Lo que empezó a circular como “la ley de los 60 años para jubilarse” no significa que los uruguayos vuelvan a retirarse a esa edad como antes de la reforma de 2023. La edad normal de retiro sigue siendo 65 años. Lo que propone el Poder Ejecutivo es una causal de retiro anticipado: una puerta que se puede abrir a los 60, con al menos 30 años de servicios, pero con condiciones. Quien la use cobrará una jubilación más baja que si espera a los 65, salvo el 30% de trabajadores de menores ingresos, y no podrá seguir trabajando.
El gobierno salió a explicar el alcance del proyecto. El lunes 19 lo presentó a la bancada de senadores del Frente Amplio y a integrantes de la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, y ayer martes 20 el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, lo expuso ante el Secretariado del FA en la Huella de Seregni.
Lo que la ley no es
No es obligatoria: cada persona decide si se retira antes o espera. No baja la edad normal de jubilación, que se mantiene en 65 años. No paga lo mismo: para la mayoría, adelantar el retiro implica cobrar menos. No permite combinar jubilación y trabajo, algo que sí seguirá siendo posible para quienes se jubilen a los 65. Y no es un beneficio para un sector en particular: es de acceso general.
Qué dice el proyecto
El texto fue remitido a la Asamblea General el 16 de octubre y recoge recomendaciones del Diálogo Social que coordinó la OPP entre julio de 2025 y abril de 2026. La exposición de motivos define la nueva causal como “un mecanismo general de acceso, aunque concebido para un uso excepcional”.
Para acceder hay que tener 60 años y 30 de servicios reales, sin cómputos fictos por servicios bonificados, salvo el cómputo ficto por hijo. No hay que demostrar nada sobre el tipo de trabajo realizado. Comprende a quienes están amparados por el BPS, el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas y la Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial; las cajas Bancaria, Notarial y de Profesionales podrán incorporarla.
La jubilación anticipada suma tres partes: lo que paga el BPS, lo que paga la AFAP y el suplemento solidario. La parte del BPS depende de los años aportados y de una tasa que crece con la edad: por cada año computado, quien se retira a los 60 suma 1,20%, contra 1,50% de quien espera a los 65. En el medio, la tasa sube año a año: 1,26% a los 61, 1,31% a los 62, 1,37% a los 63 y 1,43% a los 64. Para los ingresos medios y altos, además, el suplemento solidario se reduce si se adelantan. Según cálculos actuariales del BPS, ese grupo tendría una pérdida neta si opta por retirarse antes.
El proyecto argumenta que el cambio tecnológico, incluida la inteligencia artificial, puede dejar a personas cercanas a los 60 con problemas para conseguir empleo. Y espera un uso acotado: hoy, aun pudiendo jubilarse a los 60, la edad promedio de retiro ronda los 63 años y más de la mitad de quienes generan causal a los 60 deciden postergar el retiro. El costo máximo sería de 0,15% del PIB entre 2040 y 2045, y en el largo plazo el cambio sería neutro.
La iniciativa trae otros tres cambios. Fija una regla automática para actualizar el suplemento solidario: el valor base, hoy de $17.591, se ajustará por el Índice Medio de Salarios, y el tope, de $53.306, por el IPC. Permite que personas en situación de incapacidad total cobren partidas adicionales —20% si tienen hijos a cargo y 25% si están en dependencia severa— aunque tengan otra causal jubilatoria. Y elimina el plazo para reclamar ante el BPS años de trabajo anteriores al 1° de abril de 1996, un plazo que ya debió prorrogarse dos veces.
Oddone: “la edad de retiro son 65 años”
Ante el Secretariado frenteamplista, Oddone insistió en que “el régimen mantiene la edad de retiro a los 65 años” y que “la ley lo que establece es reafirmar que la edad de retiro son 65 años”.
En rueda de prensa, explicó que “el grupo más vulnerable, que son el 30% aproximadamente de las personas que se jubilan por año, ahí las condiciones de jubilación son iguales o mejores que las que regían antes”, cuando se podía retirar a los 60. En cambio, “para el 70% restante, toda la ley lo que intenta es incentivarlos a que se mantengan hasta los 65, que es lo que hoy establece la ley”.
Sobre el trabajo, aclaró que “las personas que alcanzan los 65 años van a poder jubilarse a los 65 años y seguir trabajando, o sea que eso no se cambia en absoluto”. La restricción alcanza solo a quienes se retiren antes. “Entonces, es ahí donde está centrada la discusión”.
Consultado por el riesgo de que crezca el trabajo en negro, dijo que la informalidad entre los mayores de 65 ronda el 40% y admitió que “es un problema que no lo va a resolver, eso está claro”. En ese punto, señaló que “la oposición que nos ha levantado tiene un punto que puede ser considerado”.
El ministro comparó la propuesta con lo que hacen Noruega, Finlandia, Canadá, Estados Unidos, Suiza, países con retiro a los 65 que habilitan anticipos para quienes no pueden seguir trabajando, “ya sea por condiciones físicas o porque no consiguen trabajo”. También planteó que el régimen evita que nuevos sectores reclamen excepciones: “¿Qué nos garantiza a nosotros que en el futuro no haya otros colectivos que logren incorporarse?”. Con un régimen de acceso universal, dijo, “despejamos una incertidumbre para el sistema”.
Sobre el suplemento solidario, explicó que hoy la ley “deja un margen de discreción a que el Poder Ejecutivo interprete vez a vez cuál es el mecanismo de indexación de suplementos solidarios”. Con la nueva regla se quita esa discrecionalidad sobre “el componente que contempla a las personas más vulnerables”.
“Estamos generando esta oportunidad. Por supuesto que toda solución genera desacomodos en algún otro punto”, admitió. Aun así, aseguró que “estamos muy satisfechos con el proyecto” y que “estamos totalmente abiertos a conversar con la oposición sobre estos temas”. En las próximas horas se reunirá con organizaciones sociales, el Comité Fiscal Asesor y el Comité de Expertos de la Regla Fiscal.
Arim: “No promovemos una jubilación a los 60 años”
El director de la OPP, Rodrigo Arim, habló tras la reunión del lunes con la bancada, en la que también participó el ministro de Trabajo, Juan Castillo. Calificó el proyecto como “absolutamente clave” y respondió a la idea de que se trata de un retorno a la jubilación a los 60: “Nosotros no promovemos una jubilación a los 60 años, construimos un instrumento que le brinda a las personas la libertad de poder jubilarse a los 60 años, a los 61, 62 y autofinanciar esa jubilación”.
Sobre el Parlamento, donde el Frente Amplio no tiene mayoría en Diputados, sostuvo que “no hay razón para esperar que no tengan las mayorías adecuadas”.
Ahora el proyecto ingresará por la Cámara de Diputados, donde comenzará su discusión.
Consulta el proyecto de ley aquí: EXPOSICION DE MOTIVOS
