Jorge Gandini aseguró que ni él ni su esposa fueron citados por la Justicia y sostuvo que Pablo Leiva, condenado por lavado de activos, concurría al local de cobranzas de su esposa para pagar recibos de BPS y DGI. Anunció que pedirá acceso a la carpeta fiscal y que pondrá a su familia y al comercio a disposición de Fiscalía y JUTEP.
El exsenador nacionalista y actual director vocal de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Jorge Gandini, afirmó este martes que él, su esposa y las funcionarias del local de cobranzas de su propiedad no tienen “nada que ocultar” y negó cualquier vinculación con las actividades ilícitas por las que fue condenado Pablo Leiva, exasesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez.
Gandini realizó estas declaraciones durante una conferencia de prensa convocada luego de que trascendiera que la Policía investiga si una sucursal de una red de cobranzas vinculada a su esposa pudo haber sido utilizada dentro de un esquema de lavado de activos en el marco de la operación Trazador.
La investigación policial y fiscal derivó la semana pasada en la incautación de drogas, dinero, armas y otros elementos en una vivienda de Brazo Oriental. Leiva fue posteriormente condenado a dos años y seis meses de penitenciaría por lavado de activos y tráfico interno de municiones.
El nombre de Gandini apareció en la investigación debido a que el local de cobranzas figura a nombre de su esposa, Laura Scalabrino Muga, y fue declarado como bien ganancial en la declaración jurada del dirigente.
Durante su exposición, Gandini aseguró que tomó conocimiento de la situación a través de la prensa y que ni él ni su esposa habían recibido hasta el momento ninguna citación o notificación policial o fiscal.
“Quiero decir que no he tenido ni yo, ni mi esposa, ni las funcionarias o empleadas del local de la red de cobranzas ninguna citación ni notificación de actuación policial o fiscal alguna”, afirmó.
“Es un cliente más”
Según explicó Gandini, su esposa es titular de la franquicia desde hace 13 meses y el comercio funciona principalmente como un local de pagos y cobranzas, además de desarrollar actividades menores y contar con servicios vinculados al cambio.
El dirigente sostuvo que Leiva era conocido por los empleados del establecimiento como un cliente habitual de la zona desde antes de que su esposa asumiera la titularidad del local.
“Es un cliente más que llega a la ventanilla y que paga”, señaló.
De acuerdo con la versión de Gandini, Leiva concurría habitualmente para pagar recibos correspondientes al Banco de Previsión Social (BPS) de dos pequeñas empresas constructoras y, en alguna oportunidad, también habría realizado pagos a la Dirección General Impositiva (DGI).
El dirigente negó específicamente que Leiva hubiera utilizado el local para cambiar dólares o pesos con el objetivo de lavar dinero.
“Quizás esas facturas tengan que ver con alguna actividad que tiene como destino blanquear dinero, yo no lo sé. Pero ahí lo que se hace es cobrar facturas como la de cualquiera”, sostuvo.
Gandini afirmó que las operaciones quedan registradas y que el establecimiento cuenta con mecanismos de control de la red de cobranzas y con registros audiovisuales.
Según detalló, el local dispone de 14 cámaras, 11 de ellas pertenecientes directamente a la red central, que registran y archivan los movimientos realizados en el comercio.
“Todo y absolutamente lo que se hace, y lo que no se hace, allí está registrado”, aseguró.
Los pagos en efectivo
Durante la conferencia, los periodistas consultaron a Gandini por información según la cual Leiva habría realizado pagos en efectivo por montos elevados y, en algunas ocasiones, habría solicitado cambio de billetes.
El dirigente sostuvo que el pago en efectivo está contemplado por la regulación y negó que las operaciones realizadas por Leiva hubieran generado una alerta dentro de la red.
Según explicó, los montos mencionados correspondían al acumulado de recibos de las empresas y no necesariamente a una única factura.
Gandini insistió en que las operaciones que se realizan en el local están sometidas a controles y que, cuando una operación requiere documentación adicional de acuerdo con la normativa vigente, los procedimientos correspondientes deben ser activados.
También rechazó que Leiva hubiera concurrido al local para realizar operaciones de cambio de moneda.
“Le puedo decir con absoluta claridad que nunca cambió”, afirmó ante una pregunta sobre si el condenado había comprado o vendido dólares en el establecimiento.
Sobre los pedidos ocasionales de “cambio chico”, explicó que se trataba, según la información que recibió de las empleadas, de situaciones en las que Leiva llevaba parte del dinero en billetes de menor denominación y las cajeras necesitaban disponer de efectivo para las operaciones habituales.
Gandini sostuvo que esa circunstancia, por sí sola, no constituye un indicio de una actividad ilícita y volvió a reclamar que toda la información sea puesta a disposición de la Justicia.
