Como informamos días atrás, los abogados de los represores procesados por crímenes de lesa humanidad interpusieron un recurso ante la justicia basado en el artículo 329 de la Constitución Nacional, que puede llegar a determinar que se declaren nulas las condenas por los crímenes de la dictadura. El texto fue firmado por los abogados Graciela Figueredo, Pascual Quagliata, Emilio Mikolic, Santiago López y Estela Arab, que defienden a los exmilitares José Arab, Jorge Pajarito Silveira y el expolicía Ricardo Medina.
Fue precisamente Mikolic quien entrevistado en un programa radial emitido por youtube afirmó el pasado viernes que “Sin lugar a dudas, en la medida en que no hay un cuerpo de una persona que indique que falleció, y en la medida en que no hay otro elemento probatorio que lo indique, no podemos decir que falleció”, dijo el abogado y agregó: “al menos teóricamente, puede pasar que alguna de las personas desaparecidas haya logrado escapar y esté en una isla esperando”.
Luego de estas afirmaciones el abogado buscó matizarlas diciendo que no quiere “faltarle el respeto” a los familiares de las personas “que puedan haber desaparecido”. Y aseguró querer “ser empático en eso” y dijo que “De ningún modo se malinterprete» y «simplemente» querer que «se tomen en cuenta esos elementos”. Según señalaron abogados vinculados a estas causas, si la SCJ falla a favor de la defensa, todas las actuaciones anteriores serían nulas.
El artículo 329 de la Constitución Nacional establece que le corresponde a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) “Juzgar a todos los infractores de la Constitución, sin excepción alguna; sobre delitos contra Derecho de Gentes y causas de Almirantazgo (delitos marítimos); en las cuestiones relativas a tratados, pactos y convenciones con otros Estados; conocer en las causas de los diplomáticos acreditados en la República, en los casos previstos por el Derecho Internacional”. Para el abogado del Observatorio Luz Ibarburu, Pablo Chargoña la SCJ tiene argumentos para rechazar lo que denomina como una “estratagema dilatoria de Arab, Silveira y Medina”. Chargoña dijo a Diario La R que la SCJ “puede acudir a su propia jurisprudencia”.
En efecto, en el año 2003 la SCJ rechazó actuar como juez penal en la denuncia contra el dictador Juan María Bordaberry. Una de las consideraciones esgrimidas entonces, se basaba en el desconocimiento al derecho humano a la doble instancia que todo acusado tiene y que consagra el derecho de recurrir a una instancia superior cosa que sí interviene directamente la SCJ no existiría. Concretamente en aquella sentencia del 15 de agosto de 2003, dijo la Corte que, de intervenir ella, «…se estaría vulnerando el derecho del denunciado a »recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior».
Ejército pagó a abogado Mikolic
Esto fue para que llevara adelante la defensa de coronel acusado de acoso sexual. Fue denunciado en el mes de abril por parte del periodista Leonardo Haberkorn en el diario el Observador y se trata del mismo profesional que hoy cuestiona el destino de los desaparecidos. El Ejército, a través de Cantinas Militares, contrató en 2018 al Dr. Mikolic para defender a un alto oficial acusado de acoso laboral y sexual por una subalterna. Este oficial era el coronel Arturo Astudillo, quien en ese momento ocupaba el cargo de jefe de Cantinas Militares. Uno de los documentos probatorios es una boleta del abogado Emilio Mikolic, fechada el 30 de octubre de 2018. La factura, dirigida a Cantinas Militares, detalla: “Expediente juzgado violencia familiar especializada de 7mo turno, ficha 538-712/2018. Honorarios representación proceso y apelación”. La factura emitida por Mikolic a Cantinas Militares asciende a $20 mil más IVA. El abogado confirmó la autenticidad del documento y reconoció su letra.
En cualquier serio del mundo esto sería asociación para delinquir y creo que algún delito más? Pregunto porque no se mucho de leyes.
TODOS IGUALES, Y TOMANDO EL PELO, FALTANDO EL RESPETO A FAMILIARES Y LOS CIENTOS DE DESAPARECIDOS ,TORTURADOS EN QUE PAIS VIVIMOS SIEMPRE QUERIENDO ZAFAR DE LA JUSTICIA O PASAR SOBRE ELLA. Q RESPETO SENTIMOS X NUESTRA CONSTITUCION, LAS LEYES TODO SE INTERPRETA SEGUN EL LADO Q NOS CONVIENE!!!! CADA DIA PEOR!!! EN UNA ISLA DEBERIAN ESTAR TODOS ESTOS INDIVIDUOS CORRUPTOS, Q NO RESPETAN NADA. PERO ESO SI HAY Q ASEGURARSE Q VAYAN Y NO VULVAN MAS!!!
Hay que ser careta y malintencionado para hablar como este señor lo hace
La desaparición es un crimen de lesa humanidad, algo contra lo que estado uruguayo se ha manifestado claramente en contra en los convenios internacionales. Y si el cuerpo no aparece es un delito continuado. Esbozar que los desaparecidso pueden estar en un isla esperando, muestra un altísimo grado de cinismo, sino también es una ofensa ala inteligencia de las personas. Que un desaprecido desde 1973 hasta ahora esté 51 años en un isla? O como dicen los fachos, los torturados se hicieron apresar para recibir martirios y reclamar plata 5 año después? Carece de todas seriedad el argumento.