Un inusual esquema de seguridad recibió ayer a los manifestantes que pretendieron llegar hasta la céntrica plaza San Martín, en Lima, en cuyos alrededores volvieron a enfrentarse policías y grupos arribados desde todo el país para protestar contra el gobierno de Perú, mientras la Fiscalía abrió una investigación contra el ministro del Interior, Vicente Romero, por el desalojo, el sábado, de una universidad que albergaba a manifestantes.
Mientras tanto, la Fiscalía abrió una investigación contra el ministro del Interior, Vicente Romero, por el desalojo, el sábado, de una universidad que albergaba a manifestantes.
A los sectores llegados sobre todo desde el sur se sumaron este martes organizaciones sociales y universitarias, en la sexta jornada de protesta en la capital peruana, en reclamo de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, elecciones inmediatas y el cierre del Congreso.
Algunos grupos lograron romper el primer cerco policial, pero después fueron dispersados con gases lacrimógenos, en medio de corridas, intercambios de proyectiles y gritos de «asesinos» de parte de los manifestantes.
El diario limeño La República reportó enfrentamientos en al menos seis puntos en el centro de la capital y el cierre de la Estación Central del Metropolitano, un sistema de transporte urbano similar al Metrobús argentino.
De esos choques resultaron varios heridos por perdigones y piedras, entre ellos dos reporteros gráficos de medios extranjeros.
La República reportó también que un joven recibió un perdigón en la cara y que enfermeras que atendían voluntariamente a los heridos denunciaron que una de ellas también fue alcanzada por un perdigón.
La densidad de la protesta -en paralelo a otras en el interior y a cortes de ruta- pareció desconocer el llamado a «una tregua» que hizo este martes por la mañana Boluarte, que propuso un diálogo para resolver las demandas. Los ministerios de Interior y de Defensa emitieron un comunicado conjunto par rechazar los ataques a 13 dependencias policiales y 14 sedes judiciales, muchas de ellas incendiadas, aunque el texto no especifica en qué lapso fueron esos hechos. «Consideramos inaceptable el nivel extremo de violencia ejercido contra las fuerzas del orden», afirma el texto.
En tanto, la Fiscalía inició una investigación preliminar al ministro Romero, como presunto autor del delito de omisión de actos funcionales en agravio del Estado, por el violento desalojo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que hasta el sábado albergó a manifestantes llegados sobre todo desde el sur.
Las movilizaciones, en realidad, tenían como punto de concentración la plaza Dos de Mayo, donde se encuentra la sede de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), una de las organizaciones convocantes.
