El Directorio del Partido Nacional resolvió este lunes suspender durante dos años los derechos y obligaciones partidarias del edil de Montevideo Gonzalo Gómez y planteó que, durante ese período, debería apartarse del ejercicio de su cargo en la Junta Departamental.
La decisión fue adoptada por unanimidad y se produjo después de que el Directorio hiciera suyo el dictamen de la Comisión de Ética de la colectividad, que analizó la actuación del edil a partir de la contratación con fondos públicos de Pablo Leiva, quien posteriormente fue condenado por lavado de activos en una causa vinculada al narcotráfico y en las últimas horas ingresó al Penal de Libertad a purgar la pena de dos años de prisión. El caso adquirió una dimensión política y ética luego de que Gómez reconociera que Leiva había cobrado durante varios meses como asesor sin tener tareas asignadas. Según información publicada durante el desarrollo del caso, la retribución era de unos $ 52.000 nominales mensuales.
La resolución del Partido Nacional establece que la suspensión se adopta “en atención a la valoración ética efectuada” por la Comisión de Ética respecto de la contratación de un asesor con fondos públicos “sin que se verificara el cumplimiento de las tareas correspondientes”. El Directorio también tomó conocimiento del compromiso asumido por Gómez de restituir a la Junta Departamental de Montevideo las sumas destinadas al pago de los salarios correspondientes a las tareas que no fueron realizadas.
El presidente del Directorio nacionalista, Álvaro Delgado, calificó la decisión como una medida “severa, necesaria” y afirmó que el Partido Nacional “hace lo que tiene que hacer”. “En estos temas no le va a temblar la mano ni va a esconder debajo de la alfombra”, sostuvo el dirigente al explicar la resolución adoptada por la conducción partidaria.
Durante la conferencia de prensa posterior a la reunión del Directorio, Delgado fue enfático en diferenciar la situación de Gómez de la causa penal por la que fue condenado Leiva. “Todos sabemos que el edil Gonzalo Gómez no está ni investigado, ni implicado, ni indagado en un tema penal”, afirmó. Según el presidente nacionalista, el edil adoptó “una decisión equivocada” al contratar a una persona cuya actividad ilícita, según aseguró, desconocía. Pero, además, sostuvo que el propio Gómez reconoció que el asesor no cumplía tareas. “Para nosotros es un tema ético y por eso se derivó a la Comisión de Ética”, explicó.
La distinción adquiere particular importancia en el caso, dado que la sanción partidaria no atribuye a Gómez participación en las actividades delictivas por las que Leiva fue condenado, sino que se refiere específicamente a la contratación y al pago de recursos públicos por tareas que no fueron realizadas.
Los antecedentes
El caso se originó después de que se conociera la condena de Leiva y posteriormente Gómez reconociera que lo había contratado desde diciembre de 2025, aunque no había llegado a asignarle las tareas previstas. El edil explicó que la contratación había surgido a partir de la recomendación de Lucio Leiva, hijo de Pablo Leiva, con quien mantenía una relación personal y de confianza. Gómez sostuvo que desconocía las actividades ilícitas de quien había incorporado como asesor y reconoció como un error no haber adoptado mayores recaudos en el proceso de contratación. Antes de la resolución del Directorio, Gómez había solicitado licencia en la Junta Departamental mientras el Partido Nacional analizaba su situación.
Consultado sobre cuánto dinero deberá restituir Gómez, Delgado dijo que todavía no contaba con el monto exacto. “Hay que ver cuánto se le pagaba exactamente y desde cuándo estaba contratado”, explicó.
El presidente del Directorio señaló, no obstante, que el edil ya había enviado una nota comunicando su voluntad de devolver a la Junta Departamental el dinero destinado a pagar a un asesor por tareas que no cumplía. “Me parece que también es un gesto importante”, sostuvo Delgado.
La resolución partidaria plantea así dos consecuencias diferenciadas: por un lado, la suspensión de Gómez de sus derechos y obligaciones partidarias durante dos años y la recomendación de apartarse de su banca; por otro, el reintegro a la Junta Departamental de las sumas vinculadas a las tareas que no fueron realizadas. El Partido Nacional sostuvo en su declaración que la resolución reafirma su compromiso con los principios de “responsabilidad, transparencia y correcta administración de los recursos públicos”, además del cumplimiento de las obligaciones éticas que deben regir la conducta de quienes representan a la colectividad.
Delgado cuestionó al Frente Amplio
La resolución partidaria también derivó en un nuevo intercambio político con el Frente Amplio. Delgado cuestionó las declaraciones del presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, quien había planteado ante dirigentes de otros partidos la necesidad de discutir mecanismos vinculados al financiamiento de las organizaciones políticas.
El presidente del Partido Nacional reclamó al Frente Amplio que aplique internamente los mismos criterios que exige a las demás colectividades.
“Me gustaría ver a otros partidos actuar con la misma rapidez, con la misma vara ética que actúa el Partido Nacional ante situaciones que no son ilícitas, pero que no están bien desde el punto de vista ético”, afirmó. Delgado sostuvo además que el oficialismo debería “mirarse a sí mismo” antes de cuestionar al Partido Nacional y vinculó la discusión con la aplicación de la ley de financiamiento de los partidos políticos, aprobada en 2024.
El dirigente recordó que la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas solicitaron recursos adicionales para fortalecer los controles sobre el financiamiento partidario y afirmó que el Partido Nacional y la Coalición Republicana respaldaron esos planteos presupuestales, pero que no contaron con los votos del Frente Amplio. “Siempre estamos para mejorar las cosas, pero para plantear los temas hay que tener autoridad moral y ser consecuente entre lo que uno hace y lo que uno dice”, sostuvo.
Revisión del sistema de asesores
El episodio también abrió dentro del Partido Nacional una discusión más amplia sobre el funcionamiento del régimen de asesores de la Junta Departamental de Montevideo. El presidente de la Comisión Departamental de Montevideo del PN, Martín Lema, anunció que se realizará una “revisión total del sistema”, con el objetivo de identificar eventuales problemas y formular propuestas que permitan aumentar la transparencia. Lema explicó que convocó a los ediles nacionalistas a una reunión y les planteó la necesidad de analizar el funcionamiento del régimen vigente, además de establecer contactos con representantes de otros partidos.
Un equipo de abogados ya comenzó a revisar la normativa para establecer el origen y la evolución del actual sistema, que, según indicó Lema, tiene aproximadamente 25 años.
