La tensión entre el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, y la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, aumentó en los últimos días y abrió una discusión sobre el funcionamiento, los recursos y el futuro de la Fiscalía especializada que investiga los crímenes cometidos durante la última dictadura.
En una entrevista concedida a Diario La R, Perciballe cuestionó duramente las decisiones adoptadas por Ferrero y sostuvo que la jerarca “mintió” cuando compareció ante el Parlamento al referirse al volumen de trabajo de la Fiscalía de Lesa Humanidad.
La controversia comenzó luego de que Ferrero concurriera a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, donde planteó la necesidad de reorganizar los recursos humanos de la Fiscalía General y señaló que la Fiscalía especializada tenía unas 20 causas, en contraste con otras dependencias que acumulan una cantidad muy superior de expedientes.
Ferrero sostuvo además que la Fiscalía de Lesa Humanidad no sería eliminada, pero que se le podrían agregar competencias conexas. “No voy a tener una Fiscalía de alto costo con 20 causas durante todo el año, cuando hay otras que tienen 1.500 en la bandeja”, había señalado.
Perciballe rechazó de plano esa descripción. “Decir que nosotros tenemos poco trabajo, decir que tenemos 20 causas, eso es mentir”, afirmó durante la entrevista.
Según explicó, actualmente la Fiscalía tramita 25 causas correspondientes al nuevo Código del Proceso Penal y alrededor de 100 a 120 expedientes vinculados al antiguo sistema procesal. En el caso de estos últimos, explicó, resulta más complejo establecer una cifra exacta porque existen investigaciones que se activan, continúan, generan nuevas piezas o atraviesan distintas etapas procesales.
La cifra coincide, en términos generales, con la que el fiscal ya había hecho pública durante los últimos días: 25 causas bajo el nuevo código y aproximadamente 120 correspondientes al régimen anterior.
“Hay algunas en investigación, algunas formalizadas, otras con sentencia y otras en distintas etapas”, explicó Perciballe, quien sostuvo que el trabajo de la sede no puede medirse exclusivamente por la cantidad de juicios en trámite.
Una sede “poco amigable”
El segundo punto de conflicto está relacionado con el traslado físico de la Fiscalía especializada.
Perciballe cuestionó que la sede que funcionaba en la calle Paysandú haya sido trasladada a un inmueble ubicado en 25 de Mayo, donde comparte espacio con fiscalías que atienden homicidios, delitos sexuales y violencia doméstica.
A su entender, la modificación no representa solamente un cambio administrativo o edilicio. El principal problema, sostuvo, está vinculado con la atención de las víctimas.
“Antes era un lugar muy amigable. Ahora pasamos a un lugar muy poco amigable”, afirmó, al explicar que quienes concurren a la sede deben atravesar controles y medidas de seguridad vinculadas con el funcionamiento de otras fiscalías.
Para Perciballe, esa situación resulta especialmente inconveniente cuando se trata de víctimas de crímenes de lesa humanidad y familiares de personas desaparecidas. “Eso se le transmite a las víctimas de lesa humanidad”, señaló. El fiscal cuestionó además que el cambio se haya producido sin una consulta previa con quienes trabajan en la dependencia.
“Eso fue sin consulta”, sostuvo, y agregó que se podría haber optado por otras alternativas.
Los movimientos de fiscales
El tercer aspecto que Perciballe considera problemático es la redistribución de fiscales que integran su equipo.
La Fiscalía de Corte dispuso movimientos temporales de fiscales adscriptas para reforzar otras dependencias que atraviesan situaciones de sobrecarga. Una de las medidas alcanzó a una fiscal que integra el equipo de Lesa Humanidad y que debía pasar temporalmente a una Fiscalía de Flagrancia. La decisión fue cuestionada por Perciballe, particularmente porque, según explicó, una de las fiscales que se desempeña junto a él trabaja, entre otros asuntos, en la causa del Plan Cóndor, una investigación de enorme complejidad y extensión.
Posteriormente, tras un recurso presentado por el propio Perciballe contra la resolución que disponía el traslado de la fiscal Yuberas, Ferrero revocó esa medida. Por lo tanto, esa segunda fiscal finalmente no será trasladada.
En paralelo, la Fiscalía General salió públicamente a explicar los criterios utilizados para los movimientos de funcionarios.
En un comunicado divulgado el 17 de setiembre, sostuvo que los movimientos temporales de fiscales para apoyar otras dependencias constituyen un mecanismo habitual y tienen como objetivo cubrir necesidades derivadas de licencias, retiros y otras situaciones. También señaló que los equipos fiscales suelen estar integrados por un titular y dos adscriptos, mientras que la Fiscalía de Lesa Humanidad cuenta actualmente con cuatro integrantes: un titular y tres fiscales adscriptos.
La Fiscalía General agregó que la decisión final corresponde a la jerarca del servicio, pero que las reorganizaciones se realizan a partir de propuestas de la Fiscalía Adjunta de Corte, que es la dependencia técnica encargada de analizar y planificar esos movimientos.
La sentencia de la Corte Interamericana
Perciballe considera que la discusión sobre los recursos de la Fiscalía especializada no puede separarse de las obligaciones internacionales asumidas por Uruguay.
El fiscal hizo especial referencia a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman versus Uruguay y sostuvo que existe además una obligación específica de fortalecer las capacidades estatales destinadas a investigar los crímenes de la dictadura.
Según explicó, no se trata solamente de una obligación atribuible a la Fiscalía General, sino a los distintos organismos del Estado que deben colaborar para que las investigaciones puedan desarrollarse adecuadamente.
