El Ministerio de Educación y Cultura (MEC), decidió mediante la firma de su jerarca Pablo Da Silveira, la intervención de Villa Española. Al saberse la noticia, varios actores del Frente Amplio, mostraron su malestar, disconformidad y asombro por este hecho.
En algunas oportunidades, se recordó el suceso que tuvo lugar en el Club Progreso, unos días antes del referéndum por la Ley de Urgente Consideración. El jerarca de la cartera, Pablo Da Silveira, se pronunció ante lo acontecido con el club que oficia de local en el Obdulio Varela, y tildó el revuelo como una «opereta».
Por medio de sus redes sociales, expuso los motivos que llevaron a la cartera que dirige a tomar esta decisión, entre ellas, la petición de «socios activos».
«La opereta que algunos están montando es vergonzosa», expresó el ministro. Villa Española, como muchos clubes deportivos, es una asociación civil. El Mec es el encargado de darles personería jurídica.
Las asociaciones deben solicitarla y presentar el estatuto con el que van a funcionar. El Mec lo aprueba y es el encargado de velar por su cumplimiento» comenzó indicando.
Continuó exponiendo que «Cuando algunos miembros de una asociación civil entienden que sus autoridades no están cumpliendo los estatutos aprobados, pueden hacer una denuncia ante el Mec. Entonces el Mec indaga y da oportunidades de defensa. El Mec no actúa si no hay denuncia», manifestó Da Silveira.
«Hace algún tiempo» en Villa Española expresó Da Silveira
«Hace algún tiempo, un grupo de socios de Villa Española presentaron una denuncia. Ante eso, el Mec está obligado a actuar. No se evalúan conflictos internos, ni intenciones, ni orientaciones políticas. Solo se verifica si se está cumpliendo o no el estatuto».
«En el caso de Villa Española se denunciaron numerosos apartamientos. Y el Mec encontró lo que efectivamente parecían irregularidades: elecciones que no se hacían, decisiones de asambleas que no se respetaban, ausencia de una Comisión Fiscal en funciones».
Siguió expresando que «El articulo 5 del estatuto de Villa Española obliga a la institución a mantener una “absoluta prescindencia en materia política o religiosa”. Los denunciantes aportaron evidencia de que esto no se cumplía.
Si ese artículo no estuviera en el estatuto, la discusión no existía».
