El Ministerio de Salud Pública (MSP) inició el análisis técnico para definir el esquema de monitoreo y fiscalización de la mutualista CASMU, ante el próximo vencimiento de la intervención estatal fijado para el 29 de julio. La medida de control gubernamental había sido dispuesta originalmente en 2024 debido a una severa crisis financiera que requirió asistencia mediante fideicomisos, y fue ratificada por la administración actual por el plazo de un año para garantizar la viabilidad operativa de la institución médica, que actualmente brinda cobertura a unos 177.000 usuarios.
La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, enfatizó que el principal objetivo de la cartera sectorial es salvaguardar la correcta y continua atención asistencial de la masa de afiliados. En este escenario, las autoridades sanitarias evalúan las distintas alternativas reglamentarias para la etapa posterior al 29 de julio, debiendo determinar si se da por concluido el proceso de intervención directa o si se pasa a una modalidad de vigilancia administrativa atenuada sobre los indicadores de gestión de la mutualista.
El análisis oficial coincide con un cambio en la tendencia financiera reportado por la propia institución. Tras la renovación de sus autoridades directivas mediante elecciones internas en setiembre pasado, la nueva conducción del CASMU informó en mayo de este año la obtención de su primer balance económico positivo, correspondiente a los primeros seis meses de su ejercicio. Este indicador contable favorable será uno de los elementos clave que el MSP ponderará para dictaminar el cese o la continuidad de los veedores oficiales en la entidad.
El casmu sigue sin una buena Dirección están robando
La atención al usuario es m buena