Puerto de Montevideo

Ministerio de Trabajo planteó fijar servicios mínimos en el puerto de Montevideo

El ministro Juan Castillo transmitió al PIT-CNT la necesidad de asegurar la operativa en la terminal de contenedores.

Desde la empresa TCP se sostiene que entre este fin de semana y el lunes se perderán 12 desembarcos de contenedores.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, mantuvo una audiencia formal con una delegación del Secretariado Ejecutivo de la central sindical PIT-CNT, encabezada por su presidente Marcelo Abdala, para analizar el conflicto gremial en la terminal especializada de contenedores del Puerto de Montevideo. Durante la reunión de trabajo celebrada en la sede ministerial, el titular de la cartera comunicó la decisión del gobierno nacional de instrumentar una resolución administrativa que obligue a la organización gremial a mantener esquemas de guardias mínimas indispensables para evitar la paralización total del comercio exterior uruguayo.

El instrumento técnico proyectado por el Poder Ejecutivo busca garantizar la continuidad operativa de la principal terminal marítima sin apelar a la declaración formal de esencialidad, figura jurídica que el marco normativo de la Organización Internacional del Trabajo reserva para servicios vinculados a la vida y la seguridad de la población. No obstante, las autoridades ministeriales fundamentaron la aplicación de pautas operativas mínimas en las excepciones previstas por el organismo internacional ante situaciones de alteración prolongada que comprometen de forma severa el abastecimiento y la economía del país.

La iniciativa oficial intenta destrabar las negociaciones salariales y laborales entre la firma concesionaria Terminal Cuenca del Plata y el sindicato de trabajadores portuarios, luego de sucesivas jornadas de paro que generaron demoras y distorsiones en las cadenas logísticas de importación y exportación. Por su parte, la representación sindical de la central de trabajadores evaluó el planteo gubernamental e inició contactos con los delegados del sector para definir una respuesta institucional que garantice los derechos laborales sin vulnerar la normativa de negociación colectiva.

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