OPV: Parlamento cerró investigación con cuatro informes y pasa antecedentes a Fiscalía

La Comisión Parlamentaria Investigadora sobre la compra de dos OPV al astillero español Francisco Cardama y la posterior rescisión, concluyó su trabajo de seis meses el viernes pasado y elevó cuatro informes a la Asamblea General que serán sometidos a votación en fecha próxima a coordinar.  El oficialismo (Frente Amplio) señaló la existencia de un fraude al Estado y eventuales responsabilidades de funcionarios públicos por aceptar garantías falsas, mientras que la Coalición Republicana defendió el procedimiento y denunció una “operación política” contra la administración anterior. Tanto el Frente Amplio, como la Coalición Republicana, tienen previsto dar a conocer este lunes sus conclusiones. Cabildo Abierto, en tanto, presentó su informe al igual que Identidad Soberana. Toda la documentación fue remitida a la órbita penal de la Fiscalía. El Parlamento resolvió además responder al requerimiento de la Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos de Primer Turno y remitir en forma urgente la documentación recibida, recabada y producida durante la investigación. La comisión comenzó formalmente sus funciones el 25 de febrero de 2026 y realizó 17 sesiones, durante las cuales recibió el testimonio de 23 personas, entre ellas los dos exministros de Defensa, la actual ministra Sandra Lazo, integrantes actuales y retirados de la Armada y asesores jurídicos vinculados al proceso.

Informe del Frente Amplio

El informe en mayoría, elaborado por el Frente Amplio, sostiene que durante la ejecución del contrato se verificaron hechos de suficiente gravedad como para justificar una investigación penal y afirma que el Estado fue víctima de una maniobra fraudulenta basada en la utilización de garantías apócrifas. Al mismo tiempo, el oficialismo entiende que el eventual fraude no pudo concretarse únicamente por la actuación de la empresa y reclama investigar también la conducta de funcionarios y jerarcas que intervinieron en el proceso.

Según la mayoría, quedó acreditado mediante pericias que el acta notarial presentada por Francisco Cardama SA para demostrar la representación de Eurocommerce Ltd. fue falsificada mediante la reutilización de una firma y una apostilla auténticas correspondientes a otro documento.

A esto se suma, según el informe, que Eurocommerce no se encontraba operativa, tenía un domicilio falso y estaba en proceso de disolución registral antes de que fueran emitidos los documentos presentados ante el Estado uruguayo.

La situación también alcanza a Redbridge Insurance Company Ltd., vinculada a la garantía de reembolso. El informe sostiene que el documento presentado inicialmente no era una póliza con eficacia jurídica sino un borrador diferente de la garantía contractual.

Una tercera renovación, presentada el 22 de octubre de 2025, también es considerada sospechosa por la mayoría. A partir de este conjunto de elementos, el Frente Amplio sostiene que existe apariencia de delitos vinculados a la falsificación o alteración de documentos públicos y privados y a la utilización de documentación falsa. También entiende que la Justicia debería analizar una eventual estafa contra el Estado.

La dimensión económica es uno de los aspectos destacados. El informe señala que la documentación cuestionada fue utilizada para obtener desembolsos superiores a €16 millones durante la administración anterior, a los que posteriormente se agregó el pago correspondiente al denominado Hito C mediante un mecanismo bancario irrevocable.

El documento identifica a Francisco Cardama SA como principal responsable de las maniobras descriptas, pero sostiene que el perjuicio contra el patrimonio público no hubiera sido posible sin la intervención u omisión de funcionarios estatales. Por eso reclama que la Fiscalía examine las conductas desplegadas por jerarcas y funcionarios en las diferentes etapas del proceso.

Entre las situaciones que considera relevantes aparecen la conducción del procedimiento de contratación, la supuesta falta de fundamentación suficiente, el trato preferente hacia uno de los oferentes y las observaciones formuladas durante el proceso. El punto que concentra buena parte de las críticas es la aceptación de las garantías sin controles suficientes sobre su autenticidad y solvencia. El informe evita atribuir delitos concretos a funcionarios determinados y recuerda que la Comisión Investigadora no es un órgano jurisdiccional. La calificación jurídica de los hechos y la determinación de responsabilidades penales, señala, corresponde exclusivamente al Ministerio Público y al Poder Judicial. Sin embargo, menciona figuras que, a su juicio, deberían ser consideradas por la Fiscalía, entre ellas abuso de funciones, omisión contumacial de los deberes del cargo y falsificación ideológica por funcionario público. La conclusión política del oficialismo es que existió una combinación de maniobras privadas y debilidades estatales que permitió que el Estado desembolsara importantes sumas de dinero sin recibir las patrulleras comprometidas.

Coalición Republicana

La Coalición Republicana sostuvo que el proceso de adquisición llevado adelante durante el gobierno de Luis Lacalle Pou no configuró una actuación irregular ni apartada de los procedimientos administrativos vigentes. El documento centra buena parte de sus críticas en la actuación del actual gobierno y, particularmente, en la decisión de rescindir el contrato con el astillero español.

