El Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) realizó un conversatorio este jueves, con actores de primer nivel, el estado de las políticas públicas que buscan disminuir la pobreza y aumentar el empleo. De este panel participó el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, quien habló sobre las Asignaciones Familiares.
Desde hace algunos años CED viene analizando a nueva generación de desigualdades socio-urbanas: territorios más fragmentados y violentos a pesar de mejoras monetaria y crecimiento. En esta instancia presentaron la actividad denominada: «Pobreza y empleo: ¿son efectivas nuestras políticas para sacar a la gente de la pobreza?”.
Esta contó con la participaron de Fernando Filgueira, Jefe de Oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Uruguay e Investigador de la Universidad de la República; Verónica Amarante, Profesora titular IECON y ex Directora CEPAL; y Antonio Manzi, Director de Transferencias y Análisis de Datos del MIDES. El cierre contó con las palabras del ministro Martín Lema.
Lema recordó que en enero de 2022 se eliminó el tope de ingresos para mantener Asignaciones Familiares Plan de Equidad (AFAM-PE). Con el fin de «incentivar» el empleo formal y «favorecer» el incremento de recursos en hogares con situación de vulnerabilidad.
Además informó que en junio de este año, 12.326 hogares compuestos por 45.500 personas superaron el umbral de ingresos. A su vez estas mantendrán la prestación hasta revertir su situación de vulnerabilidad.
«Apostamos a las acciones sociales como trampolín y no como ancla», expresó el ministro.
Asignaciones Familiares – Plan de Equidad
Se consolidan como una transferencia monetaria no contributiva dirigida a mujeres embarazadas (prenatal), niños/as y adolescentes menores de 18 años o personas en situación de discapacidad, que integren hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica o estén en atención de tiempo completo en establecimientos del INAU, o en instituciones en convenio con dicho Instituto.
Por otra parte, la transferencia tiene como requisitos la inscripción y concurrencia asidua del beneficiario a institutos de enseñanza autorizados por el órgano competente. Excepto en los casos de beneficiarios discapacitados en que se acredite que aquello no es posible, y la periodicidad de controles de asistencia médica brindada a través del sistema público o privado.