Perciballe sostuvo que Uruguay continúa en situación de incumplimiento en algunos aspectos de las sentencias internacionales, entre ellos la falta de esclarecimiento definitivo sobre el destino de María Claudia García de Gelman.
La discusión tendrá además un escenario internacional inmediato. La Corte Interamericana tiene prevista para el miércoles 23 de setiembre una instancia en Uruguay destinada al seguimiento del cumplimiento de sus sentencias, entre ellas la relacionada con el caso Gelman.
Perciballe explicó que en esa instancia concurrirá en representación del Estado para informar específicamente sobre la situación de la Fiscalía especializada.
Las causas continúan
Pese al enfrentamiento institucional, el fiscal aseguró que las investigaciones continuarán desarrollándose.
Entre las causas mencionó el caso de las víctimas de Brazo Oriental —Laura Raggio, Silvia Reyes y Diana Maidanik—, donde existe una sentencia de segunda instancia que condenó a Juan Modesto Rebollo a 30 años de penitenciaría y resta la resolución de la Suprema Corte de Justicia. También destacó avances en el caso de Luis Eduardo González, por cuya desaparición forzada fueron procesadas cuatro personas en junio de este año.
En el caso de Eduardo González y Óscar Tassino, señaló que existen avances y que en el segundo expediente ya hay una sentencia firme y personas condenadas por desaparición forzada.
Respecto del caso Gelman, recordó que existe una condena internacional contra Uruguay por la desaparición de María Claudia García de Gelman y que actualmente existen distintas actuaciones vinculadas a la supresión del estado civil de Macarena Gelman y a las circunstancias de su nacimiento.
El fiscal también se refirió a los prófugos de la Justicia. Señaló que, a instancias de la Fiscalía, se dispuso la suspensión de haberes jubilatorios de algunas personas requeridas, medida que contribuyó a que Juan Manuel Pagola se entregara a la Justicia.
Pagola fue procesado por la desaparición forzada de Antonio Paita y, según Perciballe, también está involucrado en investigaciones relacionadas con Félix Ortiz y otros hechos de privación de libertad y torturas.
La prisión domiciliaria
Otro de los asuntos abordados durante la entrevista fue el reclamo de prisión domiciliaria para personas privadas de libertad por delitos cometidos durante la dictadura.
Perciballe sostuvo que, cuando existe una condena o una prisión preventiva, la regla debe ser el cumplimiento efectivo de la medida. Aclaró que la prisión domiciliaria puede aplicarse cuando existen razones de salud suficientemente acreditadas que hacen incompatible la permanencia de una persona en un establecimiento penitenciario.
A su juicio, no corresponde establecer un régimen general de prisión domiciliaria específicamente para las personas recluidas por crímenes de lesa humanidad.
El tema ha sido planteado en distintas oportunidades por dirigentes políticos y también mediante proyectos legislativos. Perciballe considera que una modificación que estableciera beneficios especiales para quienes cumplen condenas por estos delitos podría entrar en contradicción con las obligaciones internacionales asumidas por Uruguay.
“Vamos a seguir trabajando aunque se nos ataque”
Perciballe rechazó que el enfrentamiento con la Fiscalía de Corte haya alterado el funcionamiento de la sede.
“Vamos a seguir trabajando igual, aunque se nos ataque, vamos a seguir trabajando igual, aunque no tengamos el apoyo del poder político”, afirmó.
El fiscal sostuvo que las decisiones adoptadas hasta ahora implican, a su entender, un debilitamiento de una estructura que debería ser fortalecida.
“No puedo establecer intención”, aclaró cuando fue consultado acerca de si detrás de las decisiones de Ferrero existe una voluntad deliberada de debilitar la Fiscalía. Sin embargo, sostuvo que los hechos muestran una contradicción entre las medidas adoptadas y la obligación internacional de fortalecerla.
La Fiscalía General, por su parte, niega que exista una intención de desmantelar la dependencia y sostiene que las decisiones forman parte de una reorganización general de recursos humanos.
La Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos se pronunció en respaldo de Perciballe y cuestionó las modificaciones impulsadas por Ferrero. La organización sostuvo que la Fiscalía cuenta con 25 causas bajo el nuevo código y más de 125 bajo el anterior, y advirtió que cualquier medida que reduzca sus recursos contradice las obligaciones internacionales del Estado.
Hasta ahora, en el ámbito político, la Vertiente Artiguista expresó públicamente su preocupación y sostuvo que restar fiscales adscriptos a la Fiscalía de Lesa Humanidad constituye un retroceso.
ESTE DESPRECIALE FULANO, DESOYE LA CONSTITUCION D LA REPUBLICA, ASPLICA LEYES QUE EN SU MOMENTO FUERON INVALIDAS, LAS ACTUALIZA CON RETROACTIVIAD, ES SSIMPLEMENTE UN VENGADOR DE SU FAMILIAR TUPAMARO…… ES MENTIROSO CONTUMAZ. CONDENA DE «OIDAS» AUNQUE NO LE IMPORTE LA VIDA LE FACTURARA (como a todos nosotros) ESTAS RUINDADES BAJEZAS Y ARROGANCIA OMNIPOTENTE CON LA QUE SE MUEVE COMO PEZ EN EL AGUA…… LA HISTORIA LO RECORDARA COMO LO QUE ES UN PICHI CON PODER.
Esa señora mediocre no tiene credibilidad como fiscal ya hubo muchas cosas que evidentemente demuestran que es una simple operadora del Partido Nocional, mentirosa, peligrosa para el sistema judicial y la democracia en nuestro pais ya debe ser cesada
Ferrero ha sido amenazada por los narcos Por si solo merece un voto de confianza
Hay narcos en todos los partidos y es claro que la quieren sacar