Uno de los principales argumentos de la oposición es que la decisión de poner fin al contrato fue adoptada políticamente antes de que el gobierno constatara formalmente que la garantía de fiel cumplimiento presentada por Cardama era falsa. Según la Coalición, el hallazgo de la irregularidad fue utilizado posteriormente como fundamento para una decisión que ya estaba encaminada. La oposición cuestiona así el relato del Poder Ejecutivo, que justificó la rescisión en la pérdida de confianza generada por la presentación de una garantía atribuida a una entidad inexistente. El informe opositor también pone el foco en el período transcurrido entre la presentación de la garantía y su detección. Durante la investigación, integrantes de la Coalición remarcaron que la documentación fue aceptada durante la administración anterior y que el actual gobierno tampoco detectó durante varios meses que pudiera tratarse de una garantía fraudulenta. La oposición reivindica además el procedimiento utilizado para seleccionar a Cardama. El excomandante en jefe de la Armada Jorge Wilson explicó ante la comisión que fueron analizadas ocho propuestas internacionales y que la empresa española terminó siendo considerada la alternativa que combinaba mejores capacidades operativas, precio y plazos de construcción. La oposición puso especial énfasis en el informe de Dun & Bradstreet, cuya trazabilidad cuestionó y cuya aparición posterior en las actuaciones administrativas generó fuertes interrogantes durante la comisión.

La Coalición también sostiene que no corresponde atribuir responsabilidades políticas o administrativas a funcionarios de menor jerarquía por decisiones que correspondían a las autoridades ministeriales. En ese sentido, durante la investigación se recordó que los informes jurídicos disponibles habían considerado que determinadas garantías se ajustaban al contrato.

El informe concluye, en definitiva, que la investigación parlamentaria no permitió demostrar que durante el gobierno anterior se hubiera actuado al margen de la legalidad y cuestiona que el caso haya sido utilizado por la actual administración como instrumento de confrontación política.

Cabildo Abierto

Cabildo Abierto presentó un tercer informe y adoptó una posición intermedia. Consideró demostrado que las garantías de fiel cumplimiento eran falsas, cuestionó la elección del astillero y señaló que la Armada no contaba con todas las herramientas necesarias para evaluar integralmente a los proveedores. También respaldó el envío de los antecedentes a la Fiscalía.

Identidad Soberana

Identidad Soberana, por su parte, sostuvo que Uruguay fue víctima de una maniobra defraudatoria y cuestionó severamente los controles realizados por el Estado. Señaló que no se evaluó adecuadamente al astillero, no se verificó la existencia y solvencia de los garantes y no se validaron correctamente documentos y apostillas. Ese informe también puso el foco en decisiones políticas y administrativas tomadas durante el proceso de selección, cuestionó la ausencia de controles y sostuvo que el Estado lleva gastados aproximadamente €28,5 millones sin una contraprestación útil acreditada.

Cardama: la guerra “lo cambió todo”

En sus respuestas remitidas a legisladores de la Coalición Republicana que integran la comisión investigadora sobre la compra de las patrulleras oceánicas, el propietario del astillero español Cardama, Mario Cardama, defendió la capacidad técnica de su empresa, rechazó haber incurrido en incumplimientos y atribuyó parte de las demoras del proyecto a decisiones y falta de respuestas de las autoridades uruguayas.

Cardama sostuvo que el astillero cuenta con más de un siglo de trayectoria y que en los últimos 30 años entregó cerca de 40 buques de acero de distintas características. También afirmó que la construcción realizada para las OPV fue certificada por Lloyd’s Register y posteriormente evaluada como satisfactoria por Bureau Veritas.

Respecto de las garantías, uno de los puntos centrales de la controversia, explicó que la garantía de fiel cumplimiento resultó más difícil de obtener de lo previsto por su carácter “a primer requerimiento” y por tratarse de la construcción de buques con armamento militar. Según relató, el astillero exploró alternativas con bancos, aseguradoras y otras entidades, y finalmente presentó un aval que fue aceptado por el Ministerio de Defensa luego de varios meses de negociaciones y revisiones.

Cardama también vinculó esas dificultades con el cambio del escenario internacional provocado por la guerra entre Rusia y Ucrania. Según explicó, el conflicto modificó las condiciones que habían sido consideradas al momento de planificar el financiamiento y las garantías del proyecto: varios bancos internacionales habrían restringido la emisión de avales para operaciones vinculadas a buques con armamento militar, especialmente en países receptores de asistencia del Banco Mundial, como Uruguay. “Naturalmente, eso lo cambió todo”, sostuvo el empresario, al argumentar que debió salir a buscar alternativas fuera de los circuitos financieros y proveedores habituales.

El empresario aseguró además que antes del anuncio oficial de rescisión del contrato, el 22 de octubre de 2025, nunca recibió una objeción formal por incumplimientos ni una intimación para sustituir las garantías. Tras el cuestionamiento a Eurocommerce, dijo que tampoco se le requirió formalmente presentar una nueva garantía, pese a que posteriormente, según su versión, se manejaron distintas alternativas, entre ellas ampliar la garantía de Redbridge o realizar depósitos en dinero o bonos del Tesoro en el Banco República. Cardama también responsabilizó al Estado por demoras en el proceso de diseño y construcción. Afirmó que los representantes del comprador no llegaron al astillero en la fecha inicialmente prevista y que la falta de interlocutores con capacidad de decisión ralentizó algunas etapas. Asimismo, sostuvo que una demora en la firma de documentación requerida por las autoridades de Países Bajos provocó un retraso en la licencia de exportación de datos técnicos y tuvo impacto en el cronograma. Finalmente, el dueño del astillero afirmó que Cardama mantiene disposición a alcanzar una solución acordada, incluso explorando distintas alternativas sobre el futuro del proyecto y de lo ya construido. “Nuestro enfoque es empresarial, no es político”, sostuvo.