El Banco Mundial (BM) estimó para 2022 un crecimiento de 4,8% para la economía uruguaya, basado en la apertura de fronteras al turismo extranjero y un aumento de la producción agrícola. En su último informe, el BM señala que Uruguay se destaca en América Latina «por ser una sociedad igualitaria, por su alto ingreso per cápita y por sus bajos niveles de desigualdad y pobreza. En términos relativos, su clase media es la más grande de América, y representa más del 60% de su población». Recuerda que «la economía de Uruguay creció un 4,4% en 2021, luego de una caída del 6,1% el año anterior debido a la pandemia de COVID-19».
No obstante, para este año, y en contra de las proyecciones oficiales, indica que «se espera que crezca un 4,8% impulsado principalmente por la apertura de fronteras al turismo extranjero del verano pasado y un aumento en producción agrícola». Para el año próximo, «se espera un crecimiento del 2,7%» y explica que «esta desaceleración será impulsada por un menor crecimiento en los principales socios del Mercosur, la ralentización económica mundial, el endurecimiento de la política monetaria y la finalización de inversiones extraordinarias relacionadas con una nueva planta de celulosa por US$3 mil millones, además de obras públicas complementarias».
El organismo bancario de ONU señala también que «los fuertes avances económicos que ha realizado Uruguay, particularmente a partir de la crisis de 2002, sumados al sólido pacto social que lo caracteriza, sustentan el camino hacia la reducción de la pobreza y la promoción de la prosperidad compartida que el país ha transitado». «El país tiene una fuerte vocación en materia de protección social. Históricamente, las políticas sociales inclusivas se han enfocado en ampliar la cobertura de los programas, por ejemplo, alrededor del 90% de la población de más de 65 años está cubierta por el sistema de pensiones: este es uno de los coeficientes más altos en América Latina y el Caribe, junto con Argentina y Brasil», agrega.
No obstante, también señala que «hoy, existe una serie de limitaciones estructurales que pueden obstaculizar el avance hacia objetivos de desarrollo sostenido». «Por un lado, el país está en una fase avanzada de la transición demográfica y está en proceso de reformar su sistema de seguridad social, que en la actualidad genera grandes costos fiscales. Además, Uruguay enfrenta desafíos para mejorar su competitividad y crecimiento de largo plazo. A su vez, Uruguay enfrenta retos para incorporar a las mujeres a la actividad económica y transformar la educación y las instituciones laborales para aprovechar productivamente el cambio tecnológico, además de para impulsar la inversión en infraestructura e integración en cadenas globales de valor. Finalmente, a pesar de que la incidencia de la pobreza en Uruguay se mantiene relativamente baja en la comparación regional, aún persisten importantes disparidades en términos de edad, sexo, región y ascendencia, que podrían haberse profundizado con la pandemia».
Por último, remarca que «el fuerte desempeño institucional en otras áreas, tales como la confianza en el gobierno, la escasa corrupción y un enfoque político basado en consensos, así como un gran compromiso para fortalecer los arreglos institucionales, le da al país una base firme sobre la cual continuar renovando su contrato social y establecer políticas para atacar las limitaciones actuales».
