La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, presentó ante la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) los principales lineamientos de su gestión.
Paseyro estructuró su exposición en torno a siete “mitos” que, a su entender, simplifican una realidad mucho más compleja. La ministra sostuvo que Uruguay necesita construir viviendas, pero advirtió que “no todas las necesidades habitacionales se resuelven de la misma manera”. Como ejemplo mencionó el caso de una mujer que vive sola con sus hijos, tiene ingresos y paga regularmente su alquiler, pero enfrenta dificultades para acceder al mercado formal por las garantías, depósitos y requisitos exigidos.
Según los datos presentados por Paseyro, uno de cada tres hogares inquilinos del país destina más del 30% de sus ingresos a la vivienda. En el primer quintil de ingresos, los hogares destinan en promedio 37,6% de sus recursos al pago del alquiler, aproximadamente el doble que en el quintil de mayores ingresos. Ante esa situación, el Ministerio puso en marcha el programa Abriendo Puertas a Alquiler, que inicialmente ofrece viviendas públicas con valores accesibles y posibilidad de subsidio a la cuota. El primer llamado priorizó a hogares monoparentales y jóvenes que buscan su primera vivienda.
La ministra destacó que más de ocho de cada diez hogares monoparentales están a cargo de mujeres y señaló que las dificultades de acceso a la vivienda también tienen consecuencias sobre la autonomía económica y las condiciones de vida de niños y niñas. El primer llamado comprende 75 unidades en Montevideo, Tacuarembó y Artigas. La meta planteada para 2029 es alcanzar 3.300 soluciones mediante alquiler de vivienda pública y subsidios parciales para alquiler en el mercado privado.
A mediados de octubre, además, el Ministerio prevé lanzar junto al Banco Hipotecario del Uruguay el programa Abriendo Puertas Primera Vivienda, destinado a hogares que tienen capacidad de pago pero necesitan mejores condiciones para acceder a una propiedad. El mecanismo combinará préstamos del BHU con la posibilidad de subsidios a la cuota otorgados por el Ministerio.
Asentamientos y más recursos
El segundo “mito” cuestionado por Paseyro refiere a la idea de que el éxito de la política sobre asentamientos se mide exclusivamente por la cantidad de asentamientos que desaparecen de los registros.
La ministra puso como ejemplo la intervención en Piedras Blancas, donde viven más de 500 familias en los asentamientos Los Milagros y La Esperanza.
Unas 100 familias viven en zonas expuestas al riesgo de inundación y serán relocalizadas en viviendas construidas dentro del mismo barrio, pero fuera del área inundable. De esas 100 viviendas, 28 ya fueron entregadas.
Paseyro señaló que Uruguay tiene actualmente 667 asentamientos irregulares activos registrados, donde viven unas 193.000 personas. Desde 2025 hasta la fecha, las intervenciones de integración social y urbana alcanzaron a 10.250 hogares, entre proyectos terminados y en ejecución, según informó.
Vivienda y pobreza
El tercer planteo de la ministra fue que la política habitacional no puede funcionar de manera aislada de otras políticas públicas.
Paseyro sostuvo que una familia puede recibir atención sanitaria, educativa o social, pero que esos esfuerzos pueden verse limitados si las condiciones de la vivienda continúan siendo inadecuadas. En particular, vinculó las condiciones habitacionales con la pobreza infantil, el hacinamiento, los problemas de vivienda y la falta de saneamiento.
En ese marco, definió a la vivienda como una “política pivot”, capaz de contribuir a que otras políticas públicas alcancen mejores resultados.
Como ejemplo mencionó Crece desde el pie, dirigido a hogares con mujeres embarazadas, niños y niñas de hasta tres años en situación de alta vulnerabilidad. El Ministerio de Vivienda aporta la solución habitacional, que puede consistir en una mejora de la vivienda existente, un módulo de emergencia o un subsidio de alquiler, mientras el Ministerio de Desarrollo Social realiza el acompañamiento social.
El programa está operativo actualmente en nueve departamentos, con 83 soluciones entregadas. La previsión es que tenga cobertura nacional en 2027 y alcance 1.200 soluciones en 2029. El Ministerio también concretó la licitación de 300 módulos de emergencia habitacional.
La articulación interinstitucional también está en la base del programa Más Barrio, que busca intervenir de manera integral en zonas donde se concentran problemas de vivienda y hábitat junto con situaciones de vulnerabilidad social, seguridad y convivencia.
Para el quinquenio fueron identificadas 21 zonas prioritarias a partir del cruce de información sobre delitos violentos, condiciones de hábitat, vulnerabilidad social y necesidades básicas insatisfechas.
La primera etapa comenzó en Cerro Norte, Las Piedras, San Antonio en Maldonado, Las Higueras en Durazno y La Colina en Rivera.
Vivienda como inversión
Otro de los “mitos” cuestionados fue considerar la vivienda social exclusivamente como un gasto. Paseyro sostuvo que la inversión habitacional también moviliza empleo, empresas constructoras, proveedores, transporte y servicios profesionales.
El Ministerio tiene proyectados 26 edificios de vivienda pública hacia 2030, con una inversión aproximada de US$ 115 millones. La ministra destacó además el peso del cooperativismo. Desde el inicio de la actual administración y hasta junio de este año se terminaron más de 3.000 viviendas cooperativas y existen más de 5.800 en ejecución. El programa concentra más del 50% de los recursos del Ministerio.
También resaltó el impacto del régimen de vivienda promovida, que desde su creación en 2011 movilizó más de US$ 5.171 millones y permitió la construcción de unas 32.500 viviendas. El año 2025 fue récord, con 326 proyectos ingresados, correspondientes a 15.281 viviendas, 32% más proyectos que en 2024.
Innovación y construcción en madera
Paseyro también rechazó la idea de que no vale la pena innovar en la construcción de vivienda de interés social. Como ejemplo mencionó la utilización de madera y señaló que desde la primera experiencia desarrollada en Rivera en 2011 se construyeron más de 1.000 viviendas sociales en madera dentro del sistema público. Entre las experiencias actuales destacó un conjunto de 64 viviendas en Tarariras y otro proyecto en Rivera.
El sexto eje de la exposición estuvo vinculado al ordenamiento territorial. Paseyro sostuvo que no se trata solamente de definir dónde se puede construir, sino de anticipar cómo crecerán las ciudades y dónde estarán ubicados el trabajo, el transporte, la educación y los servicios.
Como ejemplo mencionó a Ciudad Vieja, que perdió más del 60% de su población en las últimas cinco décadas, mientras otras zonas urbanas continúan expandiéndose.