A disposición de Fiscalía y Jutep
El dirigente anunció durante la conferencia que tanto él como su esposa y las trabajadoras del local se encuentran a disposición de la Fiscalía.
También manifestó su voluntad de comparecer ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), organismo ante el cual presenta sus declaraciones patrimoniales por su condición de persona políticamente expuesta.
“Me pongo a disposición de la Fiscalía, se pone mi esposa, se ponen las empleadas, particularmente la encargada del local, a disposición de la Justicia”, expresó.
Gandini sostuvo que la situación resulta especialmente molesta porque involucra públicamente a su esposa, quien, según destacó, nunca desarrolló actividad política ni tuvo exposición pública.
Afirmó que el patrimonio familiar se encuentra declarado y que la adquisición de la franquicia fue realizada con ahorros y créditos que actualmente están siendo pagados.
“Mi vida es absolutamente transparente, lo bueno y lo malo, lo que tengo, lo que tuvimos, lo que nos ganamos con nuestro laburo, que laburamos, y lo que heredamos por sucesión y lo que tenemos está todo registrado”, manifestó.
Acceso a la carpeta fiscal
Por otra parte, Gandini confirmó su intención de solicitar formalmente acceso a la carpeta fiscal para conocer si su nombre y el de su esposa aparecen mencionados en la investigación.
El dirigente cuestionó que información vinculada a una investigación que tiene carácter reservado haya trascendido públicamente y sostuvo que tiene derecho a conocer si existe alguna referencia a él o a su familia dentro del expediente.
“Yo quiero saber si estoy nombrado en esa carpeta”, señaló.
También reclamó conocer cómo información proveniente de una pericia de teléfonos celulares o de la investigación policial llegó a los medios de comunicación.
“Quiero ver quién nos mencionó porque alguien nos vinculó a eso”, afirmó. Gandini aseguró que no pretende impedir la investigación y que, por el contrario, quiere que la Justicia avance sobre todos los aspectos del caso.
“No tengo problemas, pero también quiero que llegue hasta el hueso en todo”, sostuvo.
El vínculo con Gonzalo Gómez
Otro de los ejes de la conferencia fue su relación política con el edil Gonzalo Gómez, cuyo exasesor Pablo Leiva fue condenado en el marco de la operación Trazador.
Gandini reconoció que conoce a Gómez desde hace años y que el actual edil se formó políticamente en su entorno. También señaló que dos de los asesores que trabajan con Gómez fueron recomendados por su sector.
Sin embargo, afirmó que él no conocía personalmente a Leiva y que nunca tuvo trato con él.
Gómez se encuentra actualmente en China y, según Gandini, ya comunicó al presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, que se pondrá a disposición de las autoridades partidarias cuando regrese al país.
Gandini dijo no tener información sobre eventuales transferencias de dinero realizadas por Leiva a Gómez o a su sector político y aseguró que las operaciones vinculadas a sus campañas electorales fueron rendidas ante la Corte Electoral y aceptadas sin observaciones.
“No sabemos quién es Leiva”, afirmó al ser consultado sobre si podía asegurar que el condenado hubiera realizado aportes económicos a la lista 250.
En ese sentido, sostuvo que las personas que participan de una estructura política pueden ser desconocidas para quienes están en los niveles superiores de una organización y que es posible que alguien defraude la confianza de quienes lo rodean.
Gandini también fue consultado por Lucio Leiva, hijo de Pablo Leiva y quien también había trabajado como asesor en la Junta Departamental de Montevideo.
El joven fue detenido durante el procedimiento, pero posteriormente quedó en libertad.
El dirigente dijo que lo conoce como militante de la lista 250 y de la juventud del sector y que le tiene “gran aprecio”. Señaló que, al haber quedado en libertad después de ser interrogado por la Fiscalía, presume que los investigadores no encontraron elementos para vincularlo con los delitos investigados.
No obstante, aclaró que no conoce la carpeta fiscal y que no puede establecer cuáles fueron los fundamentos concretos de esa decisión.
La respuesta política
Gandini aseguró que no se considera responsable por los hechos atribuidos a Leiva y sostuvo que no corresponde que comparezca ante el Tribunal de Ética del Partido Nacional mientras no exista una acusación en su contra.
“Hoy lo que tengo es una referencia de prensa a la que estoy respondiendo. No tengo ningún llamado ni referencia de la Fiscalía, de la Justicia ni de nada”, afirmó.
Al mismo tiempo, dijo que es un dirigente “muy orgánico” del Partido Nacional y que, si en algún momento fuera formalmente acusado de alguna conducta, se sometería a las autoridades partidarias.
Sobre Gómez, señaló que será el Directorio nacionalista el que determine si corresponde adoptar alguna medida, convocarlo o remitir sus actuaciones al Tribunal de Ética.
