El narcotráfico no necesita conquistar un país para comenzar a condicionarlo. Le alcanza con controlar determinados territorios, penetrar circuitos económicos, reclutar jóvenes y encontrar debilidades institucionales que le permitan operar. Uruguay enfrenta el desafío de impedir que esas estructuras amplíen su influencia. Reconocer la gravedad del problema es necesario, pero insuficiente. La verdadera cuestión es qué capacidad tiene el Estado para enfrentarlo de manera sostenida.
Durante años, la discusión sobre seguridad ha quedado atrapada entre estadísticas, anuncios y respuestas posteriores a los episodios de violencia. Mientras tanto, las organizaciones criminales desarrollan estrategias que no dependen de los tiempos políticos. El narcotráfico es un negocio. Y como cualquier negocio ilegal de gran escala, necesita financiamiento, logística, distribución y mecanismos para proteger sus ganancias. Por eso, perseguir exclusivamente al vendedor de drogas de un barrio significa intervenir sobre el último eslabón de una estructura mucho más compleja. La pregunta que Uruguay debe responder no es solamente cuántos delincuentes detiene, sino cuántas organizaciones consigue desarticular.El dinero es parte central del problema. Una estrategia integral requiere colocar la investigación financiera en el centro de la respuesta estatal.
Los cargamentos incautados representan pérdidas para las organizaciones criminales, pero sus estructuras pueden sobrevivir mientras conserven capital, contactos y capacidad de reorganización. Investigar el lavado de activos, identificar patrimonios de origen ilícito y fortalecer la cooperación internacional resulta indispensable.Los puertos, las fronteras y las rutas comerciales requieren controles eficaces que permitan detectar operaciones criminales sin obstaculizar innecesariamente la actividad legítima. La respuesta policial resulta necesaria, pero debe acompañarse de educación, oportunidades laborales, atención social y presencia institucional permanente. Un operativo puede interrumpir una actividad criminal. Recuperar un barrio exige mucho más tiempo.El Estado debe permanecer donde interviene. De lo contrario, corre el riesgo de dejar intactas las condiciones que facilitaron la instalación de las organizaciones.
El desafío es impedir que el crimen organizado adquiera capacidad para condicionar la economía, la convivencia y las instituciones.
Uruguay no necesita acostumbrarse al narcotráfico ni limitarse a reconocer su existencia. Necesita una respuesta sostenida que enfrente sus estructuras y reduzca su poder. Porque cuando el Estado solamente administra las consecuencias del crimen organizado, deja sin resolver las condiciones que permiten su continuidad.
