Un tribunal argentino de segunda instancia ratificó a la jueza María Eugenia Capucchetti al frente de la causa que investiga el intento de magnicidio del 1 de septiembre contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, al rechazar el pedido de recusación solicitado por la querella. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional «rechazó la recusación a la jueza Capucchetti», informaron fuentes judiciales a las que accedió Sputnik.
El rechazo a investigar este indicio fue uno de los motivos que alegó Cristina Fernández para pedir el apartamiento de la magistrada, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5 de la capital argentina. Aunque el 24 de noviembre rechazó su recusación y defendió en un informe sus actuaciones, Capucchetti cedió las diligencias del caso al fiscal Rívolo. En la toma de su decisión influyó una audiencia en la que los representantes de la querella insistieron ante la Cámara de Apelaciones que autorizara el apartamiento de la magistrada.
De este modo, Rívolo será el responsable de indagar en las distintas líneas de investigación abiertas en el expediente y de solicitar las medidas de prueba. El representante del Ministerio Público Fiscal también se encargará de la declaración de testigos, de convocar a expertos o solicitar informes a otros organismos y autoridades. La jueza, en tanto, deberá intervenir cuando la fiscalía solicite detenciones, allanamientos, o declaraciones indagatorias.
Cuestionamientos
La querella acusó a Capucchetti de romper la cadena de custodia del teléfono celular del autor material del ataque fallido que tuvo lugar el 1 de septiembre, Fernado Sabag Montiel. También se le recriminó a la magistrada que no investigó con suficiente profundidad a la Policía Federal, que custodiaba la vivienda de Brenda Uliarte, procesada junto a Sabag Montiel por ser coautora del intento de asesinato, cuando la joven logró escapar de su casa, antes de ser detenida. En paralelo, los abogados de la vicepresidenta cuestionaron la tardanza en detener al tercer procesado en la causa, Gabriel Carrizo, considerado el jefe de la banda a la que pertenecían Carrizo y Uliarte.
Para la querella tampoco es admisible que la jueza se rehusara a indagar al diputado opositor Gerardo Milman, que fue viceministro de Seguridad durante el Gobierno del entonces presidente Mauricio Macri (2015-2019), cuando manejó la mesa de inteligencia.
«Cuando la maten, yo voy a estar de camino a la costa», habría dicho Milman dos días antes del atentado en un bar cercano al Congreso, Casablanca, según refirió un testigo ante la justicia. Por medio de sus letrados, la vicepresidenta criticó que no se secuestraran los celulares de dos integrantes del grupo «Nueva Centro Derecha», supuestamente relacionado con la exministra de Seguridad del Gobierno anterior, Patricia Bullrich, y el diputado Javier Milei, que tenían contacto con Sabag Montiel y Uliarte. El atentado contra la vicepresidenta es considerado el hecho de violencia política más grave desde el regreso de la democracia, en 1983.
