El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha hecho un llamamiento a las autoridades de Perú para que convoquen lo antes posible unas elecciones generales y aseguren la gobernabilidad, apelando a la situación actual que enfrenta el país.
Concretamente, la misión permanente de la OEA en Perú ha instado a las instituciones de Perú a que «aseguren la institucionalidad y gobernabilidad democrática mediante la pronta realización de elecciones generales justas, libres y transparentes, con observación electoral internacional», según han expresado en un comunicado firmado por 24 países de la región.
En este sentido, la organización ha subrayado la importancia de llevar a cabo «una respuesta estatal urgente» enmarcada por «los estándares interamericanos de necesidad, legalidad, proporcionalidad, razonabilidad u otros ampliamente aceptados».
Además, ha pedido la adopción de medidas efectivas para la rendición de cuentas sobre todos los actos de violencia y destrucción ocurridos en el país, motivo por el que ha resaltado la decisión del Ejecutivo peruano de ofrecer las facilidades necesarias a la Fiscalía para investigar, procesar y sancionar a los responsables de las violaciones de Derechos Humanos.
En tanto, la países firmantes -entre los que se encuentran, entre otros, Estados Unidos, Chile, México o Colombia- han mostrado su compromiso con la democracia, el Estado de derecho en Perú y en el hemisferio, y su consternación por los hechos de violencia, así como su repulsión por los disturbios que han dejado 58 muertes.
«(La OEA reitera) su llamado a todos los sectores de la sociedad peruana a respetar los derechos de reunión y de protesta, los cuales deben ser ejercidos de manera pacífica; y para que retomen el diálogo y construyan consensos para la superación de la actual coyuntura», se lee en la carta.
Así, la misión permanente del organismo en Perú ha resaltado su preocupación tanto por las denuncias sobre uso excesivo de la fuerza como por las violaciones de los espacios académicos.
Perú se encuentra sumido en una profunda crisis política nacida tras la destitución por parte del Congreso del expresidente Pedro Castillo, quien anunció el pasado 7 de diciembre la disolución del Parlamento andino y la instauración de un Gobierno de excepción.
Tras la detención del exmandatario, decenas de miles de personas han salido a protestar en diversos puntos del país para pedir la dimisión de la presidenta Dina Boluarte, la disolución del Congreso y la convocatoria urgente de elecciones presidenciales. Desde entonces, más de 60 personas han perdido la vida en los disturbios entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
