Dando cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado uruguayo admitió, en acto público, su responsabilidad en los asesinatos de Silvia Reyes, Diana Maidanik y Laura Raggio en 1974, conocidas como “Las muchachas de abril” y en las desapariciones de los militantes Óscar Tassino y Luis Eduardo González.
En una ceremonia abierta realizada en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, la vicepresidenta Beatriz Argimón realizó un discurso en donde se reconoció que “el Estado es responsable” en estos crímenes.
“La propia sentencia establece las reparaciones que el Estado debe llevar adelante” afirmó Argimón y agregó que “en ese sentido cancillería llevó adelante reuniones con representantes de las familias a efectos de cumplir con las mencionadas reparaciones”.
Según Argimón el Estado informó al organismo internacional sobre “la continuidad de la investigación de las distintas causas que motivaron esta sentencia y las acciones llevadas adelante a efectos de la localización inmediata de Luis Eduardo González y de Oscar Tassino o de sus restos”.
Como mandata la sentencia la vicepresidenta informó que también se comunicaron a la Corte “las acciones tendientes a fortalecer la capacidad de actuación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, así como la adopción de programas de formación, capacitación y sensibilización a integrantes de las Fuerzas Armadas en relación con Derechos Humanos”. Lo mandatado exige que las autoridades reconozcan publicamente su responsabilidad en los hechos: “Reconocemos que el Estado es responsable por la violación de los derechos al reconocimiento a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal previstos en los artículos 3, 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de la Convenición Americana de Ddhh”, dijo Argimón y agregó los artículos de la refereida Convención contra la desaparición forzada de personas.
En el acto la vicepresidenta reconoció también que el Estado “es responsable por la violación de las garantías judiciales y a la protección judicial”.
Argimón dijo a su vez que en referencia a estos crímenes “el Estado violó el derecho a reconocer la verdad”. Por último la vicepresidenta manifestó “el compromiso del Estado de cumplir con la sentencia y dar con el paradero de las víctimas desaparecidas así como investigar, sancionar y reparar adecuadamente las violaciones de los Ddhh cometidas en este caso”, cerrando un discurso que fue aplaudido ampliamente por los presentes. La sentencia determina que además de realizarse el acto público con “altas autoridades” del Poder Ejecutivo y el Ejército, en la ceremonia debían encontrarse también presentes familiares de las víctimas.
Ausencia de Lacalle Pou
En un salón colmado de público, autoridades nacionales y Familiares de las víctimas, se destacó la ausencia del presidente de la República Luis Lacalle Pou. En un principio había circulado que estaba imposibilitado de asistir a raíz del viaje oficial que realizara el mandatario esta semana a EEUU. Sin embargo pero se supo que al momento de la ceremonia el Lacalle ya se encontraba en el país. “Hace un mes el sr. presidente de la República me transmitió su voluntad de que fuera yo en mi calidad de vicepresidenta de la República que asumiera la responsabilidad del Estado en un acto público”, explicó Argimón.
Sin embargo la hija de Oscar Tassino, Karina Tassino, oradora en el acto en representación de las víctimas puntualizó agradeció la presencia de la vicepresidenta pero lamentó la ausencia del primer mandatario: “Lamentamos la ausencia del sr. presidente de La República Luis Lacalle Pou” afirmó ante los aplausos de los presentes en el Palacio Legislativo. Tassino argumentó que los familiares “siempre propusimos definir la fecha del acto en función de su agenda porque entendimos que su presencia era fundamental en mérito a su carácter de supremo comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas”. Tassino agradeció en su testimonio la “perseverancia” y “muy especialmente a aquellos familiares que no pudieron ver esta sentencia y fueron un pilar fundamental para hoy lograrla”.
La militante recordó lo ocurrido en “estos 50 años” y cuánto han denunciado “para que hoy tengamos esta sentencia que nos dice que teníamos razón, que el Estado uruguayo violó todos nuestros derechos”. El Colectivo Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos convocó a la ciudadanía a reunirse en la Plaza Primero de Mayo, ubicada frente al Palacio Legislativo durante la ceremonia. Debido a las limitaciones de capacidad dentro del edificio, donde solo pueden ingresar 500 personas, y realizaron una transmisión del acto en una pantalla instalada en la plaza.
