La Asociación de Funcionarios del LATU (AFUL) reclamó la intervención del Ministerio de Industria, Energía y Minería frente a las decisiones del Directorio sobre la organización del organismo. En un comunicado dirigido a la opinión pública, el sindicato cuestionó las sucesivas reestructuras y exigió suspender los cambios que afecten puestos, funciones o condiciones de trabajo hasta que sean negociados con los representantes del personal.
El planteo vincula la situación laboral con las capacidades técnicas de la institución. Para los funcionarios, detrás de los ensayos que respaldan a la industria, de los controles que protegen al consumidor y de los productos que se exportan existe un conocimiento acumulado durante décadas, sostenido principalmente por quienes trabajan en el LATU.
Ese patrimonio, advierte la organización, puede debilitarse cuando se pierden trabajadores experimentados, se limita el desarrollo profesional y se modifican responsabilidades sin una discusión suficiente sobre sus consecuencias.
“¿Quién defiende al LATU de sus propias decisiones?”, pregunta la Asamblea General de AFUL en el encabezado de su declaración. La interrogante resume una preocupación que atraviesa todo el documento: qué problemas resuelve la nueva reestructura y cómo contribuye al fortalecimiento de las funciones técnicas.
Según el sindicato, el organismo atraviesa modificaciones sucesivas en las que se dejan cargos sin reponer, se redistribuyen funciones sin criterios conocidos y se concentran responsabilidades en nuevos niveles gerenciales. La organización sostiene que estas decisiones tienen efectos concretos sobre el trabajo cotidiano y la conservación de la experiencia institucional.
Cuando una persona se retira y su puesto no se cubre, señala AFUL, las tareas recaen sobre quienes permanecen. Al mismo tiempo, se pierde una experiencia que no puede recuperarse mediante un simple cambio de organigrama. “Ese costo no lo paga el Directorio. Lo paga el país”, expresa el comunicado.
La advertencia coloca el debate más allá de la distribución interna de cargos. Desde la perspectiva de los trabajadores, las decisiones sobre personal deben evaluarse también por su impacto en los servicios que la institución presta al sector productivo.
Uno de los principales reclamos refiere al estancamiento de la carrera funcional. AFUL afirma que desde 2020 los trabajadores no tienen posibilidades de progresar mediante ascensos ni reciben reconocimiento por crecer en sus responsabilidades laborales.
A esa situación agrega la falta de actualización de las descripciones de cargos y de la evaluación de desempeño. De acuerdo con el comunicado, ambos instrumentos llevan más de una década sin revisarse, pese a las propuestas presentadas por la organización.
Para el sindicato, la ausencia de mecanismos de desarrollo resulta especialmente preocupante en un laboratorio donde cada función exige años de formación. El cuestionamiento apunta a la relación entre la preparación del personal, el reconocimiento de sus capacidades y la continuidad de los servicios.
“Las reestructuras tienen fechas de aplicación. Los reclamos históricos de los trabajadores siguen esperando fechas de resolución”, señala AFUL. Con esa comparación, contrapone la ejecución de los cambios organizativos con la falta de un calendario para atender los asuntos pendientes.
El comunicado también cuestiona las nuevas bandas salariales presentadas en plena reestructura. Según la organización, estas no traen mejoras para el personal y, en varios casos, sus valores disminuyen. En contraste, sostiene que el techo correspondiente al gerente general aumenta en más de 60.000 pesos mensuales.
El señalamiento refiere al límite superior de esa banda salarial. El documento no precisa si ese cambio se tradujo en un incremento efectivo de la remuneración del cargo. La crítica sindical se concentra en la diferencia entre el tratamiento previsto para la gerencia general y la falta de avances que denuncia para el resto de los trabajadores.
Las prioridades de inversión ocupan otro lugar central. AFUL afirma que, entre 2010 y 2024, el LATU destinó a los edificios del Parque de Innovación casi el triple de los recursos asignados a equipos de laboratorio. También sostiene que lo destinado a capacitación cayó a menos de la tercera parte.
El comunicado no detalla los montos absolutos ni presenta un desglose anual. La comparación es utilizada por el sindicato para cuestionar el peso otorgado a la infraestructura edilicia frente al equipamiento técnico y la formación del personal.
La organización reconoce que el actual Directorio no inició esa orientación, pero considera que tampoco la corrige. En particular, cuestiona que se amplíe la estructura gerencial vinculada a negocios mientras, según denuncia, se eliminan jefaturas técnicas.
La participación en las decisiones constituye otro foco de conflicto. AFUL recuerda que las autoridades anunciaron apertura y participación al asumir, pero entiende que esas definiciones no se han traducido en una negociación sobre las modificaciones concretas.
“Consultar opiniones generales no es negociar cambios concretos”, sostiene. Según su versión, las decisiones llegan primero a las jefaturas, circulan como rumores y son conocidas por el sindicato cuando ya están tomadas. El reclamo exige intervenir antes de la aplicación de medidas que afecten al personal.
En ese marco, AFUL dirigió un pedido al Ministerio de Industria y al sistema político. Recordó que los trabajadores defendieron ante el Parlamento el financiamiento del LATU cuando estuvo amenazado y afirmó que mantendrán esa posición. Sin embargo, advirtió que asegurar los recursos debe acompañarse de un examen sobre su utilización.
Al Directorio le exige responder por escrito los pedidos pendientes y establecer un cronograma para resolver cargos, carrera funcional, evaluación, capacitación y regularización de vínculos laborales. La organización informó que comunicó formalmente un plazo, aunque la declaración no precisa su duración.
El comunicado expresa la posición de la Asamblea General de AFUL y no incorpora una respuesta de las autoridades a los cuestionamientos. Su cierre mantiene abierta la posibilidad de negociación, pero reclama resultados: “Nuestra voluntad de diálogo está probada y sigue en pie. Ahora le corresponde al Directorio responder con hechos”.
