En relación con el 14 de abril, si hacemos memoria, la fecha fue institucionalizada por el dictador Bordaberry el 5 de agosto de 1975, cuando decretó el “Día de los caídos en lucha contra la sedición”.
Luego,ya en democracia, el presidente Sanguinetti, por Decreto 127/85, determinó el “Día de los caídos en la lucha por la defensa de las instituciones democráticas”.
Pero en marzo del 2006, el presidente Dr. Tabaré Vázquez, por Decreto 87/006, resolvió: “Promover, mantener y garantizar la convivencia, el acercamiento y el entendimiento entre los habitantes de la República”. Esa dirección, en la que coinciden el ánimo y la voluntad abrumadoramente mayoritarias, puede verse erosionada por actos oficiales como la norma citada.
El del 14 de abril del 2022 fue un acto de beligerancia y no de convivencia entre los orientales. No convocó a demasiado público, ni tampoco participaron representantes emblemáticos del espectro político, salvo el ex presidente Julio María Sanguinetti, por obvias razones, uno de los tenaces difusores de la teoría de los dos demonios, que tan útil le ha sido a los agoreros de la guerra interna y al combate del enemigo intramuros (si nos guiamos por cuándo se “venció” al enemigo, 1972, la teoría de los dos demonios se hace añicos y surge otra realidad que a nadie le interesa asumir).
En relación con el otro acto fallido, el de la Cárcel del Pueblo, llama la atención y resulta GRAVE que dicha“cárcel” no haya sido cerrada luego de su captura, el 27 de mayo de 1972. Pasó a manos del Ejército nacional; fue dirigida, durante la dictadura, por la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) y usada como centro clandestino de detención y tortura, por la que pasaron cientos de personas detenidas, sobre todo relacionadas con la Operación Morgan, específicamente entre 1975 y 1976, particularmente ensañada contra el Partido Comunista y sus aparatos.
La amnesia del Ministrode Defensa y el ocultamiento a la sociedad civil de lo sucedido durante la dictadura es GRAVE. No solo por el hecho en sí, de equiparar “violaciones de derechos humanos de un lado y del otro”, sino por la flagrante omisión de otro conjunto de centros de reclusión, tortura y desaparición de las Fuerzas Armadas, que también forman parte de esa “memoria de la historia reciente” que el Ministro se enorgullece de comandar. Si vamos a hablar de centros de reclusión, entonces, que el Ministro inaugure todos; que la sociedad civil pueda visitarlos todos, y no solo los que el Ministro designe. No alcanza con las visitas guiadas al 300 Carlos. La lista que recoge la exhaustiva publicación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos da información precisa acerca de esos lugares. Si el Ministro se propone democráticamente que la sociedad en su conjunto “conozca” la “historia reciente”, entonces es de orden que abra todos esos lugares.
Esa falsa “democratización” de la información y la posibilidad de visitar la Cárcel del Pueblo, como símbolo de lo que desencadenó una supuesta guerra interna y la teoría de los dos demonios, no enaltece al Ministro ni al gobierno. Es otro manto más de verdades a medias, falsas verdades, velos que ocultan a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, durante 12 años. La decisión del Ministro generó preocupación eindignación en académicos y en organismos defensores de DDHH, en los sobrevivientes a los brutales martirios y en los familiares de los presos fallecidos o desaparecidos.
No caben dudas en cuanto a censurar y condenar a la Cárcel del Pueblo por lo allí acontecido, pero eso no legitima a ocultar a la sociedad y a las nuevas generaciones toda la verdad en relación con ese establecimiento. Es importante recordar que ya 10 años antes, el entonces Ministro de Defensa Fernández Huidobro afirmó que esa casa, en la que había funcionado la Cárcel del Pueblo, no debía pertenecer al Ministerio de Defensa y la ofreció a la sociedad civil para escuchar alternativas. El proyecto no prosperó.
El historiador Carlos Demasi, ante la iniciativa del Ministro, dijo que le llamó la atención “no porque se abra, sino porque no se plantee un debate social previo, sin predeterminar los alcances”. “No son temas que los Presidentes puedan decidir y más aun los Ministros, ya que si los presidentes duran cinco años, nunca se sabe lo que durará un Ministro”. También destacó negativamente la equiparación que hizo el Ministro García de los delitos cometidos por MILITARES Y POR TUPAMAROS:
el Estado está para defender los derechos de los ciudadanos y para proteger a aquellos cuyos derechos han sido lastimados.
En 2016, durante una vista al sitio, el historiador Aldo Marchesi propuso hacer un complejo museístico para mostrar no solo la cárcel en sí, sino cómo vivía la clase media alta de los años 50.
Resulta particularmente alarmante la aclaración del Ministro de que no habrá folletos ni guías. Las conclusiones, agregó, las deben sacar los visitantes. Será entonces otra originalidad de este país: un lugar semejante sin información de ningún tipo, o, en todo caso, con información parcial. En ese sentido, Demasi fue muy claro cuando destacó la diferencia que hay entre delitos comunes y terrorismo de Estado. Lo que omite el Ministro, con apoyo del Presidente, es el terrorismo de Estado, y realza los delitos comunes, a los que tilda de violación a los DDHH.
Dada la situación, es desde todo punto de vista imprescindible, con un enfoque histórico, sumar los testimonios de quienes estuvieron detenidos allí durante la dictadura. Y tal como se señaló antes, es un imperativo histórico y ético el armar el panorama, la cartografía de la tragedia de la historia reciente a partir de su localización.
Quien viola los DDHH es quien tiene la obligación de respetarlos: si uno o varios particulares violan un derecho, se lo tipifica como delito; cuando la violación la comete el Estado, la gravedad es otra, y se define como terrorismo de Estado.
La inauguración que hizo el MDN NO DEJA NINGUNA EVIDENCIA de esa grave violación de los DDHH.
El Ministro parece desconocer las causas judiciales que denuncia a ese sitio. Su decisión, que parece un mero acto administrativo más, revestido con un manto de “justicia con la historia reciente”, solo da cuenta de la mitad de la verdad. Y ese terrorismo de Estado, del que no se hace mención, no solo se centró en los detenidos y sus familias, sino que actuó contra la sociedad uruguaya toda.
Esta resolución del Poder Ejecutivo es un acto fallido que no contempla al conjunto de la sociedad; que no tuvo debate previo, ni siquiera parlamentario.
Así no se construye launión de los orientales ni se educa imparcialmente a las nuevas generaciones.
