El miércoles 14 de octubre, el presidente Yamandú Orsi firmó con la empresa española Solaria Energía y Medio Ambiente el acuerdo que el gobierno presentó como la mayor inversión de la historia del país. Por la empresa firmó Arturo Díaz-Tejeiro, su consejero delegado. Mientras acá se habla de empleos, en España la compañía arrastra reclamos de contratistas y una serie de rechazos oficiales a sus proyectos.
El anuncio
Según Presidencia, de los US$ 5.700 millones, US$ 5.500 irán a un parque de centros de datos de 500 megavatios en zona franca y US$ 200 a instalar 350 megavatios de energía solar para abastecerlo. La generación estará en Florida; los centros de datos empezarán en Canelones y seguirán en San José. El gobierno estima 3.100 puestos de trabajo durante la construcción, hacia 2029, y 1.500 permanentes.
Arturo Díaz-Tejeiro, el hombre que firmó con Orsi
Su nombre completo es José Arturo Díaz-Tejeiro Larrañaga, aunque en España se lo conoce como Arturo. Es el consejero delegado de Solaria, es decir, el director ejecutivo que conduce la gestión diaria de la compañía. Según su perfil corporativo, es ingeniero superior industrial, tiene un MBA del Instituto de Empresa, una de las escuelas de negocios más conocidas de Madrid, y se especializó en energía solar en la UNED, la universidad pública a distancia de España.
Es uno de los tres hijos de Enrique Díaz-Tejeiro Gutiérrez, quien fundó Solaria en 2002 junto a su esposa y sus hijos, y que todavía la preside. Arturo integra el consejo de administración, el órgano que dirige la empresa, y en agosto fue reelegido como consejero ejecutivo.
Además, es uno de los principales accionistas. Según los registros del regulador bursátil español, tiene el 8,8 % de los votos. En 2020, el diario El Español informó que no cobraba por su cargo ejecutivo y que había renunciado a los 75.000 euros anuales que le correspondían como miembro del consejo.
En los últimos años, la empresa cambió de rumbo. En 2024 creó una filial de centros de datos y hoy se presenta como compañía de “infraestructura, energía y centros de datos”. Al presentar en Londres su plan de inversiones hasta 2028, Arturo Díaz-Tejeiro dijo que Solaria avanza hacia un operador “integral de energía y digital”. La empresa cotiza en la bolsa de Madrid desde 2007 y desde 2020 integra el Ibex 35, el grupo de las 35 empresas más importantes del mercado español.
Las preguntas en Uruguay
Diario La R recogió dudas que el anuncio no despejó: cuánto capital pone la empresa, que en 2025 facturó unos 303 millones de euros; qué condiciones tiene el contrato de energía con UTE de hasta 40 años que Solaria informó en España; cuánta agua usarán los centros de datos y qué impuestos no pagará por estar en zona franca. El diputado colorado Felipe Schipani presentó un pedido de informes con 95 preguntas.
Los reclamos de los contratistas
El primer frente abierto en España está en Guadalajara, una provincia a unos 60 kilómetros al noreste de Madrid. Allí, cerca de los pueblos de Budia y Trillo, Solaria levantó grandes complejos solares. Para construirlos contrató a empresas más chicas, entre ellas Izmar Energy.
En enero de 2024, según el portal español Merca2, Izmar presentó tres denuncias penales contra Solaria en los juzgados de Guadalajara. Reclamaba unos dos millones de euros por trabajos que, según dijo, nunca le pagaron, y acusaba a la empresa de estafa, coacciones y falsedad en los contratos. Sostenía, además, que Solaria había dividido un complejo de 338 megavatios en plantas de menos de 50 megavatios. Ese límite es clave en España: por debajo de él, los permisos los otorga el gobierno regional y no el nacional.
Ese mismo mes, Izmar y otras 15 constructoras llevaron el caso a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el organismo que controla a las empresas que cotizan en bolsa, informó el diario Vozpópuli. Según su relato, Solaria firmaba contratos, los cambiaba, los rescindía con cualquier excusa y cobraba las garantías que habían dejado las contratistas, sin pagar lo trabajado. En total reclamaban más de 60 millones de euros.
Solaria respondió que esas firmas no cumplieron sus contratos y que las había demandado por mala fe. Tras la noticia, la acción cayó con fuerza y Arturo Díaz-Tejeiro compró 90.000 títulos, un gesto que la empresa presentó como señal de confianza. Hasta donde pudo verificarse, ninguna de las acusaciones tiene sentencia.
El rechazo en el País Vasco
El segundo frente está en el País Vasco, una de las comunidades autónomas de España, en el norte del país, con gobierno propio. Allí Solaria impulsó Zierbena Solar, su proyecto más grande en la región: 29 parques solares, más de 300.000 paneles y una inversión superior a 100 millones de euros.
Los parques iban a ocupar unas 2.000 hectáreas, unos 20 kilómetros cuadrados, en una veintena de municipios de Álava, la provincia del sur del País Vasco, cuya capital es Vitoria. La energía iba a viajar por una gran línea de alta tensión hasta Zierbena, un pequeño municipio costero pegado al puerto de Bilbao, la principal ciudad vasca.
El 31 de julio, el Gobierno Vasco rechazó 19 de esos parques, con unos 920 megavatios, informaron elDiario.es y pv magazine. El motivo fue que vencieron los permisos para conectarse a la red eléctrica que había otorgado Red Eléctrica de España, la empresa que maneja la red de alta tensión del país. La resolución también señaló que no se cumplieron los plazos ambientales. Antes ya habían sido rechazados los parques 3 y 4.
Solaria se defendió en la Justicia con recursos contra la administración vasca, a la que acusó de no avanzar con la evaluación ambiental. El gobierno respondió que esos juicios no frenan el vencimiento de los permisos y recordó que fue la propia empresa la que pidió dos veces detener el trámite. Hoy solo sigue en trámite uno de los parques del plan.
El rechazo de los vecinos y productores
Unas veinte organizaciones, entre ellas el sindicato agrario UAGA (Unión de Agricultores y Ganaderos de Álava), y la plataforma vecinal Araba Bizirik, presentaron 7.200 objeciones formales por la pérdida de tierras de cultivo.
En marzo de este año, UAGA denunció que Solaria dividía las instalaciones para que las evaluara un organismo distinto. Ecologistas en Acción, una de las principales organizaciones ambientales de España, ya había hecho una denuncia parecida en 2021.
En setiembre, Solaria pidió autorización para dos nuevos parques cerca de Vitoria, con más de 23.000 paneles.
Lo que viene en Uruguay
El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo que Solaria trabaja en Uruguay desde hace una década sin problemas y que UTE “no va a perder dinero”. La ministra de Industria, Fernanda Cardona, defendió la “robustez” de la empresa. Ahora la compañía debe comprar los terrenos y presentar los proyectos al Ministerio de Ambiente.
