El exsenador Gustavo Petro ha confirmado que acudirá a las citas concertadas por la Fiscalía y la Procuraduría de Colombia para que dé más información acerca de la supuesta red de explotación sexual de mujeres dentro del Congreso, pero condiciona la entrega de pruebas a cambio de garantizar la seguridad de las víctimas.
«Me quieren entrevistar, por supuesto que acudiré el lunes y martes a las citas con la Fiscalía y Procuraduría de manera virtual por encontrarme fuera del país. Aportaré información que tengo siempre y cuando no se afecte la integridad de las víctimas», ha escrito en su cuenta de Twitter. En esa línea, Bolívar, quien hasta 2022 había militado en el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), ha celebrado «el interés» que su denuncia ha despertado a nivel nacional ya que presiona a los agresores para que se detengan mientas avanzan las investigaciones.
«Las mujeres tienen que vivir en una sociedad donde su dignidad sea respetada, merecen vivir sin miedo y deben ser valoradas por sus capacidades talentos y aptitudes», ha enfatizado Bolívar, quien ha utilizado sus redes sociales para recordar que ha venido denunciado esta situación desde 2018. Sin embargo, ha lamentado que no ha tenido eco hasta ahora, después de que hace unos días denunciara estas supuestas agresiones durante una entrevista para la revista ‘Semana’. En ella, aseguró que mujeres eran contratadas para labores administrativas, pero luego acababan siendo agredidas sexualmente.
Bolívar ha vuelto a insistir en que si no ha acudido a la Fiscalía tras conocer los hechos es porque las propias víctimas le pidieron que no lo hicieran. «No me autorizaron a dar sus nombres. Sin testigos es muy difícil», ha argumentado. «Ellas me pidieron reserva absoluta por la gravedad de los hechos y el riesgo que corren ante sus victimarios que detentan el poder. Ante la imposibilidad de entregar los nombres de las mujeres que vivieron estas violencias, he tenido que aplazar en el tiempo mi deber de llevar este caso ante la justicia», ha explicado. Como consecuencia de estas declaraciones, la comisión de ética del Congreso ha abierto su propia investigación para la que esperan contar no solo la versión de Bolívar, sino también al resto de personas que están involucradas.
