Lo que comenzó como un duro golpe al narcotráfico en el marco de la Operación Trazador en el barrio Brazo Oriental de Montevideo terminó convirtiéndose en un hecho de honda repercusión pública, que salpicó a figuras ligadas a la política y desató un intenso debate con duros cuestionamientos en las redes sociales.
Es que, tras conocerse que la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) de la Policía Nacional logró incautar más de 265 kilogramos de sustancias estupefacientes valuadas en casi dos millones de dólares, además de armas de fuego, municiones, vehículos y sumas millonarias en efectivo, el impacto del operativo dio un vuelco institucional.
Entre los detenidos e imputados se encontraba Pablo Leiva, asesor rentado del edil del Partido Nacional (PN) Gonzalo Gómez, integrante de la Lista 250, sector liderado a nivel nacional por el exsenador y actual director de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Jorge Gandini.
El cese inmediato del asesor y el pedido de disculpas del edil no alcanzaron para frenar la onda expansiva. La controversia escaló peldaños en el ecosistema digital cuando la investigación judicial comenzó a indagar el recorrido del dinero y las transacciones realizadas por Leiva en un local de cobranzas propiedad de Laura Scalabrino, contadora y esposa de Gandini.
Aunque la causa no registra imputaciones contra Scalabrino ni contra el edil Gómez, la aclaración pública del propio Gandini, quien rechazó enfáticamente cualquier maniobra ilícita y aseguró que el condenado sólo acudía a pagar facturas de servicios, no impidió que las plataformas digitales se transformaran en el escenario de un juicio paralelo.
“Quiero decir que no he tenido ni yo, ni mi esposa, ni las funcionarias o empleadas del local de la red de cobranzas ninguna citación ni notificación de actuación policial o fiscal alguna”, aseguró el propio Gandini en conferencia de prensa. “Me pongo a disposición de la Fiscalía; se pone mi esposa, se ponen las empleadas, particularmente la encargada del local, a disposición de la Justicia”, agregó.
Sin embargo, en cuestión de horas, X y otras redes sociales se convirtieron en la trinchera de una batalla de relatos. De un lado, usuarios y militantes de la oposición multiplicaron hashtags y placas informativas para instalar la narrativa de la penetración del crimen organizado en las estructuras partidarias. Del otro, dirigentes e integrantes del oficialismo salieron a cerrar filas, denunciando una campaña de linchamiento mediático-digital y apelando al rigor de los hechos judiciales frente a la velocidad del feed.
Reacción en redes sociales
Entre los primeros en salir al cruce y marcar la cancha en las plataformas digitales estuvo el senador nacionalista Sebastián Da Silva. En un mensaje publicado en su cuenta de X, el legislador buscó deslegitimar la ola de cuestionamientos dirigidos al Partido Nacional apuntando a la intencionalidad política de los usuarios y cuentas que impulsaban el tema durante el fin de semana:
«Los que tenemos vida, aprovechamos el domingo lindo. Hay otros que viven pendiente de los demás o le pagan para hacer esto. No se preocupen. Mañana seguiré siendo coherente. Es patético ser resentido. Trasladar su oscuridad y mediocridad al diario vivir . Entiéndalo, es su forma de ganarse la vida».
A la ofensiva lanzada por el senador Da Silva le siguió la respuesta directa del edil involucrado. A través de su cuenta en X, Gonzalo Gómez emitió un extenso comunicado desde China, donde se encontraba al momento de los operativos, para intentar fijar la posición oficial del sector, deslindar responsabilidades familiares y asumir un costo político personal.
Gómez remarcó enfáticamente que su amigo “Lucio”, trabajador de confianza, fue liberado por la Justicia sin ningún tipo de formalización, pidiendo públicamente que no se le atribuyeran responsabilidades por los delitos cometidos por su padre (Pablo Leiva).
Además, reconoció que el padre de Lucio se había incorporado «recientemente» a su equipo de trabajo en la Junta Departamental, asegurando que jamás sospechó de sus actividades ilícitas paralelas y anunciando su desvinculación inmediata.
«Asumo la responsabilidad que me corresponde por no haber sido suficientemente precavido al momento de incorporar a esta persona a mi equipo», expresó, al tiempo que pidió disculpas explícitas al Partido Nacional y a su agrupación.
Mientras tanto, en las filas del Frente Amplio, el senador Nicolás Viera realizó un posteo apuntando directamente contra el senador blanco Sergio Botana: “¿Dónde estás, Sergio Botana? No te leo diciendo que el FA protege a los narco y esa sarta de injurias que te gusta decir. ¡El mundo es redondo, no se puede escupir para arriba! Ojalá aprendas y te llames a la reflexión”, escribió.
Asimismo, la edila frenteamplista Julieta Sierra, a través de un mensaje en su cuenta de X, expuso la gravedad con la que la oposición observa las ramificaciones del caso y fue directamente contra el director de la ANP: “Lo de Gandini es alarmante, intento mantener prudencia y cautela para no hacer una de más con algo que parece ser gravísimo. Pero ‘casualmente’ un asesor del edil de su lista lavaba dinero exactamente en la casa de cambio que está a nombre de su esposa”.
“Sigo con cautela, pero estamos atentos a los acontecimientos y eventualmente insistiremos con tomar acciones, legislativas y políticas, que son las que están, en principio, a nuestro alcance. Entiendo que la cautela campea en las filas de sus correligionarios, pero en algún momento algo tendrán que decir”, sentenció.
