La Cámara de Diputados aprobó este martes por unanimidad la extensión de la intervención del Casmu por hasta dos años adicionales, en una votación que contó con el respaldo de los 92 legisladores presentes en sala. La decisión había sido aprobada previamente por el Senado y fue posible tras un acuerdo entre el oficialismo y la oposición, ante el vencimiento de la actual intervención del Ministerio de Salud Pública (MSP), previsto para este miércoles 29 de julio.
El acuerdo parlamentario permitió destrabar la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, aunque dejó para una instancia posterior los artículos vinculados al acceso de la mutualista al Fondo de Garantía y a los cambios en la gobernanza interna. Esos puntos regresarán a la Comisión de Salud integrada con Hacienda, tanto en Diputados como en Senadores, luego de que el gobierno remita información solicitada por los legisladores.
El proyecto original establecía un nuevo respaldo financiero para el Casmu por 742.543.719 unidades indexadas, una cifra cercana a los US$ 120 millones, además de la continuidad de la intervención estatal. Sin embargo, la oposición reclamó contar con mayor información antes de aprobar una nueva garantía estatal.
Entre los documentos solicitados figuran el plan de reestructuración del Casmu, los informes elaborados por los interventores durante 2025 y 2026, las metas y reportes trimestrales de seguimiento, los estados contables de los últimos dos años, la nómina de acreedores parabancarios, proveedores con facturación superior a 500.000 unidades indexadas en los últimos cinco años y las auditorías realizadas durante ese período.
El compromiso alcanzado establece que una vez recibida esa documentación, el Parlamento analizará la autorización del acceso al fondo de garantía en un plazo máximo de 15 días. Además, se acordó que el Poder Ejecutivo enviará informes trimestrales sobre el avance de la reestructura y el cumplimiento de las metas previstas.
Durante el debate, el diputado del Frente Amplio Luis José Gallo destacó la importancia de mantener la intervención como una herramienta para garantizar la continuidad asistencial de una institución que cuenta con unos 172.000 usuarios y más de 3.000 trabajadores.
Gallo explicó que la prórroga resulta necesaria porque mientras la mutualista permanezca intervenida por el MSP queda impedida de ser objeto de un proceso concursal, según las modificaciones incorporadas en la legislación vigente. El legislador recordó la experiencia de Casa de Galicia y sostuvo que el objetivo es evitar un escenario similar.
“El mantenimiento de la intervención permite continuar con el proceso de viabilizar la continuidad del Casmu como prestador de salud”, afirmó.
El diputado oficialista señaló además que la situación financiera del Casmu es compleja y que la institución arrastra dificultades patrimoniales desde su creación bajo el actual esquema. En ese sentido, sostuvo que el desafío es lograr una reestructura que permita revertir los resultados negativos y generar condiciones de viabilidad a largo plazo.
Desde la oposición, el diputado nacionalista José Luis Satdjian cuestionó la forma en que el Poder Ejecutivo manejó el proceso y afirmó que el gobierno conocía desde hace un año la fecha de vencimiento de la intervención. Satdjian sostuvo que la situación del Casmu evidencia problemas estructurales del Sistema Nacional Integrado de Salud.
El legislador explicó que su bancada acompañó la prórroga porque entiende que está en juego la continuidad de un prestador con miles de usuarios y trabajadores, pero reclamó mayor transparencia y controles antes de aprobar una nueva garantía estatal.
En ese marco, destacó que el Parlamento no podía votar un respaldo financiero de esa magnitud sin contar con información detallada sobre la situación económica de la mutualista.
Evitar otro “Casa de Galicia”
La bancada oficialista acordó avanzar con la prórroga por dos años de la intervención del Casmu con el objetivo de garantizar la continuidad de la institución y evitar un eventual proceso concursal que pueda derivar en su cierre, según explicó el diputado Federico Preve del Frente Amplio tras la reunión mantenida con representantes de los trabajadores y autoridades vinculadas al sistema de salud.
El planteo surgió luego de escuchar a integrantes del Casmu y de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), quienes trasladaron su preocupación por el futuro de la mutualista y por la necesidad de preservar tanto la atención a los usuarios como las fuentes laborales.
El legislador sostuvo que la extensión de la intervención permitirá “blindar” al Casmu frente a un escenario similar al ocurrido con Casa de Galicia.
Además de la prórroga de la intervención, el oficialismo analiza la ampliación del Fondo de Garantías en un 20%, una medida que permitiría otorgar mayor respaldo financiero, reestructurar la deuda y generar condiciones para la sostenibilidad de la mutualista.
No obstante, explicó que la oposición condicionó su respaldo a la ampliación del fondo a la recepción y análisis de documentación financiera, asistencial y de los informes elaborados por los interventores.
Respecto al reclamo sindical de que los trabajadores no sean utilizados como variable de ajuste, el legislador afirmó que la reestructura debe garantizar que ni la atención a los usuarios ni el empleo sean afectados.
Salle anunció que impulsará una comisión investigadora
El diputado Gustavo Salle, del partido Identidad Soberana, anunció durante la votación del proyecto vinculado al CASMU que promoverá la creación de una comisión investigadora parlamentaria para analizar en profundidad la relación entre el Estado y la mutualista.
Salle fundamentó la iniciativa en los planteos realizados durante la comisión parlamentaria que trató la situación del CASMU, donde, según afirmó, escuchó referencias a la existencia de “conductas con apariencia delictiva” vinculadas a la gestión de la institución.
“Desde Identidad Soberana anunciamos que vamos a hacer una denuncia para instalar, en la medida que nos acompañen los colegas diputados, una comisión investigadora para que profundice la relación entre el Estado y el CASMU”, expresó el legislador en sala.
El diputado señaló que el objetivo de la investigación será abordar especialmente los aspectos económicos y contractuales de esa relación, al considerar necesario avanzar en un análisis más amplio sobre las decisiones adoptadas y los recursos involucrados.
Salle sostuvo además que durante el proceso parlamentario se les negó acceso a documentación que considera relevante para evaluar la situación. “Como se nos ocultó documentación, vamos a esperar reunir esa documentación”, afirmó.
El legislador agregó que la decisión de impulsar la comisión investigadora surge tanto de la información que su sector pudo recopilar como de las intervenciones realizadas por autoridades y legisladores durante el tratamiento del tema.
“En función de ya elementos que hemos podido recabar e incluso de esas declaraciones formuladas en la Comisión, anunciamos simplemente que vamos a pedir una comisión investigadora para que investigue en profundidad la relación entre el Estado y el CASMU, fundamentalmente en lo que tiene que ver con sus aspectos económicos y contractuales”, concluyó Salle.
