Desde hace unos meses, las pancartas y carteles con la proclama “Mides no paga” colocados en las fachadas de varios residenciales del país comenzaron a mezclarse con el paisaje urbano. Aunque con el transcurso de las semanas muchos de estos carteles fueron retirados tras promesas de regularización, el problema de fondo sigue latente.
Las deudas acumuladas por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) continúan sin solventar completamente, desatando un efecto dominó que compromete la estabilidad financiera de instituciones privadas, la subsistencia de miles de trabajadores y la operatividad de los programas de contención social en todo el territorio nacional.
La dimensión del conflicto es estructural. En la actualidad, el MIDES mantiene convenios vigentes con al menos 300 organizaciones de la sociedad civil (OSC), fundaciones y asociaciones privadas a nivel nacional. Un porcentaje sustancial de estas entidades reporta retrasos crónicos en la recepción de las partidas presupuestales que van de los dos a los cuatro meses.
Esta parálisis en la transferencia de recursos ahoga el funcionamiento de refugios nocturnos, centros de atención 24 horas, hogares de salud mental y residenciales de adultos mayores, justo en momentos de alta exigencia comunitaria.
Las Organizaciones no Gubernamentales y fundaciones que gestionan la red de centros nocturnos y dispositivos de 24 horas para personas en situación de calle reportaron un desfasaje de entre dos y tres meses en el giro de los fondos ministeriales. Este retraso impacta de forma directa sobre más de 1.000 trabajadores del sector social, entre los que se encuentran educadores, psicólogos, trabajadores sociales, administrativos y personal de limpieza y mantenimiento.
Ante el agravamiento de la situación, los trabajadores tercerizados organizados en el Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga) resolvieron intensificar sus medidas de lucha. A principios de esta semana llevaron adelante un paro general de 24 horas acompañado de una concurrida movilización frente a la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
La medida buscó visibilizar la dramática coyuntura de operadores que acumulan hasta noventa días sin percibir sus haberes, licencias ni aguinaldos, al tiempo que continúan presentando guardia en centros desbordados y con cuadros de hacinamiento.
Voceros de SUTIGA confirmaron que la irregularidad en la liquidación de haberes no es un fenómeno aislado, sino una problemática persistente que se ha profundizado con el cambio de autoridades y el endurecimiento de las normas administrativas.
Desde el gremio se exige una solución estructural que afecta al personal tercerizado, proponiendo la creación de fondos de reserva, esquemas de fideicomiso o la absorción presupuestada directa de las planillas por parte del Estado para eliminar la intermediación de las ONG.
La parálisis financiera golpea con singular dureza a la atención de la población adulta mayor y con patologías de salud mental. La Asociación Integra de Residenciales, que agrupa a establecimientos de larga estadía para personas mayores (ELEAM), llegó a registrar una deuda acumulada por parte de la cartera que superó los 45 millones de pesos, correspondiente a plazos vencidos de marzo, abril y mayo.
La crisis de impagos estalló en un momento crítico de la agenda nacional. A fines de mayo de 2026, el Poder Ejecutivo decretó una alerta roja por personas en situación de calle ante las inclemencias climáticas, lo que exigió máxima capacidad de respuesta a la red asistencial.
En ese contexto, quedó expuesto el sistema: mientras las autoridades anunciaban refuerzos presupuestarios para contener la emergencia, la Asociación Integra de Residenciales denunciaba un pasivo superior a los 45 millones de pesos por parte del MIDES, que amenazaba con cortar la recepción de adultos mayores derivados, al tiempo que SUTIGA advertía sobre situaciones de hacinamiento en los refugios y la trágica muerte de un usuario en un centro de evacuación por un paro cardíaco, evidenciando las severas fricciones entre las prioridades declaradas y la realidad operativa del territorio.
Por otro lado, el ahogo financiero del MIDES no se restringe únicamente al ecosistema de las organizaciones sociales y la atención asistencial; los balances internos del organismo revelan un abultado mapa de pasivos con empresas públicas y proveedores corporativos privados del medio local.
El medio 970 Universal expuso a mediados de este año, abultados pasivos comerciales contraídas al cierre del primer trimestre del 2026: entre ellas está Antel: Según datos revelados, la empresa estatal de telecomunicaciones se posicionó como uno de los principales acreedores comerciales del MIDES, acumulando un retraso de cinco meses consecutivos en facturas de conectividad y telefonía por un total de $ 9.000.000.
Otra empresa es TAYM Uruguay S.A. La compañía dedicada a la gestión ambiental, mantenimiento edilicio y logística registró dos facturas impagas por un monto exacto de $ 9.125.424.
Por último, UCM (Unidad Coronaria Móvil): Según informó el mismo medio, la empresa de emergencia médica mantuvo dos meses pendientes de cobro por $ 1.793.692, correspondientes a la cobertura de salud en refugios y dependencias ministeriales.
La respuesta del MIDES
Frente a la escalada de reclamos sindicales, empresariales y gremiales, la postura oficial del Ministerio de Desarrollo Social ha oscilado entre el reconocimiento de las demoras operativas y la defensa irrestricta de los nuevos mecanismos de fiscalización.
El ministro Gonzalo Civila y las autoridades de la cartera han explicado que los retrasos en los giros de dinero no responden a una falta de disponibilidad presupuestal ni a un desinterés político, sino a la implementación de auditorías administrativas y financieras sensiblemente más estrictas sobre las rendiciones de cuentas que deben presentar las ONG e intermediarias.
Según la versión del MIDES, las partidas no pueden liberarse legalmente hasta que cada factura, planilla salarial e informe de gestión presentado por las fundaciones contratadas no sea debidamente auditado y validado por los servicios contables del Estado.
