdo. Insistiendo en que la seguridad ciudadana no debe ser entendida como una competencia exclusiva de la Policía. «La seguridad debe ser compartida con las demás instituciones del Estado e incluso con la sociedad toda», afirmó.
El hospital como «ventana de oportunidad»
La subsecretaria Valverde explicó las estadísticas globales que demuestran que quienes sobreviven a un ataque violento y son hospitalizados corren un riesgo drásticamente mayor de volver a ser víctimas de agresiones o de participar activamente en actos de venganza.
«Trabajar con estas personas y con sus entornos familiares que las visitan mientras están internadas es una oportunidad única», señaló Valverde.
La jerarca hizo especial hincapié en que el período de internación representa un momento de quiebre emocional y vulnerabilidad en el que las familias se vuelven más receptivas a recibir contención e información que les permita desvincularse de las dinámicas de violencia.
Desde el punto de vista operativo, el programa desplegará equipos interdisciplinarios supervisados por la Dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Estos grupos estarán conformados por técnicos y moderadores comunitarios entrenados específicamente para el abordaje de crisis.
Por su parte, el presidente de ASSE, Álvaro Danza, puso el acento en la necesidad de resguardar la integridad de los equipos médicos que trabajan bajo extrema presión.
Para la institución, el arribo de pacientes graves suele acompañarse de la llegada de entornos familiares o facciones rivales en un alto estado de alteración. Lo que muchas veces traslada el conflicto a las salas de espera o a las inmediaciones de los hospitales.
