La seguridad pública en el Uruguay de las últimas 72 horas ha vuelto a poner en evidencia una dualidad tan compleja como preocupante. Por un lado, la sangrienta disputa entre bandas de la delincuencia organizada que operan en los barrios populares de Montevideo deja una seguidilla de homicidios en márgenes de tiempo alarmantemente breves. Por otro lado, la irrupción del crimen en las zonas de mayor poder adquisitivo expone los vertiginosos vericuetos del crimen financiero, donde el dinero en efectivo sirve como nexo entre el hampa callejera y tramas internacionales de lavado de activos.
Este panorama, que combina ejecuciones en la vía pública, emboscadas con armas blancas y atracos multimillonarios a la luz del día, se encuadra además en un contexto oficial marcado por números contrastantes: mientras los delitos contra la propiedad muestran una tendencia general a la baja, los crímenes letales y el uso de armas de fuego continúan registrando un aumento sobretodo en el área metropolitana.
Uno de los hechos más llamativos y de mayor repercusión mediática de las últimas jornadas ocurrió en el corazón comercial y residencial del barrio Punta Carretas/Pocitos, específicamente en la intersección de las calles 21 de Setiembre y Ellauri. Un hombre se desplazaba a pie por la vía pública trasladando un abultado paquete en una bolsa de mano con destino a un local de cobranzas de la red Abitab para concretar un depósito bancario.
En ese trayecto, fue interceptado por delincuentes armados que, tras propinarle un fuerte golpe en la cabeza con la culata de un arma, le sustrajeron la totalidad del efectivo y se dieron a la fuga a toda velocidad. Aunque inicialmente se informó a las autoridades policiales que el monto sustraído ascendía a 11.000 dólares, las posteriores ampliaciones de la denuncia y las pericias de la investigación fijaron la suma robada en 20.000 dólares en efectivo.
Sin embargo, el verdadero giro del caso se produjo cuando los investigadores de la Jefatura de Policía de Montevideo y la Fiscalía identificaron formalmente a la víctima del atraco como Daniel Pérez Montero, conocido empresario financiero y expropietario del extinto Cambio Aspen. Al cruzar información con los registros del Banco Central del Uruguay (BCU) e inteligencia financiera internacional, salieron a la luz graves antecedentes vinculados a la delincuencia económica.
Entre las sanciones, esta una en Uruguay donde Cambio Aspen fue multada por el BCU tras detectarse vulneraciones en las normativas de prevención de lavado de activos y reporte de operaciones sospechosas, su procesamiento en la justicia argentina en la causa conocida como «La ruta del dinero K», actualmente en etapa de casación, acusado de intermediar en el lavado de sobornos provenientes de tramas de corrupción en la obra pública e infraestructura vial, e investigaciones abiertas en Brasil por presunto tráfico internacional de divisas.
La principal hipótesis que maneja el Departamento de Delitos Económicos e Investigaciones es que los asaltantes contaban con «información privilegiada» sobre los movimientos de efectivo que realizaba el empresario en una bolsa de mano, al tiempo que se investiga el origen, la trazabilidad y la legalidad del dinero que se pretendía bancarizar a través de redes de pago descentralizadas.
Cuatro homicidio en pocas horas
Paralelamente al episodio ocurrido en la zona costera, el área metropolitana atravesó una jornada de extrema violencia letal entre la tarde y la noche del martes, registrándose cuatro asesinatos en Montevideo, tres de los cuales se perpetraron en un lapso menor a una hora. Primero, en las inmediaciones de Larravide y Agaces, en el barrio Villa Española, un joven de 24 años resultó víctima de un ataque ejecutado por un grupo de tiradores.
Según testigos, una camioneta blanca irrumpió en la zona y de ella descendieron tres hombres armados que abrieron fuego de forma indiscriminada contra las personas que se encontraban en el lugar. La víctima, identificada como integrante de la estructura criminal Los Puglia, banda con fuerte arraigo en el microtráfico de la zona, recibió múltiples disparos en el pecho.
Posteriormente, fue trasladado de urgencia por su propia hermana al Hospital Pasteur, donde se constató su deceso. El joven poseía antecedentes penales por delitos de drogas y estuvo presente la noche en que el clan fue emboscado a balazos en las inmediaciones del Parque Rodó, evento en el que trágicamente murió un niño de 12 años a quien la propia víctima había trasladado al centro asistencial. Este grupo criminal presenta además nexos con el narcotraficante uruguayo Andrés Migales, ejecutado recientemente en Buenos Aires.
Apenas quince minutos después, en el barrio Colón, la Policía fue alertada por un ataque armado dentro de una vivienda precaria. En el interior del inmueble se halló el cuerpo sin vida de un joven de 18 años con un impacto directo de arma de fuego en la cabeza. En la escena del crimen, la Policía Científica recabó 9 casquillos percutidos de calibre 9 milímetros. De acuerdo a las declaraciones de familiares, un hombre encapuchado irrumpió en la vivienda, disparó a quemarropa y huyó rápidamente del lugar a bordo de una motocicleta.
Sobre el final del día, en el cruce de Teniente Rinaldi y Azotea de Lima, una joven de 27 años (con dos antecedentes penales) fue acribillada a balazos. La víctima fue trasladada en moto por particulares hacia la Policlínica de Capitán Tula, donde falleció a los pocos minutos de su ingreso. La línea de investigación apunta a un enfrentamiento de larga data entre la familia de la mujer y al menos cuatro individuos de la zona, vinculados al control de disputas territoriales y cobro de cuentas.
No obstante, previo a la seguidilla de ataques nocturnos, en la intersección de las calles Japón y Vigo (barrio Cerro), un hombre de 36 años fue atacado por tres sujetos que descendieron de un automóvil. La víctima intentó huir a pie pero fue alcanzada a los pocos metros y apuñalada reiteradamente con armas blancas. Aunque logró ser llevado al Hospital del Cerro, falleció producto de la gravedad de las heridas. Tras el ataque, las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior permitieron rastrear el vehículo utilizado hasta un asentamiento en las inmediaciones del Estadio Olímpico de Rampla Juniors, en la calle Egipto al final. Allí las fuerzas policiales incautaron el automóvil para peritajes de huellas dactilares y biológicas, y lograron la detención de un joven de 19 años que quedó imputado a disposición de la Fiscalía de Homicidios.
